LEY DE INVISIBILIZACIÓN DE VÍCTIMAS

LEY DE INVISIBILIZACIÓN DE VICTIMAS

Por Fernando Vargas – Defensor de Derechos Humanos

La llamada ley de víctimas tan abanderada y acordada entre el partido liberal y la izquierda radical, estudia la manera de  incluir como víctimas a los miembros de las guerrillas y sus familias, así como también a los militantes de la Unión Patriótica –UP-, comenzando el reconocimiento  como victimas para la indemnización desde 1985.  Estos elementos evidencian el trasfondo político ideológico que contiene este proyecto de  ley.

En primer lugar eso de proponer que los miembros de los grupos guerrilleros puedan ser reconocidos como víctimas y sus parientes cobrar una indemnización, muestra a las claras una obvia tendencia prosubversiva de solidaridad con las guerrillas, por parte de ponentes que sin sonrojarse militan en el partido comunista que las creó en la década de los 50`s del siglo pasado. Es una manera descarada de hacerse pagar por sus muertos luego de haber declarado una guerra en armas contra el sistema democrático.  Seguramente, como lo enseña su historia, si hubiesen ganado la guerra y alcanzado el poder, nunca nos hubieran indemnizado.  Además, tal ocurrencia se  lleva de bulto el derecho internacional, que no reconoce como víctima a ningún miembro de grupo armado irregular que en desarrollo de sus hostilidades pierda la vida o simplemente milite en esas organizaciones criminales.  Y no los contempla como victimas por la sencilla razón que no se les reconoce estatuto de personas protegidas en los conflictos armados.  Así que hacerlo aquí entre nosotros sería toda una aberración frente al DIH y también frente al sentimiento de sus víctimas y una gran avivatada de su brazo político que de paso le generaría responsabilidad histórica en contra del Estado, porque es bueno recordar que tras estas leyes sus promotores no van en búsqueda de reconciliaciones, ni perdones. ¡No señores! Van en búsqueda de generar responsabilidades al Estado e invertir la responsabilidad histórica en este episodio de violencia criminal desatada por los brazos armados del partido comunista, así ahora estratégicamente militen en otras banderas engañando colombianos.  Es ganar la guerra política, mientras pierden la militar. Así de sencillo.

Así mismo, encaja perfectamente eso de indemnizar y declarar como victimas a los miembros de la UP, así no mas, desconociendo su origen en las entrañas de las FARC, en la llamada casa verde, durante las negociaciones de Belisario Betancur  allá en la Uribe, en mayo de 1985.  Miembros activos de las FARC eran a la vez “políticos” de la UP, ejerciendo esa doble condición, tan permitida entre nosotros, de ser congresista entre semana y guerrillero los fines de semana.  A ese nuevo nombre se vinculó también el partido comunista, cuyos miembros optaron por asumir los logos de su nuevo partido, con visos menos rojos y más verde-amarillo, hasta que terminó en amarillo.  Eso sí es hacer política con brazo armado.  En los anales de los despachos judiciales a lo largo y ancho de Colombia, se encuentran  pagando condena de impunidad, las denuncias presentadas por campesinos y lideres liberales y conservadores que en los diferentes pueblos denunciaban, hasta que los asesinaron a casi todos,  que tras las ejecuciones cometidas por las FARC, se hallaba “el hombre de atrás” en la militancia de la UP y el PCC. 

Así que no investigar la participación de miembros de la UP, como autores  intelectuales de muchos crímenes cometidos en desarrollo del conflicto colombiano y en su lugar reconocerlos como “victimas” e indemnizarlos, no sin antes hacer que Colombia entera pida perdón ante sus herederos políticos, es un atentado grave a la reconstrucción de la verdad histórica del conflicto, esa memoria que dizque andan levantando a escondidas entre los mamertos y pagada por los contribuyentes, que en su mayoría sí son  sus verdaderas víctimas.  Qué ironía, las víctimas de la guerrilla pagando para que personajes de claras militancias “levanten” un monumento a la mentira y la perversión histórica del conflicto armado.

Pero ahora sí nos queda claro por qué “acordaron” que se indemnizarían las “victimas” desde el 1 de enero de 1985, para asegurarse que los miembros de la UP alcancen a quedar cubiertos con esta indemnización, que según dijo Iván Cepeda, heredero y militante de ideologías comunistas, está acordado ya con el gobierno.  La verdad, ahora sí toma cuerpo real el trasfondo de este proyecto de ley llamado ley de víctimas.  Se pusieron de acuerdo, liberales, gobierno y Partido comunista–Polo, para declarar víctimas a los que cayeron o sufrieron atentados o persecución desde la vigencia de los grupos de autodefensa a partir de 1985, no desde la creación y vigencia criminal de las FARC, o de sus grupos prefundadores del camarada y miembro del Comité Central, Jacobo Prias Alape, quien desde 1955, en el sur del Tolima, con su lugarteniente, alias “Tirofijo”, se dedicaron a asesinar, desplazar y perseguir a cuanto liberal no se le plegaba  a sus imposiciones comunistas.  Abundan pruebas de otros miembros del PC que organizaron bandas criminales y asolaron diferentes regiones de nuestra geografía, llenando de sangre inocente los campos colombianos.  Muy equilibrada y equitativa su ley de víctimas, señores.

Entonces qué tipo de ley es esta que excluye y discrimina sesgadamente, las víctimas del accionar de los grupos armados comunistas desde 1955 en el Tolima y otros departamentos? Se necesita ser muy hipócrita para llamar a este proyecto “ley de víctimas” y dejar por fuera a las víctimas de las FARC durante las década de los 60, 70 y hasta 1985.  O será que quieren ocultar esas víctimas y desconocerlas, no solo para negar su justa indemnización, sino para invisibilizarlas en la memoria histórica y en el conteo de victimas, de manera tal que sus victimarios pasen inmunes e impunes por el cedazo de la historia y de la justicia. ¿Les parece realmente equilibrado y ético hacer una ley de indemnización dejando por fuera a las víctimas de los primeros 25 años del accionar criminal de la guerrilla?

Se acostumbraron a desconocer los derechos a las víctimas de la guerrilla, al punto tal, que ya ni siquiera los  quieren reconocer como víctimas.  Esto de dejar a las víctimas de la guerrilla por fuera de la comisión de reparación y adelantar el trabajo de verdad histórica sin las víctimas de la guerrilla y discriminarlas por más de 4 años en el tratamiento nacional de sus requerimientos de reparaciones, es antecedente  de este proyecto de ley.     Muchas víctimas de la guerrilla debieron, a su pesar, tramitar sus reparaciones como víctimas del paramilitarismo, para ser atendidas. Eso es  totalmente abyecto y pérfido.

De manera que este proyecto busca invisibilizar a las víctimas de la guerrilla antes de 1985, como si no hubiesen existido nunca, puesto que se les niega sus derechos y de paso salva de responsabilidades penales e internacionales a los miembros del Partido Comunista, órgano político creador de las guerrillas en Colombia.

Esto es una ley que discrimina las víctimas, vulnera sus derechos y promueve la impunidad.

Para constancia histórica y posterior demanda de inconstitucionalidad.