¿LAS MINORÍAS MANDAN SOBRE LAS MAYORÍAS?

¿Las minorías mandan sobre las mayorías?

El fiscal general se equivoca. Las mayorías colombianas sí tienen derecho y el deber de escoger su destino, de aceptar o rechazar los planes de La Habana

Por Eduardo Mackenzie

12 de noviembre de 2015

Colombia debería declararse en emergencia constitucional y legal tras las declaraciones que acaba de hacer el fiscal general Eduardo Montealegre, en el sentido de que las minorías mandan sobre las mayorías y que por eso no es necesario organizar ni plebiscito ni referendo sobre los pactos de La Habana. ¿La nueva directiva del fiscal general, difundida por BluRadio, es una nueva tanda de disparates a los que él nos tiene acostumbrados?  ¿O es un acto consciente del alto funcionario para derribar el principio mayoritario en que descansa el sistema democrático colombiano?

Su declaración sorprende pues el fiscal general no puede perorar como cualquiera persona; él debe actuar y opinar ciñéndose estrictamente a lo que dice la Constitución y el conjunto de normas del orden jurídico. Lo que acaba de decir Montealegre es una desviación de todo eso.

El Congreso de Colombia discute en estos momentos qué mecanismo debe utilizar el país para que los colombianos puedan validar o rechazar los pactos que el presidente Santos está estructurando en secreto con las Farc en Cuba.

Por ejemplo, Santos quiere un plebiscito bastardo, o de bajo rango, en el que el sí dado a esos acuerdos por una minoría de cuatro millones de votantes definiría el destino de una nación de 44 millones de habitantes. Otras fuerzas políticas prefieren utilizar el mecanismo del referendo que exige una respuesta más representativa y detallada de la voluntad del electorado. El plebiscito consistiría en decir sí o no a una sola pregunta o, cuando mucho, a un texto que no se sabe si será un paso hacia la paz o una continuación del conflicto bajo otras formas. En ese contexto de interrogantes y polémicas, apareció la rarísima tesis del fiscal Montealegre sobre el derecho de las minorías a imponer su voluntad a las mayorías.

Asumiendo abusivamente la pose de alguien que tendría la última palabra en materia constitucional (¿la Corte Constitucional mira para otro lado?), Montealegre salió con el cuento de que ni plebiscito ni referendo son necesarios para validar o rechazar tales “acuerdos” pues esos “acuerdos” ya son en si el “derecho a la paz”.

Y como el derecho a la paz está consagrado en la Constitución  (artículo 22), nadie debe votar por eso. Para Montealegre esos pactos (que nadie conoce) realizan el “derecho a la paz”.

La posición de Montealegre descansa sobre una pirueta: trata de convertir lo general en particular, y viceversa. El “derecho a la paz” es un principio general  de nuestra Constitución. Los pactos de La Habana son otra cosa, son un animal particular. Los colombianos no discutimos sobre el “derecho a la paz”. Debatimos los eventuales acuerdos de La Habana, que son unos planes de gobierno, no unos principios abstractos.

Montealegre sugiere que no es necesario obtener el asentimiento de la mayoría. Alega que la minoría que negocia esos acuerdos puede imponerse a la mayoría, sin pedirle a ésta su voto, pues se trata de un “derecho fundamental”. Dice textualmente que el derecho fundamental a la paz “no depende de la voluntad de las mayorías”. Deducción: ese “derecho” solo depende de la minoría. Lo cual es falso. Cada artículo de la Constitución fue discutido, redactado y votado por una asamblea constituyente que recibió un mandato de las mayorías del país.

El fiscal pretende que una minoría, en este caso los jefes de las Farc y los negociadores de Santos, puede inventar un pacto secreto al que le pone la etiqueta de “derecho a la paz” y la mayoría debe aceptar eso sin saber qué diablos contiene ese paquete y sin votar.

Muchos colombianos o, más precisamente, la mayoría de los colombianos, estiman, según las encuestas de opinión, que los planes que están urdiendo en Cuba son nefastos pues van a minar el sistema democrático colombiano. Por eso las Farc ocultan esos textos y no quieren ni plebiscito, ni referendo, ni otro tipo de consulta democrática, como acaba de decirlo Iván Márquez, dos días antes de que hablara Montealegre. No quieren que los colombianos examinemos en detalle, ni aprobemos o rechacemos sus planes.

Montealegre está de acuerdo con ellos. Para él solo basta que el gobierno, con el apoyo de una fracción parlamentaria, y excluyendo a los demás, apruebe esos acuerdos, para que éstos comiencen a ser “implementados”, es decir realizados.

Eduardo Montealegre lo dice así: “La concreción de ese derecho fundamental a la paz no depende de la voluntad de las mayorías; precisamente la característica de los derechos fundamentales es que son instituciones jurídicas que se instituyen con un carácter contra mayoritario”. El fiscal general agrega: [esas instituciones] “son los elementos, las herramientas, los blindajes que tienen las minorías precisamente contra las mayorías. Entonces, en ese campo, yo no estoy de acuerdo en la necesidad ni de refrendación ni de plebiscito. Creo que aquí [hay] un exceso de generosidad democrática del presidente Santos que no se requiere desde el punto de vista constitucional”.

Dejando de lado la perla de que las “instituciones jurídicas que se instituyen”, habría que decir esto: el fiscal Montealegre cree que el derecho a la paz tiene un origen minoritario, y que, por ende, las mayorías se oponen a ese derecho y que una minoría (¿a quién se refiere?) logró imponer ese derecho para “blindarse” contra la mayoría.

¿Dónde aprendió ese tipo de derecho el doctor Montealegre? Todo eso suena truculento, artificial, improvisado a último minuto. El afirma que “los derechos fundamentales” tienen un “carácter contra mayoritario”. En otras palabras, Montealegre asegura que el derecho a la paz, pero también los otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida,  el derecho a la libertad individual, a nacer libre e igual ante la ley, el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos, a la libertad de expresión, etc. son derechos  “erigido contra las mayorías”. Repito: ¿Dónde aprendió ese tipo de derecho el doctor Montealegre?

Pues lo que él dice es que los derechos del hombre y del ciudadano, fueron “erigido contra las mayorías”. Increíble. Yo entendía lo contrario, que esos derechos habían sido erigidos por las mayorías, que movilizadas en forma revolucionaria derrotaron los privilegios de unas minorías. ¿Habría que repasar los episodios centrales de la revolución inglesa, de la revolución americana, de la revolución francesa para que el doctor Montealegre se explique de nuevo?

Me temo que el galimatías del Fiscal sobre los méritos de lo “contra mayoritario”, sobre la paz como un garrote de la minoría, y el resto, es poco democrático y encierre una cosa muy fea: una concepción dictatorial de la sociedad.

El planteamiento de Montealegre no es democrático. Aparenta serlo, pero su efecto es la negación del principio democrático de la soberanía del pueblo. En el caldeado debate sobre el destino de Colombia el Fiscal interviene y lanza tesis que dejan ver que no es un demócrata. ¿Es un leninista consciente? Lenin, en todo caso, decía eso mismo: que la paz no depende de la voluntad de las mayorías,  que el gobierno de un país no depende de la voluntad de las mayorías, que solo una minoría iluminada y militarizada, el partido comunista, que se presenta como “la vanguardia del proletariado”, es decir de una parte reducida del proletariado, debe imponerse sobre éste y sobre las “amplias masas” campesinas para realizar el ideal de la sociedad perfecta (socialista), mediante la dictadura de una minoría. Lenin decía eso y hacia eso. El resultado fue una de las peores catástrofes de la humanidad. Su sociedad perfecta era el infierno.

El fiscal general se equivoca. Las mayorías colombianas sí tienen derecho y el deber de escoger su destino, de aceptar o rechazar los planes de La Habana. El derecho a saber qué contienen exactamente los pactos secretos, a discutir libremente y sin terrorismo fariano y/o institucional esos textos, es un derecho sagrado de los colombianos. Ese derecho de las mayorías, a votar utilizando mecanismos idóneos y no organismos piratas, debe ser aprobado por el Congreso. En caso contrario, los pactos de La Habana nacerán muertos.