ENTREVISTA AL GENERAL ARIAS CABRALES

ENTREVISTA AL GENERAL ARMANDO ARIAS CABRALES

Por Ricardo Angoso

Enero de 2012

Arrestado, procesado y condenado por los acontecimientos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, el general Armando Arias Cabrales fue el militar que dirigió y coordinó tal operación siguiendo las órdenes dadas por la institucionalidad política colombiana y liberando a casi tres centenares de rehenes. Nadie fue juzgado por esos hechos, pero, sin embargo, pese a ser la última cadena de mando se le adjudican varias supuestas desapariciones, que él niega con convicción y que le han llevado a ser un reo de la justicia de su país, pese a que los terroristas que “diseñaron” el Holocausto del Palacio Justicia están en la calle y gozan de todos los privilegios, como ocupar importantes cargos políticos.

Ricardo Angoso: ¿En qué contexto se produce la toma del Palacio de Justicia, es cierto que el Presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, estaba “secuestrado” por el ejército?

Arias Cabrales: Se ha querido especular alrededor de ese asunto, de que había un golpe de Estado, pero realmente, siguiendo la tradición del ejército colombiano a lo largo de su historia, las Fuerzas Armadas siempre han acatado el orden constitucional y legal establecido en Colombia. En ese momento, sin embargo, se presentaban situaciones difíciles que atañían al orden público porque había organizaciones terroristas y guerrilleras que amenazan el sistema democrático, entre ellas el M 19, que estaba negociando con el ejecutivo en un proceso de paz su reinserción en la vida política colombiana.

Y hubo una gran generosidad por las instituciones, y más concretamente por parte del presidente de la República, ya que excarceló a la mayor parte de sus dirigentes y que no fue respondido por los terroristas, que siguieron con su estrategia delictiva de ataques terroristas indiscriminados, entre los que destacaban los asesinatos, los secuestros, las extorsiones…Atacaban tanto a las Fuerzas Armadas como a todos los sectores de la sociedad civil, desde las empresas hasta ciudadanos indefensos. El M 19 optó por la violencia, mientras que el ejecutivo le ofrecía la mano tendida para buscar la paz.

Sobre esas jornadas dramáticas del Palacio de Justicia, y al respecto, existen documentos oficiales del gobierno y de la presidencia que muestran la notable actividad de las instituciones para poner fin a la afrenta que significaba la toma del máximo centro judicial por los terroristas. Luego, más tarde, el presidente de la República asumió toda la responsabilidad, “para bien o para mal”, de la toma del Palacio de Justicia y de las acciones que se tomaron a tal fin. Yo creo que la guerrilla defraudó las expectativas que tenía la sociedad colombiana y más concretamente las más altas instituciones que confiaban en llevar a buen puerto el proceso de paz puesto en marcha tras la amnistía decretada por Betancur.

R.A.:¿Es cierto, tal como dicen algunos, que se esperaba ese asalto al Palacio de Justicia?

A.C.:Hubo algunas informaciones sobre que había planes de que coincidiendo con la vista del presidente de la república francesa, ,en octubre de 1985, el M 19 tramaba tomar el Palacio de Justicia; así fue posible que se extremaron las precauciones y se enviaran más policías al edificio. Pero, a principios de noviembre, se retiraron los efectivos y se retomó la normalidad. Pero el clima era de suma tensión, pues muchos magistrados estaban amenazados por los narcotraficantes, los llamados extraditables, porque no querían que fueran enviados a los Estados Unidos para ser juzgados. Lo que trataban de evitar es ser extraditados y juzgados, para seguir gozando de la impunidad, y esgrimían entonces que “más valía una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

Pero un argumento que deslegitima totalmente la tesis de que el ejército propició el asalto y la toma del Palacio de Justicia por los terroristas del M 19, es el hecho de que el día de este acontecimiento el comandante del ejército, el general Samudio Molina, al que el M 19 ya había intentado matar, se encontraba dentro de las instalaciones, precisamente a las diez de la mañana. Y a esa hora ya había dentro del Palacio de Justicia miembros del M 19, dándose la casualidad de que saliera del edificio apenas media hora antes de que comenzara la toma violenta de las instalaciones judiciales. No tuvo percances, pero tampoco tenía protección especial. ¿Cómo podía haber esa disposición al asalto y crear esa supuesta ratonera si dentro estaba el mismísimo jefe del ejército? Esa teoría es totalmente ilógica y lo deslegitima esta presencia a la que me acabo de referir.

R.A.:¿Estaba realmente el narcotráfico, más concretamente Pablo Escobar, detrás de esta trama en la que participaban los terroristas?

A.C.: Desde cuando comenzó la investigación sobre estos hechos se apuntó a esa tesis. Incluso la presentadora de

televisión y periodista Virginia Vallejo, bien conocida en Colombia por todos, que fue amante y amiga de Pablo Escobar, ya acusó al narcotraficante y a los líderes del M 19 de haberse reunido para preparar la trama que llevó a la toma del Palacio de Justicia. También ha habido acusaciones por parte de otros sectores del hampa, como el conocido jefe del narcotráfico alias Popeye, quien asegura que sí existió esa reunión entre el M 19 y Pablo Escobar para preparar y financiar la operación terrorista que debía llevar a la destrucción de la documentación que se preparaba para extraditar a los narcotraficantes. Se trataba de paralizar la acción de la justicia y de ganar tiempo para que no se aprobara el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Colombia. El Cartel de Medellín, del que formaba parte Pablo Escobar, parece ser el autor intelectual de esa toma del Palacio de Justicia, según todas las evidencias. Como también hay pruebas de que la guerrilla recibió armas de los sandinistas e incluso había un miembro de esa fuerza nicaragüense entre los integrantes del grupo de asalto; las armas, muchas de ellas, también procedían de Nicaragua, bien de la antigua guardia somocista o compradas directamente por el ejecutivo de Managua.

R.A.:¿Puede contarme cómo transcurrió ese fatídico día del 6 de noviembre para usted?

A.C.: Ese día tenía una reunión protocolaria sobre asuntos militares y estando allí, en donde me encontraba, escuché una información por radio de que había una situación anómala en los alrededores del Palacio de Justicia, en la plaza de Bolívar. Luego, más adelante, ya en mi cuartel, recibí más información acerca de la gravedad de lo que estaba ocurriendo; fuimos acuartelados y nos pusimos en disposición para actuar y acatar las órdenes. Así comenzaron los preparativos para las operaciones y empezamos a recibir las primeras órdenes sujetas a los planes previstos, como el Plan Tricolor de las Fuerzas Armadas. Desde el principio, los objetivos estaban claros: tomar el Palacio de Justicia, liberar a los rehenes y devolver a la normalidad al país tras un hecho que lo había dejado absolutamente fuera de sí.

R.A.:¿El presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, estuvo al tanto todo el día de las órdenes y controlaba la situación?

A.C.: Mi interlocutor inmediato era el Comandante del ejército y por lo que yo sé en todo momento recibíamos órdenes claras del presidente de la República para intervenir y poner fin a esa situación anómala que estábamos viviendo. Evidentemente, y siguiendo la cadena jerárquica, yo nunca hable con el presidente. Se nos informó claramente que seguíamos las órdenes que emanaban del gobierno, tal como después han revelado algunos ministros en declaraciones y libros, así como en la documentación que el ejecutivo elaboró ese día. El gobierno del país estaba al frente de la situación y los militares simplemente obedecíamos sus órdenes, tal como es nuestra tradición. Nunca hubo interferencias por parte del poder político para llevar a cabo las operaciones militares que se desarrollaban para liberar el Palacio de Justicia, a pesar de que dentro del edificio estaban secuestrados el hermano del presidente de la República, Jaime Betancur, y la esposa de un ministro del gobierno. Primó, por parte del ejecutivo, de que (se) restableciera el orden y se rescataran los rehenes; había que volver a la normalidad y evitar caer en la tentación de seguir los dictados de los terroristas del M 19. No olvidemos que el M 19 pretendía que el presidente fuera al Palacio de Justicia y ser sometido a un “juicio” por los terroristas, algo totalmente inadmisible e inaceptable para el país. Pretendían someterlo a un “proceso revolucionario”, a una suerte de farsa jurídica para deslegitimarlo por supuestamente haberlos traicionado en el proceso de paz y, de paso, desautorizarlo ante el país.

R.A.:¿Por qué el presidente de la República se opone a negociar con el M 19 y no acepta los llamados que le hacen desde dentro del edificio para que lo haga?

A.C.: El presidente, en su alocución del día siguiente, ya dejó bien claro que la  soberanía del país no era negociable y que él estaba obligado a cumplir con sus funciones y tareas constitucionales, tendentes a restablecer el orden legal y político del país. Se negó a hablar con el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, porque estaba amenazado y era seguir los dictados de los terroristas. Luego el segundo día, el 7 de noviembre, el presidente dispuso de que un representante de la Cruz Roja se presentase en el Palacio de Justicia ocupado por el M 19 y transmitiese un mensaje al grupo que tenía secuestrados a los rehenes. Entró con un megáfono, se le dio protección adecuada para no ser atacado, y comenzó a transmitir el mensaje del presidente. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Los terroristas comenzaron a disparar y silenciaron el mensaje, esa fue su disposición a negociar: las armas. Me entregó el documento que portaba el emisario de la Cruz Roja y se fue para siempre dando por concluida su fallida misión.

R.A.:¿Dicen que el presidente de entonces no ha dicho todavía la última palabra acerca de estos acontecimientos, es así?

A.C.: Algunas personas allegadas al presidente sostienen que estaba sopesando la posibilidad de escribir un libro, una suerte de testamento acerca de estos acontecimientos. Algunas veces hasta me buscaron para recabar las informaciones que yo tenía acerca de este asunto. Yo creo que si este libro o testamento se publica algún día será después de su muerte.

R.A.:¿Cómo es que no se juzgó a los políticos que tomaron las decisiones sobre las operaciones y, sin embargo, los militares, como usted, sí fueron encausados?

A.C.: Se adelantaron varias investigaciones desde el poder legislativo y quedaron exculpados tanto el presidente de la República como su ministro (correspondiente al de Defensa de entonces); ya que no se encontraron evidencias sustanciales para que fueran procesados por estos hechos. Allí se concluyó que no había ninguna responsabilidad y casi toda la cadena de mando quedó también exonerada de responsabilidades sobre estos hechos. Entonces, y resumiendo, es incompresible que sólo dos de los responsables, en los eslabones más bajos de la cadena de mando, seamos los que estamos detenidos por estos acontecimientos.

R.A.:¿Quién se encargó de los rehenes mientras salían liberados y después?

A.C.: En el Museo del Florero, un edificio histórico del centro de Bogotá, se instala una central de la policía para

coordinar las operaciones. Luego, cuando se entra en el Palacio de Justicia, muchos de los rehenes son dirigidos hasta allí para proceder a la pertinente identificación y se les presté ayuda a los que la necesitaran, pues había muchos heridos. Esta función se cumple durante los días 6 y 7 de noviembre, en unas circunstancias dramáticas y difíciles dadas las condiciones en las que salían muchos de los rehenes. En total, no lo olvidemos, fueron rescatados 265 rehenes. La Policía Nacional reasumió esas responsabilidades de seguridad de las instalaciones, quedando los rehenes liberados bajo su custodia, y los militares retornamos a los cuarteles después de la liberación del Palacio de Justicia el 7 de noviembre. El ejército no tiene ninguna responsabilidad en esos hechos que sucedieron después de la toma y en algunas negligencias o errores procedimentales que se cometieron en el manejo de los restos humanos encontrados en el Palacio de Justicia.

R.A.: ¿Los procedimientos de identificación de las víctimas y de los rehenes se llevaron a cabo con las suficientes garantías y de una forma eficiente?

A.C.: Hubo fallos o errores, hay que reconocerlo, incluso fueron reconocidos por algunos de los que trabajaron tras la toma del Palacio de Justicia en esas diligencias. Se dificultaron las labores de identificación porque no se llevaron a cabo bien las tareas de recogida de los restos y de los cadáveres calcinados. Muchas pruebas, además, fueron dañadas por los bomberos durante las labores de trabajo para apagar el incendio que los terroristas habían provocado. También, hay que señalar que algunos cadáveres, dado su grado de calcinamiento, no pudieron ser identificados y fueron enterrados en una fosa común, que más tarde fue exhumada por orden judicial. Pero tampoco olvidemos que en la época no había los medios científicos que hay ahora para identificar los restos encontrados.

R.A.:¿Hubo durante los acontecimientos buena coordinación entre los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad y el ejército?

A.C.:Con las dificultades propias de la grave situación que se vivía, hay que señalar que la policía actuó con celeridad y sentido de la responsabilidad. Una de las primeras víctimas fue un teniente de la policía que acudió en cuanto oyó los primeros disparos dentro del Palacio de Justicia, ya que los terroristas entraron matando e hiriendo a varios civiles que trabajan allí. Cuando las fuerzas militares llegaron a la plaza de Bolívar ya estaba la policía trabajando para poner orden y tratar de normalizar una situación que luego devino en trágica; hubo una buena coordinación, incluso con los bomberos, entre todas las instituciones y fuerzas presentes en el escenario del conflicto.

R.A.:¿Cree que el gobierno de entonces estuvo a la altura de las circunstancias?

A.C.: Creo que el M 19 partía de un supuesto errado, que era la experiencia que habían tenido cuando tomaron la embajada de la República Dominicana y creían que podían volver a repetir la “hazaña”. En esa ocasión, tuvieron éxito, se llevaron dinero y se refugiaron en Cuba con la ayuda de las autoridades comunistas de la isla. Consiguieron todo lo que querían y salieron victoriosos. El M 19 pensó que la toma del Palacio de Justicia iba a repetir el mismo esquema y así lo atestiguan los documentos que se le encontraron a los terroristas. Hablaban abiertamente de aniquilamiento y llevaban armas para estar un tiempo más largo del previsto, tal como hicieron en la embajada dominicana. Lo que no esperaban era la reacción del gobierno, ese espíritu de no negociar y rendirse ante el terrorismo. También quiero destacar que durante esos dos días hubo una libertad de información total y se le dejó a los medios operar en el escenario con todas las garantías posibles. La transparencia fue total, no hubo limitaciones de ningún tipo.

R.A.: Después de haberse cerrado este asunto del Palacio de Justicia hace años, ¿cómo es posible que de nuevo se reabra y estén ustedes detenidos?

A.C.: En primer lugar, estos hechos fueron separados del servicio militar propiamente dicho y juzgados al margen del mismo, entonces quedaron fuera del fuero militar y bajo el mandato de la justicia ordinaria, como si las órdenes no las hubiéramos recibido de las instituciones pertinentes, lo que constituye un disparate. Es decir, que los hechos fueron juzgados e interpretados como algo ajeno al mandato que teníamos en esos momentos, que correspondían indudablemente al fuero militar, y casi como una decisión personal nuestra ajena a toda institucionalidad. Nosotros, sin embargo, lo que hicimos fue asistir en la defensa del Estado, que peligraba en aquellos momentos, y atender el mandato que nos fue entregado por las instituciones pertinentes en esas jornadas trágicas. Además, en el caso de los generales y los almirantes, junto a otras autoridades del Estado, quien es pertinente para juzgar sus hechos es el Fiscal General de la Nación, que es la institución que debe investigar y la Corte Suprema de Justicia la instancia que debe juzgarnos y no un juez ordinario; la investigación nuestra no se ciñó a esa norma jurídica y se desconoció el funcionamiento de nuestra propia justicia.

Los hechos del Palacio de Justicia ocurrieron en el año 1985 y a nosotros se nos imputa un delito de desaparición forzada, que es una figura delictiva que viene a aparecer en el Código Penal colombiano en el año 2001; se nos aplica con  una retroactividad que va en contra del Derecho en cualquier parte del mundo. Otro aspecto importante es que se adelantaron investigaciones administrativas tras los hechos y se aclaró que no deberían de continuar las investigaciones, pues no se encontraron elementos delictivos e incluso se procedió en términos absolutorios. La justicia militar también dictaminó que no había responsabilidades y que no se detectaban indicios de delito en los responsables de los hechos que ahora se juzgan; estábamos exonerados y, de repente, nos vimos de nuevo juzgados. Se nos imputan hechos que no existían en el momento de la toma del Palacio de Justicia y que ya fueron investigados y juzgados de forma absolutoria hacia los que ahora estamos siendo de nuevo procesados y condenados. Se vulnera una norma universal del derecho, juzgado hechos por segunda vez obviando todas las investigaciones y sentencias absolutorias.

Luego, de acuerdo a la norma legal colombiana, a los veinte años de un delito los hechos prescriben y la responsabilidad también, algo que se vulnera y se pasa por alto. Se reabren porque se asegura que son delitos de lesa humanidad y que, en este caso, no prescriben, como el de la desaparición forzada, que como ya he dicho es un delito del año 2001 y que no existía en el año 1985. Fue la Fiscalía la que reabrió el proceso sin atender a las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones colombianas en estos años. Y se reabre por los supuestos desaparecidos que no son tales y que incluso algunos están vivos, como han demostrado hasta los medios de comunicación. Resumiendo: se abre un proceso en contra de todas las normas jurídicas del país y atendiendo solamente a un criterio que yo considero político.

No olvidemos que después de los hechos, el presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, ya dejó claro que iba a haber transparencia y claridad e instruyó a las instituciones pertinentes para que analizaran y estudiaran en profundidad los hechos acaecidos en el Palacio de Justicia. Trabajaron durante meses para esclarecer los hechos y una corte especial formada por varios jueces de todos los colores políticos determinó que la responsabilidad final de todos los hechos criminales que acontecieron en el Palacio de Justicia recae sobre los terroristas del M 19, que atacaron y tomaron el edificio judicial de una forma suicida y destinada a sembrar el terror, tal como hicieron.

También se aseguró entonces que no había desaparecidos, algo que ahora se busca poner en duda y que es el principal

motivo por el que nos hemos visto enjuiciados. Los desaparecidos perecieron en el asalto del M-19 y los cadáveres no pudieron ser reconocidos porque quedaron calcinados; fue imposible determinar su identidad. Se dictaminó en ese momento que los desaparecidos eran 36 cadáveres calcinados y que hoy son reclamados como supuestos desaparecidos por algunos los familiares de esas víctimas. Tratan de identificar a algunas de estas víctimas como liberados en su momento por las fuerzas de seguridad del Estado y que después, según dicen sin ningún fundamento, fueron dados de baja y supuestamente desaparecidos.

El problema es que estos supuestos desaparecidos y el proceso consiguiente que se ha seguido contra nosotros está liderado por René Guarín Cortés, que es hermano de una de las supuestas desaparecidas y que casualmente es un antiguo guerrillero, miembro precisamente del grupo que asaltó el Palacio de Justicia, el M 19. Incluso fue detenido en su momento portando armas de policías asesinados y transportando a un empresario secuestrado. Este tal Guarín ha manipulado a los familiares para que digan que reconozcan como familiares suyos a algunos de los liberados y que aseguren ante los jueces que son desaparecidos. Pero, sin embargo, se ha podido demostrar que muchas de estas aseveraciones eran falsas y se ha llegado a la conclusión de que algunos testigos mienten; se le ha dado más credibilidad a un convicto del M 19 que a unos militares que estuvieron al servicio del Estado. Luego, en este nuevo juicio se descartaron pruebas que nos beneficiaban y se aceptaron otras, contra toda norma de derecho, que nos implicaban en hechos que no habíamos cometido. En definitiva, ha sido un montaje para justificar nuestra condena y presentar como una organización criminal al ejército.

Pero no olvidemos que detrás de estas condenas, que buscan que el ejército y el Estado colombiano sean condenados en las altas instancias jurídicas internacionales, hay un colectivo de abogados, el Alvear Restrepo, que busca conseguir una indemnización millonaria que no irá a parar a manos de las víctimas en su totalidad, pues ese colectivo, por cierto ligado a la defensa de presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se llevará un porcentaje de la “tajada” que teóricamente le sacarán al Estado colombiano. Se trata de grupos extremistas que tienen un interés político claro, denigrar al Estado colombiano y a sus Fuerzas Armadas, y también interés económico.

Por otra parte, y en otro orden de cosas, también hay elementos de duda con respecto a algunos testigos que no son confiables y cuyas declaraciones estaban plagadas de contradicciones y mentiras. Se trata de tres testigos que no eran sólidos e incluso alguno de ellos era un vulgar delincuente. Y otro estaba, durante aquellos acontecimientos, detenido en una prisión. No eran testigos fiables, escasamente presentables ante un tribunal serio, sino que tenían oscuros intereses políticos y económicos en el proceso. Eran testigos absolutamente inconsistentes.

R.A.: ¿Qué interés político puede haber detrás de estas acciones judiciales contra mandos colombianos?

A.C.: Se trata de desprestigiar al gobierno y a las instituciones y, de paso, descalificar a las fuerzas de seguridad y al ejército; es una estrategia de cierta izquierda radical que no es nueva y siempre estuvo presente en nuestro país. Pero hay un objetivo de más calado, que pretende que las Fuerzas Armadas se vean desmoralizadas y dejen de actuar frente al terrorismo al percibir que su actuación les puede traer problemas y contenciosos jurídicos. Ya no solo tenemos la amenaza militar de que las fuerzas terroristas te puedan matar, sino que incluso podemos ser procesados por luchar contra las FARC y tratar de derrotarlas. Es una lucha contra el Estado colombiano, pero por otras vías y empleando medios políticos y jurídicos, tanto en Colombia como en el exterior.

Lo más grave es que los líderes y responsables de las acciones criminales llevadas a cabo por el M 19 están en la calle y han sido exculpados por el Estado colombiano. Incluso muchos de ellos participan en la vida política y son responsables en muchas instituciones colombianas; hasta un miembro de esta organización terrorista ha sido candidato presidencial sin que haya pedido siquiera perdón por los hechos cometidos entonces. Los terroristas quedaron en la calle, mientras a los militares que luchamos contra ellos se nos imputan crímenes horribles.

Los hechos del Palacio de Justicia acontecen en noviembre del año 1985, a las puertas de unas elecciones en Colombia. Los opositores al gobierno estaban interesados en buscar de estos acontecimientos un rédito político, trataban de erosionar al ejecutivo y, de paso, a las Fuerzas Armadas. Se quería abrir un debate innecesario y permanente sobre la actuación de la fuerza pública en estos hechos. Los que están detrás de este turbio asunto tienen una filiación política muy clara, aparte de los intereses económicos para tratar de sacar al Estado colombiano sustanciosas indemnizaciones por la condena a sus funcionarios. Gente que está claramente matriculada a la izquierda y que se dedica a proteger a notorios extremistas cuando son detenidos. Me refiero, claro está, al colectivo de abogados Alvear Restrepo.

R.A.: ¿Cómo es que los responsables no han sido procesados por estos hechos y, en cambio, los militares han sido sentados en el banquillo?

A.C.: El presidente de la República de entonces, a través de los canales procedentes, autorizó todas las acciones llevadas a cabo por el ejército en aquellas jornadas fatídicas en que peligró el Estado. La operación fue ordenada desde las más altas instancias y nunca fue cuestionada por el ejecutivo. El mismo día que concluyeron las operaciones militares que llevaron a la liberación del Palacio de Justicia el presidente salió en la televisión nacional, en una alocución retransmitida a todo el país, asegurando que, “para bien o para mal”, el responsable final de todas las decisiones fue el presidente de la República. Pero tampoco fueron procesados los ministros responsables y los jefes militares que estaban en la cúpula en ese momento; las órdenes fueron dadas desde las altas instituciones y seguían el procedimiento previsto para una situación de emergencia como la que estábamos viviendo en eso momento.

R.A.: ¿Y cómo no se resolvió este asunto, incluso en la época del anterior presidente, Álvaro Uribe?

A.C.: El proceso fue deliberadamente retrasado para esperar a que hubiera el cambio político, es obvio.

R.A.:¿Y hacia dónde va a evolucionar este proceso?

A.C.: Estamos en la fase de recurso y apelación. Tenemos algunos elementos que nos benefician y el Ministerio Público intervino a nuestro favor; mi defensa ya apeló en las instancias adecuadas y estamos en la fase del recurso de apelación, de la misma forma que la Procuraduría también ha testado en mi favor pidiendo la absolución debido a las numerosas irregularidades en que se celebró el proceso. Los argumentos de mi defensa en el juicio no fueron atendidos ni examinados por la juez que me condenó, que yo consideró que le movía un móvil más político que otra cosa, pues consideraba casi subjetivamente al ejército como una organización criminal.

R.A.:¿Sus subordinados en ese momento atendieron en todo momento las órdenes dadas?

A.C.:Se siguieron los planes previsto y el operativo para una acción como la que se llevó a cabo. No podíamos seguir tocando el timbre para que nos abriera la guerrilla, sino que hubo que emplear métodos y medios contundentes para derribar las puertas del Palacio de Justicia y entrar a salvar los 265 rehenes que liberamos en aquellos días.

R.A.:¿Queda claro, según su opinión, que la responsabilidad final de estos luctuosos hechos corresponde al M 19?

A.C.:Sí, pero sin olvidar que estaba detrás el narcotráfico, que dio el dinero para la operación, y que tenía un objetivo muy claro: destruir todos los informes y expedientes que se estaban elaborando para permitir extraditar a los narcotraficantes, algo a lo que se oponían por todos los medios, incluida la violencia. La Corte Suprema de Justicia iba a decidir precisamente ese día sobre la exequibilidad del Tratado de Extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Los narcotraficantes querían retrasar ese proceso como fuera y quedaba muy claro que los magistrados eran sus principales enemigos, a los que ya habían amenazado en reiteradas ocasiones. Hay pruebas de ello, documentos que atestiguan esas amenazas. Eran los días en los que los narcos decían que preferían un tumba en Colombia que una celda de una prisión en los Estados Unidos; era pública su animadversión hacia la justicia y así lo hacían saber en sus comunicados públicos. Llegaron a asesinar al Ministro de Justicia a algunos magistrados para intimidarlos y evitar su extradición. El M 19 recibió dinero del narcotráfico para ocupar el Palacio de Justicia y cumplieron con las órdenes dadas: destruyeron todos los expedientes que permitirían la extradición de los narcotraficantes, pero provocaron un incendio de tal magnitud que destruyó todo el edificio e incluso acabó con sus vidas. El incendio fue imposible de apagar y acabó con todo lo que había en el interior del Palacio de Justicia.