LA CPI DEBE INVESTIGAR A JUECES COLOMBIANOS
Los mafiosos deambulan por las calles, sobornan a los jueces, pero quienes luchan contra ellos terminan en la cárcel
LA CPI DEBE INVESTIGAR A LOS JUECES COLOMBIANOS
Por Jacques Thomet
El triunfo de Juan Manuel Santos en la elección presidencial, que le asegura ser elegido el 20 de junio próximo en la segunda vuelta para suceder a Álvaro Uribe, ha eclipsado una terrible decisión dictatorial: el encarcelamiento ordenado por una juez cómplice de la mafia contra el ex Jefe de la lucha contra el blanqueo de capitales, Mario Aranguren, y su adjunto, Luis Eduardo Daza, únicamente porque ellos cumplieron su misión!
La Corte Penal Internacional (CPI) deberá juzgar un día a todos los miembros de esa magistratura colombiana corrupta hasta el tuétano y cómplice tanto de los traficantes de drogas como de la barbarie terrorista de las FARC. Ex-Jefe de la UIAF (Unidad administrativa especial de Información en el Análisis Financiero), el equivalente colombiano del Tracfin ( del ministerio de Hacienda francés) y de todos los organismos encargados de combatir los delitos financieros en el mundo, Mario Aranguren, conocido por su integridad, así que su adjunto, son castigados con la cárcel por investigar al mafioso Asencio Reyes y sus relaciones sulfurosas con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los miembros de esa “Corte que suprime la justicia” –su apodo actual–, son conocidos por sus vínculos probados con el narcotráfico y con los terroristas de las FARC, como este blog lo ha revelado en varias ocasiones. El juez español Baltasar Garzón, quien acaba de ser nombrado, por siete meses, asesor del director de la CPI, el argentino Ocampo, conoce bien a Colombia por haber ido varias veces a una reserva indígena. El podría restaurar su reputación, algo decrépita desde que fue suspendido en España, si hace comparecer ante la CPI a los magistrados colombianos, incluida la juez Jenny Jiménez, por complicidad con los criminales.
Al mismo tiempo que la justicia colombiana le concede el beneficio de la casa por cárcel a un asesino bajo las órdenes del jefe paramilitar Don Berna, Mario Aranguren será internado en la cárcel en la Picota, llena de matones, terroristas y mafiosos, los mismos que él había combatido!
¿Qué esperan sus homólogos de las UIAF del mundo entero, incluidos los franceses de Tracfin, para denunciar este atentado contra la justicia?
Los informes de la UIAF sobre tres altos magistrados presuntos culpables de actividades ilegales habían designado cuatro personas en 2008: el ex presidente del Consejo de Estado, Rafael Osteau de Lafont Pianeta, el magistrado de la Corte Suprema, Yesid Ramírez Bastidas (su ex Presidente), el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, José Alfredo Escobar Araújo, y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Isaac Nader. Mario Iguarán, el Fiscal General en esa época, conocido por sus vínculos con la extrema izquierda, había archivado el caso sin ninguna acción adicional, a pesar de la acumulación de indicios. Esos funcionarios son sospechosos de tener estrecho contacto con Giorgio Sale, un hombre de negocios italiano detenido y encarcelado en su país en noviembre de 2006 por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. El estaba relacionado con Salvatore Mancuso, el líder paramilitar colombiano extraditado a los Estados Unidos el 15 de mayo de 2008 junto con otros 14 jefes paramilitares. En su restaurante, La Enoteca, en Barranquilla, en la costa caribeña de Colombia, los magistrados de Bogotá tenían mesa franca…
Según una investigación realizada por la revista Semana, de Bogotá, en junio de 2006, 20 de los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia había aceptado una invitación para viajar a Neiva (800 km al sur de Bogotá) con sus esposas, el 9 de junio de ese año, para festejar la designación por sus pares de Yesid Ramírez Bastidas como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los billetes de avión Bogotá-Neiva-Bogotá (cuyo costo fue de más de 10.000 dólares), más el hotel y las fiestas para toda esa gente (por una cantidad indeterminada) fueron pagados por Asencio Reyes Serrano. Propietario de la agencia de viajes “Viajes y Turismo Basán”, este personaje posee un edificio en copropiedad con José María Ortiz Pinilla, extraditado a los Estados Unidos en 2007 por tráfico de drogas. “Nosotros no íbamos a comprobar quien pagó los gastos del viaje y no vimos ningún mal en ese desplazamiento”, respondió sin identificarse uno de los magistrados a la revista Semana. Esa respuesta dice mucho acerca de la facilidad con que se prevarica en la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene nada que ver con la de los Estados Unidos. Yesid Ramírez Bastidas también recibió un regalo de Giorgio Sale, en el año 2006: un costoso reloj de oro, marca Locman. ¡Él mismo lo admitió!
Conclusión (provisional, espero): los mafiosos deambulan por las calles, sobornan a los jueces, pero quienes luchan contra ellos terminan en la cárcel! La senadora Piedad Córdoba, agente de las FARC, aún no ha sido oída, y mucho menos inculpada, a pesar de la apertura de una investigación en su contra en 2008, la cual ha sido confirmada este año. Usted comprenderá por qué, a veces, me canso de gritar en el desierto en este modesto blog ante el silencio cómplice de los medios de comunicación y ante la inercia del ministerio público colombiano.
Junio 3 de 2010
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