UN PRESIDENTE BAJO INFLUENCIA

Un presidente bajo influencia

Conscientes de la influencia que ejercen sobre Santos, las Farc imponen en Cuba sus criterios.  En lugar de suspender las negociaciones, Santos se bajó aún más los pantalones ante los violentos y ordenó la suspensión de fumigaciones de los narco cultivos en la región del Catatumbo y en la frontera con Ecuador. Por tales calamidades Santos perdió la confianza de los colombianos

Por Eduardo Mackenzie

28 de julio de 2015

Por segunda vez en menos de cuatro meses el presidente colombiano Juan Manuel Santos decidió suspender los bombardeos contra los agresivos destacamentos de las Farc. Se trata de una concesión militar mayor a las Farc, y un golpe insólito y severo al sistema de defensa del país.

En el periodo de 2002 a 2010, las operaciones de la Fuerza Aérea de Colombia (FAC) habían logrado frenar la expansión de esa guerrilla, al parar en seco sus concentraciones de tropas y sus ataques más brutales. Los golpes de la Fuerza Aérea arrinconaron y atomizaron  a las Farc, quebraron su estructura de mando y desalentaron su línea de captar masivamente rehenes civiles y militares para inflar su imagen de depredador victorioso.

De hecho, la nueva orden de Santos de clavar en tierra los aviones de combate hace regresar a Colombia a una situación de gran inestabilidad y riesgo. Esa medida es, sobre todo, una consecuencia de tres años de negociaciones “de paz” en La Habana, cuyo balance global es este: las Farc están más fuertes que antes y el Estado colombiano está más débil que antes. Débil no porque la estructura militar y policial del Estado haya sido vencida o minada del todo sino porque el centro político gubernamental que la dirige es cada vez menos capaz de orientar el esfuerzo para reprimir y desorganizar la narco-guerrilla e imponerle a ésta un acuerdo de paz que refuerce el sistema democrático.

Ocurre lo contrario. Ante un adversario débil, las Farc impusieron en la mesa de negociación una línea de acuerdo de paz que pone en peligro la continuidad del sistema democrático.

Santos ha logrado presentar, sobre todo en las capitales extranjeras, su gestión “de paz” como algo muy positivo: él estaría logrando una “reducción de la intensidad del conflicto armado” y una autodisolución de las Farc. En consecuencia, él avanza a grandes pasos hacia un cese definitivo de hostilidades en noviembre de 2015. Santos da por sentado que él será recompensado con el próximo premio Nobel de la paz.

Ese esquema ficticio de exportación sirve para justificar todo, sobre todo la serie de concesiones sin contrapartida al bloque terrorista. Conscientes de la influencia que ejercen sobre Santos, las Farc imponen en Cuba sus criterios: una vez firmada la paz no entregarán las armas, no se someterán a la justicia, no entregarán las tierras robadas a la población, ni entregarán sus narco cultivos, ni sus redes de tráfico y blanqueo de dinero. Por el contrario: exigirán unas áreas enormes (las tristes “zonas de reserva campesina”) donde las Farc harán lo que quieran sin control alguno. Piden que les otorguen escaños en el Parlamento, y que los doten de un completo sistema de prensa escrita y audiovisual. Y, lo más importante, las Farc no reconocerán la democracia. Exigen una nueva Constitución cuya redacción deberá encajar con sus esquemas colectivistas. Eso han proclamado las Farc sin que Santos reaccione de manera consecuente. Por el contrario, su política de acomodamiento se intensifica. Suspendió las extradiciones de narcoterroristas hacia Estados Unidos e intriga en secreto ante Washington para que éste deje en libertad a Simón Trinidad, un jefe de las Farc encarcelado en Estados Unidos por el secuestro de tres estadounidenses.

La insistencia de Santos en sacrificar el arma aérea, la más temida por las Farc y por las demás organizaciones ilegales armadas, completa de esa manera el dispositivo que el castrismo se han esforzado por establecer desde el comienzo de las conversaciones en Cuba: impedir de la relación militar de fuerzas que existía hasta 2010, tan desfavorable para la subversión, prevalezca e impida un avance fulgurante de las Farc en la negociación política.

Esa es, grosso modo, la situación de ese proceso. No obstante, Santos presenta las cosas de manera diferente. Santos dice: “Hemos acordado ir desescalando el conflicto. Eso qué significa: menos muertes. Menos sufrimiento, menos víctimas. Dada la declaración que hizo las Farc (sic) he dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos, solo se podrán realizar por orden explícita del Presidente. Esta decisión será efectiva si los campamentos no constituyen amenaza para la población, la fuerza pública, la infraestructura o hacen proselitismo”.

¿Menos muertes? ¿Menos proselitismo? La experiencia no confirma tal pronóstico. El 15 de abril, después de que Santos ordenara por primera vez la suspensión de bombardeos contra las Farc, once militares fueron masacrados por éstas en un pueblito del Cauca. Otros 20 militares quedaron heridos. Hacía años que las Farc no le propinaban al Estado un golpe tan fuerte. Las Farc localizaron un grupo de soldados, reunieron tropas y atacaron durante la noche. El combate duró varias horas pero los militares no fueron ayudados. La Fuerza Aérea argumentó que las condiciones atmosféricas habían impedido el envío de un avión para repeler el ataque. A eso llevó esa primera orden de amarrar a la FAC.

Esa matanza desató una ola de indignación en el país y mostró que la tregua ofrecida por las Farc era una estratagema para golpear al Ejército y obligarlo a ceder en todos los terrenos. El 18 de marzo, en Mapiripán (Meta), en pleno cese al fuego “unilateral”, las Farc capturaron en combate al soldado Mario Perdomo Rodríguez. Resultado: lo amarraron a un árbol y lo incineraron vivo. La familia del militar le pidió explicaciones a Santos. La respuesta vino del Ejército: el soldado Perdomo había muerto “de un disparo”.

En lugar de suspender las negociaciones, Santos se bajó aún más los pantalones ante los violentos y ordenó la suspensión de fumigaciones de los narco cultivos en la región del Catatumbo y en la frontera con Ecuador.

Por tales calamidades Santos perdió la confianza de los colombianos. Según las encuestas, el mandatario ahora es apoyado únicamente por el 27% de la opinión. Y ésta rechaza el “proceso de paz con las Farc”: solo el 26% cree que eso.

Como Santos volvió a autorizar el uso (teórico) de la FAC contra el narcoterrorismo, las Farc respondieron, desde el 22 de mayo, con una nueva serie de atrocidades. Sobre todo en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Cauca y Norte de Santander, donde atacaron a la población civil, destruyeron torres de energía y oleoductos, causaron desastres ecológicos y mataron militares y policías en emboscadas o mediante minas antipersona.

El 27 de julio se supo, gracias a un informe de la Fundación Ideas para la Paz, que las Farc “causaron problemas de alto impacto” durante los dos meses que estuvo suspendido el cese el fuego unilateral. Ese documento dice que en 109 ataques al Ejército, las Farc “causaron el desplazamiento de 500 campesinos”, y que en las 135 acciones violentas registradas en ese período hubo dos civiles muertos y 30 civiles heridos, 34 militares muertos y 62 militares heridos, y 24 guerrilleros muertos. Hubo también, según esa fuente, 48 hostigamientos, 2 ataques a personal militar, 1 bloqueo de vías y 54 ataques contra la infraestructura (18 contra el sector petrolero, 16 contra el sector eléctrico y 20 contra carreteras y vehículos).

Ante ese panorama, la oposición, y hasta algunos aliados del gobierno, pidieron la suspensión del proceso de paz. Algunas voces pidieron la destitución del jefe de Estado. Un analista de la oposición, Héctor Hoyos Vélez, escribió: “Debemos exigir que Santos no gobierne más” (…) pues él no combate el terrorismo y se empeña en seguir una línea de “engaños, trampas, manipulaciones, narco y Farc política, crímenes de Estado y compra de conciencias”. Por eso, concluye, “es necesario someter a juicio al jefe de Estado, es necesario su retiro del cargo, es necesaria su renuncia o lo que sea procedente, pero Santos no debe gobernar más” (1).

Por su parte, el ex presidente y senador Álvaro Uribe le sugirió a Santos que, sin levantar la mesa de La Habana, organizara la concentración de las Farc  en una zona bajo control estatal, como Uribe había hecho cuando logró la exitosa desmovilización de más de 35 000 paramilitares.

Uribe interpreta así un deseo de la gente. Según la encuesta de Datexco, sólo un 17% considera que se debe seguir negociando con las Farc en medio del conflicto. El mismo sondeo dijo que sólo un 9% es partidario de llegar a un cese bilateral de fuego. Santos, empero, rehusó erigir esas condiciones y trabajar por la concentración de las Farc en una zona para que dejen de matar. Lo que hizo fue pedirle a la prensa y a las Fuerzas Armadas que dejaran de insultar a las Farc llamándolas terroristas y criminales.

Mientras que las Farc juegan la carta del cese al fuego unilateral, el ELN, aliado ahora a las Farc, después de disputarse violentamente con ellas ciertos territorios, aumenta sus ataques. Ese reparto de tareas, exigido por la dictadura cubana a sus peones en Colombia, es el resultado de un pacto secreto de colaboración. En octubre de 2014, los cabecillas de las dos bandas, Rodrigo Londoño, alias Timochenko,  y Nicolás Rodríguez, alias Gabino, se reunieron en Cuba. El encuentro fue facilitado por Sergio Jaramillo, comisionado de Santos para la Paz (2). La excusa dada a la prensa fue que en tal cónclave los jefes terroristas “analizarían la marcha de las negociaciones de paz entre las Farc y el gobierno colombiano”, ante la perspectiva de que un día habrá una “incorporación del ELN al proceso de paz”.

A finales de abril de 2015, hubo otra reunión similar en Cuba. Ante la presión de los diarios, el presidente Santos admitió, el 12 de mayo,  que él había autorizado esa extraña reunión. Humberto de la Calle, su jefe negociador en La Habana, trató  de minimizar el alcance de ese gesto afirmando que la reunión había sido corta “y alejada de la mesa de diálogos”.

Poco convencido, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, abrió un expediente acerca de la legalidad de ese acto del jefe de Estado. Pues ante la doble ofensiva de las Farc y del ELN, Santos evita (o no logra) imponer correctivos militares coherentes, como si la orden de no bombardear tuviera que beneficiar también al ELN. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en todo caso, abrió una investigación sobre el presidente: el abogado Guillermo Rodríguez había acusado a Juan Manuel Santos de “prevaricato por omisión y traición a la patria” por haber autorizado el viaje de Timochenko a Cuba. La investigación, parece,  sigue su curso.

En ese contexto, las Farc saludan las medidas de Santos y piden más, mientras que el país se expresa en sentido contrario. En los últimos días se supo que las Farc, con la venia de Santos, contarán con 17 guerrilleros más en La Habana y que el equipo de negociadores del presidente fue reforzado con tres  personalidades especializadas en “justicia transicional”.

Lo más patético es que las Farc, mientras prometían un “cese al fuego unilateral” a partir del 20 de julio, estaban organizando, al mismo tiempo, un enorme atentado contra las fuerzas militares y de policía que desfilarían ese mismo 20 de julio en la capital: 332 kilos de explosivos fueron descubiertos por las autoridades en un inquilinato en pleno centro de Bogotá. Así va la pretendida “reducción del conflicto” en Colombia.

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(1).- http://periodicodebate.com/index.php/opinion/columnistas-regionales/item/8487-santos-no-debe-gobernar-m%C3%A1s

(2).-Ver:http://www.havanatimes.org/sp/?p=99899#sthash.kYuJrfUy.dpuf