PALACIO DE JUSTICIA, REDIVIVO

El caso de Plazas Vega, recientemente liberado por la Corte Suprema, prueba que los fiscales iniciales, en particular Ángela María Buitrago, no se preocuparon por buscar la verdad y hacer justicia sino por encontrar chivos expiatorios y condenar a como diera lugar a los militares

Por Rafael Nieto Loaiza

Diciembre 27 de 2015

“Tienen que examinar todos y cada uno de los restos para no generar esta incertidumbre. Esta historia no se puede volver a repetir. Tienen que generar protocolos para el manejo de estas situaciones y no seguirles generando más dolor a las personas”, afirmó Sofía Velásquez, hija de María Isabel Ferrer, después de que se confirmara que partes del cuerpo de su madre habían sido identificadas por su ADN.

Ferrer era visitante ocasional del Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el M-19 y su paradero era incierto después de que se descubrió que en su tumba estaba Cristina Guarín, una de las supuestas desaparecidas por agentes del Estado. Ahora se ha confirmado que los pies de Ferrer estaban enterrados junto con Guarín.

La señora Velásquez pone el dedo en la llaga: la funesta conducción que la Fiscalía dio, hasta ahora, al caso del Palacio. Parte del problema fue el desastroso manejo de la escena del crimen por las autoridades de la época. Los cuerpos de los muertos y los restos calcinados fueron movidos sin ningún tipo de procedimiento y guardados en bolsas no individualizadas. Después Medicina Legal entregó cadáveres no claramente identificados y los demás fueron sepultados como NN en una fosa común en el cementerio del sur. Pero tras eso todo ha sido caos y manipulación por parte de la Fiscalía.

Pero si eso no bastara, la Fiscalía nunca hizo dos tareas obvias: la identificación de los cadáveres que fueron sepultados en la fosa común y exhumados en 1998 y la creación de una banco de ADN con los familiares de los supuestos desaparecidos, de manera que fuera posible cotejar los restos. Al menos desde el 2010 se viene insistiendo en la urgente necesidad de hacer ambas tareas. Yo mismo, en mi calidad de primer agente del Estado en el caso frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo pedí en varias ocasiones.

Pero la nueva Fiscal encargada del caso ha hecho una tarea sobresaliente: se han identificado los restos de tres de los “desaparecidos” y de la señora Ferrer. Aunque hay deberes por hacer:

Crear un banco de ADN, no solo de los familiares de los “desaparecidos”, con certeza técnica de su parentesco, sino también de los de todos aquellos que fueron entregados en 1985 para su sepultura. Es evidente que hubo errores en la entrega y que hay restos de más de una persona en algunas tumbas.
Cotejar todos los restos, uno por uno, en cada una de las más de noventa cajas que hay en la Fiscalía con cuerpos completos y desmembrados.
Iniciar una investigación para establecer responsabilidades entre los miembros de la Fiscalía y del CTI que, como mínimo, no hicieron las tareas que les correspondían.
Suspender los pagos ordenados por la Corte Interamericana. Ya hay certeza de que al menos cuatro de los supuestos desaparecidos nunca lo fueron. Aparecerán más.
Establecer las responsabilidades políticas, empezando por la ministra de Justicia de la época, Ruth Stella Correa, por el esfuerzo dirigido a debilitar la defensa del Estado ante esa Corte.
Verificar si, como en el caso de Mapiripán, hubo familiares de los supuestos desaparecidos que mintieron con miras a obtener de la justicia interna e internacional compensaciones monetarias que no les correspondían, estudiar la responsabilidad de sus abogados, y adelantar las investigaciones penales pertinentes. Y a propósito, ¿en qué van las investigaciones de la Fiscalía sobre los engaños de Mapiripán?
Continuar con la investigación de los responsables del asesinato de Irma Franco, la guerrillera que, ella sí, fue desaparecida en los hechos del Palacio.

…

A los lectores gracias por su paciencia y sus críticas. Y mis deseos para que el 2016 que llega esté lleno de salud, trabajo y felicidad.