¿FRANCIA AVALA EL PROCESO DE ‘POLICÍA RURAL’ DE SANTOS?
Cada día que pasa el “proceso de paz” de La Habana aporta su lote de barbaridades que el poder central colombiano trata de presentar como la gran solución por fin hallada para “obtener la paz”
¿Francia avala el proyecto de “policía rural” de Santos?
Cada día que pasa el “proceso de paz” de La Habana aporta su lote de barbaridades que el poder central colombiano trata de presentar como la gran solución por fin hallada para “obtener la paz”
Por Eduardo Mackenzie
28 de enero de 2015
Una medida absurda de Colombia seguirá siéndolo por más de que se la presente como respaldada por Francia. El anuncio (a medias tintas) del presidente Juan Manuel Santos de que su gobierno creará una “policía rural” cuando llegue la utópica era del “postconflicto”, y que esa nueva fuerza incluirá a los terroristas y subversivos de las Farc, convertidos, claro está, en pacíficos y eficientes agentes del orden, carece de sentido aunque venga apadrinado por el presidente François Hollande, como trata de hacerlo creer la prensa favorable a Juan Manuel Santos.
Ese respaldo no es cierto. O por lo menos no hay pruebas al respecto. En las declaraciones del mandatario francés durante la conferencia de prensa (1) con Santos en París, Hollande no dijo una sola palabra sobre eso. Aunque el enviado de RCN le preguntó precisamente si la idea de incluir guerrilleros desmovilizados en la eventual “policía rural” era para “proteger” a esos individuos, el presidente Hollande evitó cuidadosamente tocar siquiera de lejos ese punto. Quien trató el tema fue el presidente Santos. Este reiteró que se trata de crear una policía particular en las zonas de guerra y que él no rechaza la idea de incluir guerrilleros en esa nueva policía y que todo eso podría “ser negociado” en La Habana.
Conclusión: Francia no respalda, al menos públicamente, esa absurda iniciativa. Por una razón: no hay en Francia un solo antecedente en ese sentido y la opinión pública no aceptaría tal cosa. La Gendarmería, que es la fuerza que se ocupa de la seguridad en las zonas rurales y en la zonas periurbanas (la Policía nacional se encarga de las zonas urbanas), y que es invocada ahora por Santos como modelo de lo que quiere hacer con su “policía rural” (¿para desmontar a los Carabineros?), siempre dependió del ministerio de Defensa (ahora depende del ministerio del Interior) y nunca incorporó en sus filas terroristas o criminales por más “desmovilizados” o arrepentidos que fueran.
No lo hubo cuando París firmó el fin de la guerra en Argelia, en 1962, ni lo ha hecho desde entonces, a pesar de que Francia ha desmantelado peligrosas estructuras terroristas en su territorio. El tratamiento que le dio a esas redes no fue de negociación, concesiones o acuerdos de paz. Lo que hace contra las redes djihadistas es otra cosa, como lo acabamos de ver tras las crueles matanzas islámicas del 7 de enero de 2015 en París y la rápida liquidación de los tres agresores. La Gendarmería hace parte de las fuerzas armadas francesas. El estatus de sus miembros es militar y sus misiones son de carácter militar, judicial y administrativo.
Razón tiene el Procurador Alejandro Ordoñez al exigir precisiones a Santos sobre ese proyecto de policía rural, pues ésta sería el fin de la policía nacional y el comienzo de la emergencia de otras policías. El ejemplo de México y de modelo de diversos cuerpos policiales autónomos –lo que es el mayor obstáculo en la lucha contra la criminalidad y los carteles de la droga–, sería también funesto en Colombia.
El énfasis que pone Santos en la creación de esa nueva policía con desmovilizados de las Farc revela que, como teme el Procurador Ordoñez, el jefe de Estado colombiano sí se está negociando la estructura de la Fuerza Pública colombiana en Cuba. En esas negociaciones se está, diría yo, desmontando gradualmente la Constitución colombiana, con el agravante de que se mantiene a la opinión pública en la ignorancia y se ejercen presiones indebidas contra los voceros del ministerio público y hasta de la prensa. Es decir, contra quien se atreve a tocar ese nuevo tema, para que tal discusión, como las otras discusiones sobre los “acuerdos” de La Habana, no tomen forma.
Santos ha previsto que esa “policía rural” aplicará “los métodos y los sistemas” de la Gendarmería francesa (en eso consistiría el apoyo que Hollande dice que le prestará a Colombia). Esa nueva policía tendría funciones muy precisas: ocuparse, entre otras cosas, del mantenimiento del orden público y de la investigación penal y administrativa en las áreas rurales del país. Ese nuevo organismo sería el llamado a investigar y reprimir el delito de narcotráfico y los otros delitos y crímenes que se desprenden de esa actividad, fuera de los que cometerán las otras redes subversivas y terroristas, las cuales no desaparecerán de la noche a la mañana por el solo hecho de que el país haya entrado en la fase del llamado “postconflicto”.
La jugada de las Farc es muy astuta y de gran alcance: el vasto mundo rural de Colombia y, sobre todo, las llamadas “zonas de reserva campesina” que los terroristas quieren crear, estarían bajo su directa dominación gracias a la presencia de sus hombres dentro de la eventual “policía rural”.
Cada día que pasa el “proceso de paz” de La Habana aporta su lote de barbaridades que el poder central colombiano trata de presentar como una panacea, como la gran solución, como la clave inteligente por fin hallada para “obtener la paz” con el mayor movimiento narco terrorista del continente. Tanta belleza no puede ser cierta.
Parece que Santos invitó al primer ministro Manuel Valls a realizar una visita oficial a Colombia dentro de unos meses. Durante la conferencia de prensa en París, el presidente Hollande fue también invitado por Santos de manera informal. Empero, tras los trágicos hechos del 7 de enero en París, y de las enormes manifestaciones contra el terrorismo del 11 de enero en Francia, el gobierno socialista tendrá mucho cuidado de embarcarse en un proyecto confuso de seguridad en Colombia que al beneficiar a las Farc mancharía a la Gendarmería y a la política antiterrorista firme que Hollande y Valls están tratando de aplicar. Si lo hacen, la oposición en Francia no se privará de cobrarles electoralmente ese error a esos dos líderes y al Partido Socialista.
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