EL ATILA DE LOS JUECES HONESTOS

El Atila de los jueces honestos

La juez Teresita Barrera hizo estudios de derecho y de filosofía y no se deja impresionar por las gesticulaciones de nadie. Ya en una ocasión sufrió un atentado en Antioquia

Por Eduardo Mackenzie

11 de junio de 2014

Colombia vive en estos momentos nuevos episodios de justicia política dignos del peor folklor chavista.

Una juez de garantías, Teresita Barrera Madero, dejó en libertad al especialista en marketing electoral Andrés Sepúlveda Ardila, quien  trabajaba para la campaña del candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y se encontraba detenido e incomunicado desde el 5 de mayo pasado, por acusaciones de la Fiscalía.

El Fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett,  afirma que Sepúlveda es un “hacker” que  ha “interceptado correos electrónicos” de varios jefes de las Farc en Cuba. Montealegre estima que Sepúlveda  es  un “espía”  y un “neofascista” que obtuvo indebidamente  esos “secretos de Estado”, los mensajes de las Farc (¡), para “sabotear el proceso de paz”.

Esa truculenta historia del Fiscal se vino abajo cuando la juez Barrera Madero constató que el expediente de Sepúlveda que ella había recibido estaba casi vacío y que las imputaciones  contra él eran “gaseosas y sin mucho fundamento” para continuar esa detención.

El mismo día, fracasó otra operación represiva de Montealegre, que muestra el respeto relativo de éste por los derechos humanos.

El Fiscal se empeña en perseguir a María del Pilar Hurtado, una ex funcionaria que tuvo que asilarse en un país extranjero ante un juicio sin garantías que sus enemigos le habían montado. Fracasó pues el magistrado Javier Armando Fletcher, del Tribunal Superior de Bogotá, rechazó lo que le pedía el Fiscal: la no renovación del pasaporte de la ex directora del Das, refugiada desde 2010 en Panamá. El magistrado Fletcher consideró que tal acto “violaría un derecho fundamental como es la personalidad jurídica, pues el pasaporte en otro país hace el lugar de la cédula”.  Otra mala noticia para Montealegre llegó ese día: la prensa informó que la Corte Suprema de Panamá no había “declarado inconstitucional” el asilo de  María del Pilar Hurtado, como creía el jefe de la Fiscalía colombiana.

Furioso con esas decisiones adversas a él, pero rutinarias en un Estado de derecho, Montealegre optó por utilizar la intimidación. En lugar de interponer un recurso contra la decisión que favorecía a Sepúlveda, rechazó el fallo y buscó un juez más complaciente que ordenara, sin chistar, la nueva detención de éste. En cuanto a la juez Barrera, Montealegre  anunció la apertura de una investigación penal contra ella “por prevaricato”. Argumentó que las pruebas contra Sepúlveda, quien niega haber cometido actividades ilícitas, eran contundentes y que dejarlo en libertad ponía en “en peligro la seguridad nacional”.

“Tengo mi conciencia tranquila”, repuso la juez, antes de explicar que el Fiscal General estaba “desorientado” sobre ese caso pues él no había asistido a la audiencia preliminar de Sepúlveda ni a la audiencia del 9 de junio. Señaló que el ente acusador no había comprobado la relación del detenido con las supuestas “actividades de espionaje” y que las llamadas “confesiones” de Sepúlveda no habían sido verificadas. Subrayó que, por el contrario, la imputación hecha por la Fiscalía se basaba únicamente en lo dicho por él, “sin haber establecido la verdad de lo confesado”. La magistrada le recordó al Fiscal que, en el sistema acusatorio, una confesión es una prueba insuficiente pues el juez está en la obligación de verificar y establecer si la confesión es cierta o no, pues “muchas veces las confesiones no tienen intenciones judiciales”. Concluyó que “para hacer una inferencia razonable de participación, se necesita obligatoriamente vincular unos hechos específicos a unos delitos penales”.

Todo eso fue declarado por la juez Barrera a periodistas de una radio bogotana. Empero, una hora después de poner esa entrevista en su página web, la misma radio eliminó el 90% de la excelente cátedra de derecho dada por la juez Teresita Barrera. ¿Quién presionó a la radio para que  censurara esa valiosa entrevista? ¿La propia Fiscalía?

Mientras eso ocurría,  y antes de que Sepúlveda pudiera hablar con la prensa, agentes de la Fiscalía lo capturaron de nuevo en su domicilio, mientras desayunaba con su esposa y sus hijos. El vice fiscal Jorge Perdomo trató de justificar el gesto de Montealegre. Dijo que su despacho tiene “videos que revelan la compra y venta de información e inteligencia a miembros de las Fuerzas Armadas”, y que “el proceso [de Sepúlveda] está más vivo, aunque se desconozcan las pruebas”.

Muchos observadores quedaron perplejos. ¿Si esas pruebas concluyentes existen, por qué la Fiscalía fue incapaz de presentarlas a la juez de garantías? ¿Por qué la Fiscalía desconoció la decisión de la juez de garantías? ¿Va Colombia hacia un sistema penal bárbaro sin garantías judiciales?

Horas antes de que Sepúlveda quedara en libertad, la prensa había logrado establecer,  durante una entrevista con un “testigo protegido” de la Fiscalía, Rafael Revert, un ex empleado de Sepúlveda, que  cuando Revert filmó abusivamente una conversación del candidato Oscar Iván Zuluaga en la oficina de Sepúlveda, Revert ya estaba cumpliendo labores de espionaje en la oficina de Sepúlveda pues  había aceptado ser un informante de la Fiscalía. Y que el video adulterado con el que la revista santista Semana  intentó colapsar la campaña del candidato presidencial del uribismo era obra del mercenario Revert.

Cuando Sepúlveda fue liberado por la juez de garantías, todo el mundo pensó que por fin se conocería el punto de vista de éste, y que, sobre todo, la opinión podría tener una idea más acabada de la operación que dirigía la Fiscalía, a pocos días de la segunda vuelta de la elección presidencial, para proteger las llamadas negociaciones de La Habana. Pues hasta ese momento lo que había era una campaña infame de linchamiento moral contra el candidato Zuluaga (que no les dio resultado), mediante la creación del caso Sepúlveda, detenido e impedido de hablar.  La segunda detención del supuesto “hacker” congeló toda clarificación. Y Montealegre sigue sin explicar por qué considera que los mensajes de los jefes de las Farc son “secretos de Estado”.

Lo importante es que ese episodio mostró que la justicia en Colombia no ha caído del todo en manos del castro-chavismo. Pues hay jueces, como Teresita Barrera Madero y Javier Armando Fletcher, que  se atreven a tomar decisiones en derecho, gústele o no al polo politiquero que trata de prostituir y devorar todo el aparato de justicia colombiano. Ellos representan el honor y la probidad de su profesión.

La juez Teresita Barrera hizo estudios de derecho y de filosofía y no se deja impresionar por las gesticulaciones de nadie. Ya en una ocasión sufrió un atentado en Antioquia. Eso reforzó  su convicción sobre  la importancia de fallar en derecho. Por no querer “voltear un proceso” los corruptos lograron que fuera despedida de la Fiscalía. La acusación del Fiscal Montealegre la molesta mucho pero está segura de que saldrá victoriosa de esa nueva arbitrariedad. El país debería expresar su respaldo a funcionarios tan valiosos.