SANTOS Y LOS NIÑOS-BOMBA: LEGALIZANDO EL DELITO

Santos y los niños bomba: legalizando el delito

Las conductas delictivas de estos grupos terroristas deben individualizarse y someterse a los criterios y normas jurídicas para determinar el daño sufrido y de esta forma aplicar una pena real, ejemplarizante y justa

Por John Saulo Melo

Junio 12 de 2014

Juan Manuel Santos, “expresó su enfática condena a este hecho y aseguró que tarde o temprano los responsables de este crimen “caerán, serán llevados a la justicia y condenados porque tarde o temprano caen los delincuentes“. (El Tiempo, mayo 16 de 2014).

Declaración contradictoria del Presidente candidato Juan Manuel Santos, ante uno de los innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos por el grupo terrorista de las FARC, al utilizar menores de edad como kamikazes en contra de la población civil en Colombia y, como sifuera poco, el mal llamado fiscal Eduardo Montealegre propone aplicar un modelo de justicia restaurativa en el juzgamiento de los guerrilleros después de firmar un acuerdo de paz, de manera que los que cometieron delitos de lesa humanidad “no vayan a la cárcel, sino que se les apliquen penas alternativas”.

El delito, definido como el juicio de desvalor que recae sobre una conducta típica en la medida que ésta vulnera o ponga en peligro un bien jurídicamente tutelado, concepto que el fiscal desconoce, olvida, tergiversa o, ante la aberración de brindar penas alternativas a los terroristas, utiliza como sofisma para engañar a todos los colombianos, olvida además que la pena tiene imperativamente un carácter retributivo, proporcional por el daño que el individuo causó a la sociedad.

Quiere decir esto que las conductas delictivas de estos grupos terroristas deben individualizarse y someterse a los criterios y normas jurídicas para determinar el daño sufrido y de esta forma aplicar una pena real, ejemplarizante y justa.

En el sentido amplio se entiende como crimen de lesa humanidad o crimen contra la humanidad cualquier conducta tipificada (reglada en un código), como asesinato, exterminio, desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, secuestro, desaparición forzada, reclutamiento de menores, o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Conductas abiertamente  desplegadas por las FARC y el ELN que imperativamente deben ser juzgadas y castigadas acorde al ordenamiento jurídico colombiano o, si éste no está en capacidad de hacerlo, por la Corte Penal Internacional, de acuerdo al bloque de constitucionalidad y el tratado de Roma, suscritos por el Estado colombiano.

Como ejemplo de lo anterior citemos algunos pocos delitos cometidos por los miembros de las FARC: Ejecuciones de miembros de las Fuerzas Armadas colombianas con ‘tiros de gracia’, la incineración de cadáveres y la utilización de éstos para albergar explosivos, así como el uso de armas prohibidas por el derecho internacional como cilindros de gas y minas antipersonales”, el secuestro y posterior asesinato con tiros de gracia a los diputados del Valle.

A lo anterior sumemos el reclutamiento forzado de niños campesinos e indígenas, asesinando a sus progenitores y forzándoles de

acuerdo a informes desde los cinco años de edad al adoctrinamiento y al uso de armas, el desplazamiento forzado, la masacre de civiles en Bojaya (Chocó) en el año 2002, en donde se determinó que el principal responsable de la masacre fue, sin lugar a dudas, el grupo guerrillero de las FARC, que reconoció como en pocas ocasiones públicamente haber lanzado un cilindro-bomba que causó la muerte violenta de más de 70 civiles, heridas a más de 80 personas y la destrucción total de una iglesia e inmuebles a su alrededor; la muerte, torturay ajusticiamiento violento de dos policías en plenos diálogos en la Habana, la utilización de dos niños bombas que engañados explotaron dos granadas cuyo término de detonación era tan solo de tres segundos, y varios más.

Sin embargo, en reiteradas comunicaciones desde la Habana y secundados por  el gobierno Santos, este grupo criminal y terrorista mantiene su nefasta sentencia de no pagar ni un solo día de cárcel, de no decir la verdad y, más grave aún, de no reparar a las miles de víctimas a causa de sus delitos atroces cometidos en contra de todos los colombianos, punto importantísimo porque, como lo han manifestado los negociadores por parte del Gobierno de Santos, es el Estado el llamado a reparar a las miles de víctimas, es decir todos los colombianos nos convertimos intrínsecamente en delincuentes.

¿Cuál será el costo material? ¿se crearan más impuestos? ¿de dónde saldrá el dinero? Preguntas aun sin responder por parte del gobierno.

¿Acaso no son las FARC los delincuentes? ¿No son ellos los victimarios, los que penalmente tienen la obligación de responder y reparar? ¿No son ellos los que deben decir la verdad? ¿No son ellos los que deben decir dónde están los miles de secuestrados y desaparecidos? ¿No son ellos los que tienes que decir donde están las fosas comunes? ¿ No son ellos los que deben sacar de sus filas a los centenares menores de edad y que puedan regresar a sus familias? ¿No son ellos  los que deben dejar de asesinar y secuestrar?.

En una de sus conferencias el fiscal Montealegre pomposamente expresó que como ejemplo deberíamos seguir lo ocurrido con el proceso de Paz en Ruanda en cuanto a la justicia restaurativa, aduciendo que quienes habían cometido delitos contra la humanidad en esa nación, habían sido perdonados. No sabemos si por ignorancia o nuevamente por querer con dolo engañar a  los colombianos, o por querer justificar el mal llamado Marco para  la Paz dijo semejante torpeza, la verdad es la siguiente en cuanto al tema:

Los objetivos principales de lagacaca, según el presidente ruandés, son tres:

“Primeramente, luchar contra la impunidad llevando ante la justicia y a la cárcel a aquéllos que cometieron crímenes. En segundo lugar, la reconciliación. Y el tercer objetivo esaveriguar la verdad sobre lo que pasó durante el genocidio. Queremos saber quién fue responsable, por qué una parte tan grande de la población se implicó en los crímenes, cómo se involucraron. Queremos respuestas a estas preguntas”.

Kagameconsidera que la gacaca puede llevar a la reconciliación “porque conlleva laparticipación de la población. Ésta sentirá que el proceso le pertenece, que tieneun foro para hablar, y si se apropia del proceso eso le ayudará a aceptar sus resultados.Además, que los hechos salgan a la luz, que se discutan y de esta formacontribuir a curar las heridas. Justicia en Ruanda).

Según el informe rendido en Ruanda ante la Corte Penal Internacional, los delincuentes sometidos a juicio deben obligatoriamente pagar penas de prisión y sin ningún tipo de beneficio.

Recogiendo las palabras del propio hermano del Presidente Santos, GUILLERMO SANTOS CALDERÓN del 06 de junio de 2014 cuando dijo:“El no votar por Santos no me convierte en enemigo de la Paz. Atrevido el presidente al calificarnos así a los que no votamos por él. Lo que si no aceptos es tener a narcotraficantes y terroristas en el congreso, sin que paguen cárcel y sin entregar las armas, gracias a él.”

En consecuencia de lo anterior, todos los colombianos debemos formar un frente común para impedir el engaño por quienes pretenden legalizar el delito.