UN RETO A LOS CANDIDATOS

UN RETO A LOS CANDIDATOS

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Es una herejía. La comparten conmigo muchos colombianos. Que se santigüen al oírla algunos de nuestros nobles juristas: hoy en Colombia las mayores injusticias corren por cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Nada que ver con la de otros tiempos. Entonces, sus magistrados tenían una larga y rigurosa carrera judicial. Sus decisiones y fallos merecían respeto. Hoy no. Magistrados sin la misma relevancia son capaces de blindar con su poder inapelable juicios eminentemente políticos.

Su vengativa hostilidad al presidente Uribe explica, por ejemplo, el veto a sus ternas de candidatos a la Fiscalía, así como las condenas sin pruebas dictadas en su momento contra Mauricio Pimiento y Erik Morris y muchas medidas de aseguramiento, entre ellas las nuevas contra los senadores Mario Uribe y Gómez Gallo cuando se los creía en libertad definitiva. Ser amigos del presidente Uribe es más grave para estos magistrados que serlo de las Farc.

Pero más grave que resucitar o mantener sesgadas medidas de aseguramiento es el monstruoso fallo dictado contra Álvaro Araújo Castro.

Retenido hace más de tres años por haber auspiciado supuestamente el secuestro de Víctor Ochoa, tal cargo se derrumbó cuando el propio secuestrado lo consideró del todo infundado. Quedó pendiente contra Araújo una investigación por presuntos contactos con el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ a fin de obtener beneficios electorales.

Nunca pudo demostrarse ni lo uno ni lo otro. La votación más sólida de Araújo la tuvo en el sur del Cesar y en el resto del país, lejos de los parajes de ‘Jorge 40’. Luego de un careo con 77 testigos, convocados en busca de una prueba, la única acusación en pie corrió por cuenta de una mujer llamada Dioselina Ramírez. ¿Su cargo? Haber visto alguna vez a Álvaro Araújo hablando con el hermano de un paramilitar.

A raíz de esta y otras sindicaciones contra dos parlamentarios más, todas sin pruebas, ella esperaba ser enviada al exterior como testigo protegida, beneficio que, según declaración hecha bajo juramento, le había sido ofrecido por el magistrado Iván Velásquez (a quien Araújo había denunciado penalmente por ocultamiento de pruebas).

Pues bien, con base en tales testimonios, la Corte Suprema de Justicia condenó recientemente a Álvaro Araújo Castro a nueve años y cuatro meses de cárcel y a pagar una multa de 3.700 millones de pesos. Sin tomar en cuenta una isquemia cerebral que lo mantenía en residencia por cárcel, se ordenó su traslado a La Picota. De nada sirvió que la Unión Interparlamentaria, entidad con sede en Ginebra fundada en 1889, manifestara su “profunda inquietud” por las irregularidades de este proceso después de someterlo a un severo estudio. Tales reparos, que debieron herir la vanidad de la Corte, precipitaron su condena a Araújo.

¡Qué riesgo el de nuestra Justicia en manos de un Velásquez! A los militares se les desconoce el fuero que les consagra la Constitución, y se les deja en manos de una justicia ordinaria corroída por prejuicios ideológicos en su contra. ¿Tomarán conciencia de estos desvaríos los candidatos presidenciales? ¿Qué podrían proponer para revisar fallos injustos, restituir el fuero militar (sólo Noemí Sanín lo ha ofrecido) e impedir que la Corte se convierta en instrumento de venganzas políticas? “Debemos acatar a los jueces”, dice Antanas Mockus, siempre con su cabeza en las nubes, sin oír los timbres de alarma que desata un caso como el de Araújo.

“Más vale correr el riesgo de absolver a diez culpables que condenar a un inocente”, dijo alguna vez un célebre penalista. Es una advertencia que nuestros magistrados, por veneno político, pasan tranquilamente por alto.

Cedido por su autor, tomado de El tiempo.com