RESPUESTA DEL PROCURADOR ORDÓÑEZ A AIDA AVELLA

Respuesta del Procurador Alejandro Ordóñez a Aida Avella

El 13 de abril pasado, la presidente de la Unión Patriótica, Aida Avella, célebre por sus montajes y señalada en el pasado de ser coautora de homicidios y masacres, le dirigió al Procurador Ordóñez una agresiva carta abierta donde lo acusa de estar aliado con genocidas, torturadores. paramilitares y despojadores de tierras. Al siguiente día, el Procurador le respondió todas esas acusaciones. Acá está la carta:

Bogotá, 14 de abril de 2016

Señora

AIDA AVELLA ESQUIVEL

Presidenta Nacional UP E.S.D.

Señora Avella:

Respecto a su carta del día de ayer: Todas y cada una de las acciones que adelanta el Procurador General de la Nación esta ceñidas estrictamente a las obligaciones constitucionales que le impone el artículo 277 y el Decreto 262 de 2000. Ese marco jurídico obliga a la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos, sin discriminación alguna y, por supuesto, de forma preponderante, los derechos de las víctimas de los grupos terroristas FARC, ELN, AUC o de agentes estatales.

Creo firmemente en la urgencia de la paz y en la necesidad de alcanzar pronto el fin de la violencia y del crimen que desatan las guerrillas y las bandas criminales, así como que nurica más exista una violación de derechos humanos por agentes estatales. Pero la búsqueda de la paz requiere superar el lenguaje de odio y de agresión que tanto daño ha hecho en la historia de país, al igual que sujetarse a la realidad de los hechos. La mentira y la estigmatización no contribuye, señora, a la paz.

La paz también exige que la aplicación de la justicia transicional, en este caso, de la restitución  de tierras sea la base de la reconciliación, no de nuevos conflictos.

Sin duda, en Colombia existió el más grave desplazamiento sucedido en el hemisferio; tampoco  cabe poner en cuestión las millones de víctimas, ni la responsabilidad de los grupos armados ilegales y de agentes estatales. Se construye paz reconociendo la responsabilidad de todos y la que a cada uno corresponde, incluidas las de las estructuras políticas y aquellas que en la sociedad civil fueron funcionales para esas organizaciones criminales. Los discursos políticos no pueden justificar los graves crímenes contra la humanidad.

Ciertamente, detrás de las masacres sobrevino el desplazamiento y luego el despojo de tierras. El estado social de derecho que nos rige no puede aceptar que los victimarios queden en la impunidad y no cumplan reclusión efectiva  y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos, sin importar  quienes hayan sido. No  es coherente pedir penas severas para los paramilitares  al tiempo que justificar que por iguales atrocidades los perpetradores de las FARC ni cumplan un solo día de reclusión. La misma rigurosidad cabe frente a los despojadores. No debe distinguirse entre los despojadores para favorecer  a unos u a otros. Todos son iguales.

La ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es un instrumento para la paz, no para generar nuevos  conflictos. Lamentablemente, requiere ser ajustada para fortalecer la restitución, nunca para frenarla, ponerle obstáculos o desmontarla, como algunos han señalado.

¿Cuál es la observación de la Procuraduría? Múltiples sentencias judiciales corroboran que si bien procedió la restitución, en algunos casos quienes aparecían como propietarios del predio no tuvieron ninguna relación con el hecho victimizante, ni con los victimarios. Por el contrario, compraron la tierra de buena fe, pagaron el precio que correspondía y no existió ningún tipo de presión en la transacción del bien. En determinados eventos se trató de personas que son cuartos o quintos en la cadena de tradición del predio, por completo ajenas al contexto de violencia.

El experto en materia de tierras, Alejandro Reyes, quien fue asesor del Gobierno Nacional en la elaboración, discusión y aprobación de la Ley 1448 de 2011, comprometido defensor de la restitución, describió la siguiente situación en el diario El Espectador, el pasado 5 de diciembre:

“La violencia pasa su cuenta de cobro a la población porque se deteriora la economía y todos los  activos, tierras, viviendas y empresas valen menos. Cuando se supera la violencia y se restablece la inversión, los activos se valorizan de nuevo en cabeza de quienes se quedaron con ellos, bien sea porque no vendieron o porque compraron a quienes emigraron fuera del territorio. En ambos casos, se trata de una valorización no sólo lícita sino también legítima en cabeza de quienes resistieron la violencia.

Muchos reclamantes de tierras han visto en la ley de restitución una oportunidad para recuperar la valorización que perdieron cuando abandonaron la región. Al reclamar los predios valorizados de vuelta, definen a /os actuales dueños como victimarios y despojadores, les imponen la carga de probar que adquirieron de buena fe exenta de culpa y los exponen a que Ja justicia Jos despoje legalmente de su propiedad, con una compensación en el mejor de Jos casos. Esta es una situación a todas luces injusta para Jos dos participantes en el proceso: injusta Ja pérdida patrimonial de quien es tratado como despojador sin serlo, e injusto el enriquecimiento sin causa para el reclamante que no fue despojado y consigue deljuez la restitución del predio”.

El experto registra el siguiente caso: “En las regiones donde predominó el abandono forzado sobre  el despojo propiamente dicho, como los Montes de María, hubo un activo mercado informal de tierras entre conocidos y vecinos, que ahora muchos vendedores quieren revertir, causando inseguridad en Ja tenencia, para capturar el mayor valor de Ja tierra trabajada por otros”.

Esa es la realidad. La Procuraduría no puede estar pasiva ante denuncias como ésta. El papel del Ministerio Público de velar por la vigencia del orden jurídico y defender los intereses de la sociedad. No llamar la atención del Gobierno Nacional y negarse a escuchar a todos los sectores de la sociedad por igual sería faltar al deber constitucional.

Más allá de los discursos de consigna, los hechos muestran que muchas de esas personas son humildes campesinos y trabajadores rurales, no testaferros de las FARC,. el ELN o las AUC. No se puede generalizar calificando de criminales a quienes actuaron en el marco de la ley y de ninguno modo tienen relación con aparatos delincuenciales.

La Ley se hizo para perseguir al despojador, no para criminalizar al campesino o al empresario. El Estado tiene la obligación de restituir la tierra y reparar a las víctimas, pero no puede desconocer el debido proceso, los derechos de los demás ciudadanos, ni consagrar presunción de delincuente según la condición socioeconómica que se tenga o los odios de clase.

Lo que se debe hacer es garantizar plenamente los derechos de las víctimas a la restitución, perseguir judicialmente a los despojadores y garantizar los derechos de quienes adquirieron tierras de buena fe y legalmente. Hacerlo es indispensable para evitar nuevos conflictos y nuevas víctimas. La reconciliación solo se podrá lograr administrando justicia y garantizando los derechos de todos.

Atentamente,

Alejandro Ordóñez Maldonado

Ve acá la carta de procurador a Aida Avella