LA DESTITUCIÓN DE PETRO
Al alcalde no lo sancionaron por ser de izquierda, lo destituyeron por pésimo gerente. La Bogotá humana fue la Bogotá insegura, caótica, insoportable en materia de movilidad, retrasada en infraestructura, sin un solo jardín infantil de los 1000 prometidos en campaña
La destitución de Petro
Un fallo en derecho convertido en acto de persecución política
Diciembre 15 de 2013
Como en tiempos del bogotazo, luego de producirse el fallo de la Procuraduría General de la Nación que destituyó e inhabilitó por 15 años al Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Francisco Petro Urrego, una turba enardecida salió de inmediato a acorralar el Palacio Liévano para respaldar al mandatario local, con la diferencia que no se mató a nadie, sencillamente se produjo una decisión en derecho. La reacción de Petro lo descalificó por completo ante la opinión pública, toda vez que en vez de tener una actitud reflexiva y mesurada como anunció minutos después de conocer el fallo del ministerio público, improvisó un atril en uno de los balcones de la sede de la alcaldía e incitó a sus miles de seguidores prácticamente a la desobediencia civil desafiando el ordenamiento legal y constitucional colombiano. La primera circunstancia que llama profundamente la atención es que Petro jamás se refirió al fallo que lo destituyó, ni controvirtió jurídicamente su contenido. Haciendo honor al déspota que lleva en sus entrañas, no vaciló en descalificar e invitar colectivamente al agravio y al improperio contra sus presuntos detractores.
Durante un discurso extenso, lleno de bajezas, imprecisiones e insultos a sus legítimos contradictores, el burgomaestre lideró un acto deliberado en el que intervino abiertamente en política sin tener recato de su investidura. Tal era la rabia, el desespero y la falta de argumentos razonables, que como si se tratase de una gesta electoral para conquistar feudos y corazones sumidos en el más terrible desasosiego, se le vio acompañado de la comunista Aida Abella, candidata presidencial de la Unión Patriótica y de su escudero de mil batallas en contra del Estado, Antonio Navarro Wolf, posible cabeza de lista al senado por la Alianza Verde. El contenido abyecto de la alocución sectaria de Petro lo llevó a llamar asesino al Procurador Alejandro Ordoñez. Se recordará un aparte de su infortunada intervención en la que dirigiéndose a Aida Abella le preguntó: ¿qué diferencia existe entre quienes exterminaron a los miembros de su partido y quienes hoy han proferido esta decisión en mi contra? Grave señalamiento.
Pero esto es apenas el inicio de la sarta de odio del señor Petro. También culpó al ex presidente Uribe de su destino y en otro señalamiento que falta a la verdad, precisó que el procurador, a través del fallo, se prestó para “subrayar” la amistad de Francisco Santos y Álvaro Uribe, sacándolo a él del camino para que el ex precandidato presidencial por el URIBE CENTRO DEMOCRÁTICO tuviese el camino libre para ser alcalde de Bogotá. Nada más patético e ignominioso. Esta es una clara señal de debilidad e insensatez. Ahora resulta que sus faltas gravísimas no obedecen a su incapacidad administrativa sino a la injerencia del Uribismo en las decisiones disciplinarias. Ese es el proceder del comunismo, quienes históricamente se distinguieron por el mensaje cifrado y la semántica invertida. Juzguen ustedes a qué se refiere el alcalde cuando promueve comités de defensa de la “Bogotá Humana” por todo el país, cuando incita a una gran movilización popular y cuando desafía al propio Presidente de la República a decidir si está con la “paz y la democracia” o está comprometido únicamente con su reelección. En otras palabras le insinúa si está con el procurador o está con él. A esto se suma, con un desconocimiento colosal de la Constitución y la ley, el pedido que le hace a Santos para que se pronuncie en favor del desacato del fallo y lo condiciona públicamente a ello. El presidente no tiene tales facultades.
Para las FARC, pares ideológicos, políticos y criminales del señor alcalde mayor de la ciudad, la decisión del procurador atenta contra el proceso de paz. Si los fallos son en contra de ellos provienen de lo que los comunistas denominan poder mafioso, mano negra, extrema derecha o enemigos de la paz. Si el fallo afecta a sus contradictores es el resultado de la probidad jurídica, la justicia y el derecho. Así se reduce su pobreza intelectual y filosófica. Adicionalmente, han tenido el descaro de autocalificarse como la generación de la paz. ¿Para erigirse como abanderado de la paz se tiene que haber asesinado la democracia como ocurrió con el Palacio de Justicia? ¿Se requiere además una demostración implacable de voluntad pacífica como lo acontecido recientemente en el Cauca?
Es importante recordarle a Gustavo Petro que las funciones inherentes al Procurador General de la Nación que hoy tanto aborrecen, están consagradas en la Constitución Política de 1991, de la que el M-19 hizo parte activa y la proclamó como un acto de renovación patriótica e incluyente. También es importante recordarle que cuando fue parlamentario no sólo voto por Alejandro Ordoñez, sino que además lo elogió de manera providencial. En 1992 el indignado alcalde promovió la revocatoria de Jaime Castro e intentó todos y cada uno de los recursos posibles para separarlo del cargo y sin embargo, nadie se rasgó las vestiduras argumentando que se trataba de un acto espurio de persecución política.
Finalmente, el Ministro de Justicia no es quien para convertirse en defensor de oficio de Petro. Si considera que el Procurador General tiene poderes “absolutos” que presenten una Reforma Constitucional, de lo contrario, no hay nada que revisar porque la Constitución es clara en las funciones que le confiere al jefe del ministerio público. Que no hagan el ridículo a punta de leguleyadas. Y este es el precedente que el país necesita para decirles a los turistas de La Habana que la ley es para acatarla sin claudicación alguna.
Al alcalde no lo sancionaron por ser de izquierda, lo destituyeron por pésimo gerente. La Bogotá humana fue la Bogotá insegura, caótica, insoportable en materia de movilidad, retrasada en infraestructura, sin un solo jardín infantil de los 1000 prometidos en campaña. La Bogotá Humana se imponía en el Concejo por encima de las normas y adoptaba Planes de Ordenamiento Territorial por decreto, pese a que la corporación negase su aprobación.
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