OTRA VEZ CONTRA ARIAS CABRALES

De nuevo contra Arias Cabrales

Por Álvaro Valencia Tovar

Es una lástima que el reducido espacio de una columna periodística no permita un tratamiento a fondo de los acontecimientos acaecidos en el Palacio de Justicia a raíz del asalto de un grupo terrorista del M-19 en la fecha más sombría de la sangrienta historia de la subversión en Colombia. En apretado resumen, lo ocurrido el 5 de noviembre de 1885 puede concretarse así:

* Un grupo de 35 terroristas del M-19, poderosamente armados con toda clase de elementos letales, irrumpió en el Palacio de Justicia, asesinando de entrada a los guardas civiles del edificio, en acción cuidadosamente preparada con meses de anticipación.

* La guarnición de Bogotá reaccionó en el acto, concentrando en la Plaza de Bolívar las tropas que su Comandante de Brigada consideró necesarias para efectuar el rescate, que no retoma, vocablo inexistente en castellano.

* El presidente de la República, Belisario Betancur, ordenó en el acto la operación militar, haciendo todo lo posible para rescatar con vida los rehenes, que no lo eran solamente los magistrados de la Corte y el Consejo de Estado sino los cerca de 300 visitantes que realizaban diligencias judiciales.

* Los terroristas, financiados por capos del narcotráfico para destruir los expedientes sobre extradición a cargo de la Corte Suprema, proclamaron sus objetivos usando los medios informativos; juicio al presidente Betancur como punto de partida en su camino hacia el poder, acusaciones contra la Fuerza Pública y la “clase gobernante”, en cuya procura persistirían hasta el fin.

* El Comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, distinguido oficial de brillante carrera militar, dispuso sus tropas para cumplir la orden presidencial, para lo cual se debía forzar la pesada poterna de la entrada. El comandante de elementos blindados dispuso para ese fin el derribamiento de dicha entrada por un carro blindado a fin de abrir paso a la fuerza de rescate y salida a cuantas personas resultara posible. Así se cumplió, y cerca de 300 personas, incluyendo funcionarios judiciales, fueron puestos en libertad. De ellos se han obtenido numerosos testimonios sobre los cuidados y solicitud de las tropas.

* En el interior del Palacio se libró una lucha feroz. Los terroristas, resueltos como lo habían prometido a vencer o morir, ofrecieron una dura resistencia que significó la muerte de 11 miembros del Ejército. Cumpliendo su compromiso con la mafia, prendieron fuego a los archivos, asesinaron a varios magistrados en el segundo piso y en el tercero concentraron a los demás, obligando al presidente de la Corte a exigir al presidente Betancur la suspensión unilateral del fuego y adelantar una negociación o masacrarían a los magistrados y arrojarían sus cadáveres a la calle. El Presidente ofreció desde el principio diálogo, no negociación, porque el Estado no se negocia y se negó a la suspensión del operativo.

* Defendido el acceso al tercer piso con ametralladoras y granadas, la Policía descendió desde helicópteros a la terraza para forzar la entrada desde arriba, lo cual fue impedido por el fuego de los terroristas. Estos, considerándose vencidos, cumplieron su amenaza “ejecutando” a los magistrados.

Las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes condujeron a la exoneración penal y disciplinaria de las entidades del Estado que habían cumplido con sus deberes constitucionales. Veinte años después, se nombra una “Comisión de la verdad” compuesta por tres ex magistrados de la Corte Suprema. El documento más contundente sobre los resultados de la Comisión lo constituye la comunicación que el ministro de Gobierno, Jaime Castro, de cuya idoneidad y rectitud nadie puede dudar, dirigió a la Comisión. Sin embargo, la “justicia” actual se ha ensañado contra el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega.

De los cabecillas que ordenaron el asalto nadie se acuerda. Todos gozan de libertad, ocupan cargos públicos y hasta una candidatura presidencial. Para el general Arias, la Fiscalía pide 40 años de prisión. A Plazas, una juez ordena internarlo en La Picota. ¿Podemos hablar de justicia en Colombia?