FRANCIA: LEY ANTITERRORISTA

Francia se dota de una ley de inteligencia antiterrorista

El recurso que les queda a los críticos de la nueva ley de inteligencia, propuesta por los socialistas, es hacer que ésta sea declarada “inconstitucional”

Por Eduardo Mackenzie

24 de junio de 2015

La nueva ley de inteligencia que define las misiones de los servicios secretos de Francia en la era del ciberespacio y del auge de los ataques y amenazas terroristas, fue definitivamente aprobada por el Senado el martes 23 de junio de 2015. Una amplia mayoría acogió el proyecto de ley: 251 senadores votaron a favor, 68 en contra y 26 se abstuvieron. Ese proyecto ya había sido aprobado por una amplia mayoría en la Asamblea Nacional el 5 de mayo pasado (438 votos a favor, 86 contra, 42 abstenciones)  gracias a los votos de los diputados de derecha, de centro y de los socialistas (UMP, UDI y PS). Una minoría de diputados, integrada por una parte de los ecologistas y de los de centro y por los comunistas, votó en contra pues considera esa ley como “liberticida”.

El proyecto de ley había sido presentado por el gobierno socialista el 19 de marzo de 2015 como respuesta legislativa a los sangrientos atentados islamistas cometidos en París el 7, 8 y 9 de enero de 2015, y en consonancia con las históricas manifestaciones antiterroristas en las principales ciudades francesas del 11 de enero de 2015.

La ley del 13 de noviembre de 2014 reforzaba desde antes los dispositivos de lucha contra el terrorismo. Sin embargo, tras los atentados de enero, fueron adoptadas rápidamente otras normas. El decreto del 14 de enero de 2015 creó la prohibición de salir del país a los franceses que proyectan participar en actividades terroristas en el extranjero. El 4 de febrero siguiente, otro decreto permitió bloquear las páginas web que hagan la apología del terrorismo e inviten a cometer actos de terrorismo. Finalmente, el 4 de marzo otro decreto permitió borrar ciertos contenidos de los mismos motores de búsqueda.

El recurso que les queda a los críticos de la nueva ley de inteligencia es hacer que ésta sea declarada “inconstitucional”. Para ello, esa minoría entablará una demanda ante el Consejo Constitucional. A tal iniciativa se sumaron a última hora dos diputados de derecha, Pierre Lellouche y Laura Raudière, quienes consideran que la ley en cuestión le otorga poderes exorbitantes al primer ministro. El grupo refractario trata de reunir firmas de diputados de otras formaciones para reforzar su iniciativa.

El primer ministro Manuel Valls, vehemente defensor de la ley de inteligencia, declaró tras la decisión de la Asamblea Nacional que el nuevo arsenal legislativo “preservará [las] libertades fundamentales, controlará, además, las actividades  de los servicios de inteligencia  y les dará nuevos de medios para que sean lo más eficaces posible  ante la amenaza terrorista, pero también en la lucha contra la gran criminalidad y el espionaje económico”.

Los descontentos habían declarado que dicho texto le da al gobierno “el poder de vigilar  masivamente y sin control a la población francesa” mediante las nuevas técnicas de espionaje que serán aprobadas (escuchas telefónicas, uso de cámaras, programas-espías, acceso a los datos de conexión, micrófonos en domicilios y vehículos de sospechosos, etc.). Algunas empresas que albergan páginas web en línea rechazaron sobre todo el punto que las obliga a instalar en sus propios sistemas un programa  de “análisis automático” que examina los datos que transitan por esas redes. Una de tales empresas (altern.org) anunció que cerrará su oficina en Francia y se trasladará a Noruega.

Como sea, tras la aprobación del Senado, una comisión mixta interparlamentaria, integrada por 7 diputados y por 7 senadores, redactará la versión común definitiva.

Según el ponente de derecha Philippe Bas (del partido Los Republicanos, ex UMP), las críticas no son justificadas pues no habrá “vigilancia masiva” ya que el Senado fijó una serie de “verdaderas garantías” sobre la legalidad de las técnicas de vigilancia que se aplicarán. Los operadores  serán, en efecto, supervisados ​​por la Comisión Nacional de control de técnicas de inteligencia (CNCTR), integrada por parlamentarios y jueces, y por el Consejo de Estado.

Por otra parte, los períodos de conservación de los datos de inteligencia recogidos, y los procedimientos de autorización de la vigilancia, serán controlados. La información obtenida será conservada durante un máximo de tres años y no de cinco años.

Philippe Bas aseguró que el CNCTR será una “autoridad administrativa genuinamente independiente” y anunció que fue creado un nuevo delito de obstrucción a las misiones de esa autoridad.

La versión examinada por las dos cámaras fue modificada por el gobierno. Este retiró el punto, agregado a última hora por el socialista y ponente de la ley, Jean-Jacques Urvoas, sobre la vigilancia especial de ciertos extranjeros que entren a Francia, vigilancia que sería ordenada  únicamente por el primer ministro. Tal vigilancia de extranjeros dentro de Francia deberá ser autorizada ahora por el CNCTR. El partido Los Republicanos y el Partido Socialista, con algunos centristas, votaron a favor de retirar la versión inicial de ese punto.

“Si la vigilancia de determinados extranjeros que permanezcan temporalmente en nuestro país se puede justificar por la necesidad de proteger los intereses fundamentales (…) no parece razonable retirarla de los procedimientos de autorización y de aplicación de las garantías previstas”, declaró el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve.