LEY DE VÍCTIMAS, UN ESPERPENTO COMUNISTA

LA LEY DE VICTIMAS

OTRO ESPERPENTO LEGISLATIVO CON TINTE COMUNISTA

Por Alberto Acosta O – www.restauracionacional.org

El Proyecto de Ley 213 de 2010 del Senado  “por la cual se dictan medidas de atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario” de autoría liberal es uno de los proyectos más absurdos que se hayan presentado ante el Congreso en los últimos 20 años, desde la promulgación de la nueva constitución, no solo porque descansa sobre falsos postulados sino también porque pretende que la mayoría de la población asuma el costo de reparar a un sector victima de la violencia, como si se tratara de un nuevo proletariado al cual el Estado debe mantener y la sociedad deberá subsidiar.

Aplicabilidad del DIH al caso colombiano. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) sólo es aplicable a conflictos armados y no cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia.

¿Son las Farc, el Eln  y los ex-paramilitares grupos armados irregulares que se enfrentan al Estado por un objetivo político y económico? O son más bien bandas criminales que se refugian en un supuesto ideal político. Nadie cuerdo en Colombia puede negar que las Farc se transformaron paulatinamente de grupos guerrilleros leninistas a narcotraficantes, secuestradores, terroristas, genocidas, reclutadores de menores, extorsionistas y torturadores; que atacan a la población civil principalmente y no cumplen con las normas internacionales del DIH. Por lo anterior las Farc, el ELN y los grupos narco-paramilitares no cumplen con ninguna de las condiciones para considerarse un grupo armado insurgente con objetivos étnicos, políticos o religiosos, en un conflicto armado interno y no pueden recibir el estatus de beligerantes.

BACRIM=FARC=ELN. El Estado debe tratar a estos grupos como bandas criminales organizadas generadoras de violencia y terror que atacan principalmente a la población civil. Si el Congreso aceptase que en Colombia es aplicable el DIH al existir un conflicto armado interno, tal como está redactado en la ley de víctimas, también aceptaría que cualquier la banda criminal organizada generadora de violencia podría recibir ese estatus independiente de sus métodos (secuestro, extorsión, narcotráfico, hurto, asesinatos, etc) y que representan a una parte de la población civil que se levanta contra el gobierno; lo que daría paso a aplicarles la justicia transicional a una bandas de maleantes lo que siempre conlleva a la impunidad y recrudecimiento de la violencia, tal como sucedió con la ley de justicia y paz de Álvaro Uribe.

Victimarios solidarios. El Estado por omisión, negligencia, complicidad o cobardía permitió el accionar de las Farc, el ELN y los narco-paramilitares que originó millones de víctimas en la población civil, por lo que debería responder ante la Justicia y reparar de alguna forma el daño. Sin embargo la reparación integral de las victimas debería recaer exclusivamente sobre los victimarios y después de estos sobre los gobernantes, jueces y legisladores que no ejercieron sus funciones constitucionales para detener el avance de la criminalidad. Pero como esta propuesto el la ley de víctimas, serán todos los colombianos quienes solidariamente tendrán que asumir los costos y daños ejercidos por los victimarios ante la permisividad de un Estado inepto; esto es una exabrupto contra el derecho y la justicia.

La plata saldría de nuestro bolsillo . Algunos congresistas calculan el costo de la ley de víctimas en más de 40 billones de pesos en solo desembolsos monetarios, no contabilizan la infraestructura de la nueva agencia presidencial para las victimas ni las numerosas exenciones y subsidios en materia de seguridad social, educación, empleo, vivienda y tributación a las que tendrán derechos quienes se inscriban como víctimas.  Será el pueblo colombiano por vía tributaria quienes asumirán esos costos o renunciando a otros rubros de inversión y gasto social que afectarían negativamente el bienestar social y progreso económico de la mayoría de la población.

La inversión de la carga de la prueba. Otro asunto que raya en la majadería en esta ley, es el concerniente a la inversión de la carga de la prueba a favor de las víctimas, es decir que el tenedor actual de una propiedad se considera inmediatamente como usurpador y es él que debe demostrar que la tierra le pertenece, no el demandante. He ahí una arbitrariedad que le quitara a miles de propietarios su patrimonio, teniendo en cuenta la cantidad de avivatos que aparecerán argumentando ser víctimas y reclamando un terreno que no es el suyo, ya que se presume sin objeción alguna la buena fé del demandante. Ni los registros notariales, ni la escrituras ni muchos menos la tradición de la propiedad serán suficientes para demostrar la tenencia de la tierra.

Si la justicia es lenta, el ejecutivo es corrupto. La ley estipula la reparación por vía administrativa, argumentando la ineficiencia y lentitud de los tribunales de justicia, con lo cual se desconoce de un tajo la función constitucional de sistema y se le asignan parte de sus deberes a la burocracia del Ejecutivo. Es el fin del Estado de Derecho. Sería como si la victima de un hurto en lugar de recurrir a los tribunales vaya directamente donde el alcalde, gobernador o presidente a que le devuelvan inmediatamente sus pertenencias o su equivalente mientras el juez decide.

Las cosas al revés. Hay un afán del partido liberal y de sus promotores para que se apruebe la ley de víctimas sin ningún estudio previo del número de víctimas que cubriría la ley, ni de los costos totales de su aplicación y mucho menos de las fuentes de recursos para su ejecución. Esto con llevaría a montarnos a una locomotora sin saber hasta dónde llega la carretera y cuanto combustible nos queda. Si los promotores fueran responsables y serios primero habrían contratado un estudio serio que calculara número de beneficiarios, costos y fuentes, antes de embarcar al país es un proyecto tan oscuro e vago.

Los familiares de los bandidos son victimas .“La condición de víctima se adquiere con independencia de que se individualice, aprehenda, procese o condene al autor de la conducta punible y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”, es decir que la ley contempla que cualquier familiar de un delincuente puede presentarse como víctima, lo que permitirá que el Estado terminar pagando a miles de familiares de guerrilleros y paramilitares su  militancia en estas bandas.

Equiparación de las Fuerzas Legítimas del Estado con las Bandas Criminales. Reconocer que el Estado tiene agentes criminales contra la población civil es reconocer que en Colombia no hay Estado Social de Derecho sino una dictadura opresora y tiránica, un Estado que tiene un aparato y un plan sistemático para violar los Derechos Humanos. Los agentes del Estado entonces serian, no solo los miembros de las Fuerzas Armadas, sino los mismos funcionarios del gobierno, el congreso o los tribunales de justicia. ¿Sera que los honorables congresistas, ex funcionarios de gobierno, jueces y magistrados aceptaran que existen crímenes de Estado, admitiendo su responsabilidad en la violación sistemática de los derechos humanos de la población civil?

Continuidad de la Violencia. Aceptando que la violencia aun no tiene fin, en tanto que aún subsisten las bandas criminales generadoras de violencia; la ley de reparación y de restitución generara una ola incontrolable de nuevas víctimas y la aparición de nuevas bandas que por vía administrativa podrán lograr jugosas indemnizaciones y beneficios por parte del Estado. Se estima que la ley tenga una vigencia de 30 años, a lo largo de los cuales seguirán apareciendo violaciones por parte de las bandas criminales y nuevas víctimas, cuyos costos serian incalculables e insostenibles para el fisco nacional.

Restauración Nacional, No Reparación Sectorial. Colombia entera es víctima de una violencia generalizada única en el mundo que aún no ha sido controlada o exterminada. Somos víctimas de la subversión,  del narcotráfico, de la delincuencia común, del terrorismo pero también de la corrupción, la pobreza, de la injusticia social. Proponemos a los honorables congresistas que en lugar de estar discutiendo un la ley sin pies ni cabeza, sin asiento ni piso asuman el compromiso de proponer un Plan de Restauración Nacional, que incluya a toda la sociedad colombiana, a todos los sectores sociales y se discuta una visión a largo plazo de lo que queremos de nuestra amada Colombia en materia moral, social, jurídica, política y económica que le permita a todos los colombianos, que de alguna forma son víctimas, salir de esta situación de zozobra y crisis nacional que han afectado a Colombia durante tantas décadas.

Esa es la gran misión que esperamos de ustedes, nuestros representantes en el Congreso, la del diseño de una nueva Colombia para volver a vivir.

Abril de 2011