UN FRAUDE AL DESNUDO
En el año 2000, paramilitares sacaron a una educadora de la escuelita donde laboraba y la asesinaron. A pesar de no ser sindicalista, fue añadida en las bases de datos en compañía de otra supuesta víctima, un tal Juan José Neira. ¿Otro educador asesinado? No, un prócer de la independencia que le da nombre a la escuelita
UN FRAUDE AL DESNUDO
Por Saúl Hernández
Agosto 30 de 2011
No es un secreto que el TLC con EE. UU. nos ha sido negado por la labor de zapa que algunos sectores de la izquierda han hecho ante el Tío Sam para desprestigiar a Colombia en materia de derechos humanos; más concretamente en lo relativo a la muerte de sindicalistas y a los obstáculos a que, probablemente, se ve sometida la actividad sindical.
Nadie niega que hay crímenes de sindicalistas; valga decir, por su actividad sindical. Pero se ha sembrado, con propósitos políticos y económicos, la noción de que “Colombia es el país más peligroso de la Tierra para el sindicalismo”. Ese mito, y la trama como fue urdido, es lo que viene a develar un sesudo estudio del investigador Libardo Botero Campuzano, un economista experto en lides sindicales que además conoce bien el diablo por dentro, como que fue uno de los más prestantes intelectuales del Moir en los años setenta.
En las más de 400 páginas de ‘El gran fraude’ (se consigue en el sitio web http://www.
En primer lugar, se ha alimentado el sofisma de que la actividad sindical es una tarea particularmente violentada en el mundo. Sin embargo, fácilmente se desmiente esa hipótesis: la tasa global de homicidios por cada cien mil habitantes (THPCM) es de 8, mientras la de sindicalistas es solo de 0,06. En Colombia, según la Escuela Nacional Sindical (ENS), la THPCM para sindicalistas fue de 4,7 en el 2007, mientras la del país ha rondado los 40 en los últimos años. Claro que por la alharaca que se hace cualquiera creería que es al revés.
En segundo término, tenemos que en las estadísticas de sindicalistas asesinados en Colombia no se suele discriminar el móvil del homicidio con el objeto de abultar el problema. No es comprensible que una muerte por riña o atraco se tenga por igual que una en la que sí mediaron los conflictos por el tema sindical. Tampoco puede pretenderse que en un país con 17.459 homicidios (Forensis 2010), ningún sindicalista sea víctima de la violencia común; todos han de ser producto de violencia antisindical, per se. Hay, por lo menos, una visible distorsión allí.
Pero si eso parece un desliz menor, hay un tercer aspecto que es prolijamente analizado en el libro: la falta de rigor intelectual y de solvencia moral con que son elaboradas las listas de sindicalistas asesinados por parte de las dos entidades que se han arrogado la tarea de contabilizarlos, la ENS y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Ni a ellas ni a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que basa sus informes en esas listas espurias— parece importarles un rábano la autenticidad de las estadísticas con que enlodan el nombre de Colombia.
Las perlas que encontró el investigador Botero son de reír y de llorar al mismo tiempo. Aparte de que muchos registros están incompletos (más de 70 sin nombre; otros, sin lugar de homicidio, sin fecha, sin sindicato al que pertenecía la víctima, etc.), las cifras están claramente infladas con personas que no eran sindicalistas. Y a pesar de que el Estado colombiano ha demostrado esos casos concretos, ninguna de esas entidades ha depurado los datos.
Para la muestra, un caso como de Ripley: en el año 2000, paramilitares sacaron a una educadora de la escuelita donde laboraba en el departamento de Caldas y la asesinaron. Pues bien, a pesar de no ser sindicalista, fue añadida en las bases de datos en compañía de otra supuesta víctima, un tal Juan José Neira. ¿Otro educador asesinado? No, un prócer de la independencia que le da nombre a la escuelita (y al municipio) donde trabajaba la maestra.
Lean el libro, se darán cuenta de que, además de un fraude, todo esto es parte de una gran conspiración contra la democracia colombiana.
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