PROCESO DE PAZ CON LAS FARC: ESPERANZAS Y RIESGOS

Proceso de paz con las Farc: esperanzas y riesgos

Por Enrique Saavedra Valdiri

Noviembre 30 de 2012

Se instaló en Oslo la mesa de diálogos con las FARC. Después los  frustrados intentos de Caracas, Tlascala y San Vicente del Caguán, ¿Qué le hará pensar al gobierno que esta vez si es seria la voluntad de paz del grupo armado?

El proceso nació del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado en La Habana, el pasado 26 de agosto. Dicho acuerdo es la primera etapa en la búsqueda de una salida política a la violencia guerrillera de medio siglo. La segunda etapa es la que se está llevando a cabo en La Habana y que podría concluír con la firma de un acuerdo de paz. La tercera parte, si la hay, sería la implementación de lo acordado, lo cual podría durar entre uno y dos años y consistiría en la desarticulación del grupo guerrillero.

La aprobación del ‘Marco Jurídico para la Paz’, de la ley de ‘Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras’, son apenas dos instrumentos que venían tejiéndose clandestinamente al país y que alistaban el camino para una eventual paz con las FARC.

La paz es el anhelo más grande del pueblo colombiano. Toda gestión encaminada a la erradicación de la violencia es loable y digna de apoyar. Pero no debe renunciarse a un espíritu crítico y aceptar como dogma que las FARC querrán desmontar su empresa criminal para que a partir de esta navidad los colombianos podamos tener un país mejor.

El gobierno debe velar porque los dialogos promuevan la desmovilización y no la figuración internacional de las FARC. La experiencia enseña que a todo proceso de paz exitoso, antecedieron unas precisas condiciones de conveniencia, de pertinencia de los temas y validez jurídica de lo que se llegare a acordar:

¿Es el momento indicado?  El gobierno debe preguntarse por el supuesto interés de las FARC para negociar su desmovilización, contar toda la verdad de sus crímenes, liberar a todos los secuestrados, entregar sus armas, abandonar el narcotráfico y someterse a la justicia transicional ó, eventualmente, obtener un indulto.

Si esta voluntad no resulta fácil de establecer a medida que avanzan los diálogos, deberá impedirse que los díalogos se conviertan en una nueva estrategia dilatoria de las FARC para recomponerse política, militar e internacionalmente. Si algo debe aprenderse del Caguán es que solo se justifica negociar cuando hay buena fe de la guerrilla. Y para empezar, no parece un buen augurio su declaración de no tener ningún secuestrado en su poder, de jamás haberse financiado con dineros provenientes del narcotráfico, y la advertencia de no sentirse cobijados por el plazo de meses y no de años, que el gobierno se fijó para llegar a un acuerdo final.

Los diálogos de paz se inician en el marco de la mayor ofensiva terrorista de los últimos años contra de la población y la infraestructura energética del país. Solo en 2012, se han producido 164 ataques contra la fuerza pública, el doble que en 2008. Desde 2010, la violencia del ELN y de las FARC ha afectado 270 municipios, incluido el Distrito Capital. En este período, se ejecutaron 1660 acciones violentas que afectaron directa o indirectamente a 16 millones de personas.

Los atentados contra la infraestructura petrolera han crecido este año un 175% con relación a 2010. Los ataques contra el sistema de interconexión eléctrica pasadon de 24, en 2010, a 60, solamente en el primer semestre de este año. En igual periodo, se duplicaron los retenes ilegales con relación al año pasado*.

Un eventual acuerdo de paz estaría regido por el Marco Jurídico para la Paz (MJP) y por la ley orgánica que lo reglamente, la cual a la fecha no ha sido expedida, y apenas se empieza a discutie en el Congreso. Si estamos ante un proceso que “no será de años sino de meses”, como lo afirma el presidente, no se contaría con tiempo suficiente para la aprobación de esta ley al momento de la firma del eventual acuerdo definitivo, y no habría claridad sobre los requisitos a que estaría sometido el proyecto que se trabaje en la mesa entre las partes. Además, al desarrollarse simultáneamente los dialogos en La Habana con las sesiones en el Congreso de la ‘Ley de Paz’, podrían contaminarse ambas cosas (los dialogos y las sesiones parlamentarias), a falta de reglas claras establecidas desde el comienzo.

¿Son pertinentes los temas planteados en la mesa?  La agenda contempla cinco temas: desarrollo rural, participación en política, el fin del conflicto armado, narcotráfico, y reparación a las víctimas.

Un avance frente a los diálogos del Caguán es la concresión de los temas planteados. Pero, con excepción de la participación en política de los movimientos que surjan como consecuencia de la desmovilización, los demás asuntos son del resorte del gobierno y del  Congreso y no los propios de un acuerdo de paz.

Un acuerdo de paz  debe buscar la desmovilización de los alzados en armas para su reinserción a la vida civil. Eventualmente, podría negociarse su derecho de participar en política, como sucedió con el M-19. Pero es claro que ese grupo pudo llevar a cabo su ‘programa político’ solamente actuando dentro de la democracia, representado a un electorado en las corporaciones de elección popular, y no lo hizo como actor armado en la mesa de díalogos del gobierno del presidente Gaviria. En ese proceso se discutió el cese al fuego, la desmovilización, la reinserción y la participación en política, nunca los temas sustenciales del país.

Lo contrario puede resultar una invitación a los sectores que no logren triunfar por la vía democrática, para que lo hagan recurriendo a la combinación de las formas de lucha pues, al final, terminarán negociando con el establecimiento el proyecto de país que no pudieron validar en las urnas.

¿Qué validez tendría un eventual acuerdo de paz? El Marco Jurídico para la Paz (MJP) garantiza la participación en política de los desmovilizados, con exepción de los autores de delitos atroces y de lesa humanidad. La diferencia con al proceso con el M-19 y con los dialogos del Caguán, es que para esas fechas el estado colombiano gozaba de amplia autonomía para concederle impunidad a los actores violentos en el marco de una negociación, en tanto que ahora se encuentra sujeta a estándares internacionales del derecho internacional, tales como el Estatuto de Roma, por el cual se le otorga jurisdicción en Colombia a la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar y juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, cuando la justicia de nuestro país por cualquier motivo se abstenga de hacerlo, sin hacer ningún tipo de excepción por motivos de ‘conexidad’ para la persecusión penal, como sería la intensión de la Ley de Paz; ello sin contar las dificultades que, en el campo del Derecho Internacional, ocasionarían el reconocimiento de ‘status político de beligerancia’ a una organización que se ha financiado del narcotráfico.

Las FARC, hace tres años, dejaron pasar la oportunidad histórica de acogerse a un tratamiento mucho más benévolo que hubiera podido darles el Estado colombiano y la comunidad internacional.

La instalación de la mesa, a las afueras de Oslo, muy dogmático y poco pragmático, dejó ver que persisten en defender la vigencia de sus tesis por encima de llegar a un consenso que les permita obrar por vías democráticas.

Sin duda es una apuesta arriesgada la del presidente Santos la cual, por bien del país, deseamos que resulte exitosa. Sin embargo, hechos tozudos como el crecimiento de la presencia guerrillera en el país, que ha recobrado su presencia en 50 municipios de donde había sido sacada, sumados a la tasa de crecimiento de sus miembros, que a finales de 2010 eran 6800 y ahora se calculan en 9000**, muestran la urgencia de mirar con lupa los acontecimientos, pues si continuara el tono altisonante de las FARC y la frecuencia de los actos terroristas, no habría motivo para permanecer en una mesa que solo le serviría a las FARC para su recomposición estratégica y militar, y su legitimación en el esenario internacional.

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*Cifras divulgadas por la Fundación Seguridad y Democracia.

** Esta estadística fue revelada por el expresidente Uribe en Medellín, en un conversatorio durante la presentación de su libro No hay causa perdida. En dicha ocasión dijo que, de haberse mantenido la tasa de bajas y desmovilizaciones de su gobierno, hoy las FARC solo contarían con 2000 hombres y sería más facil negociar con ellas.