ACERCA DEL “NO ACORDAMOS JUDICIALIZAR EXPRESIDENTES”

Acerca del “No acordamos judicializar expresidentes”

Es evidente que lo que busca el magistrado Pinilla, un ex guerrillero que sigue prisionero de los odios volcánicos del M-19, no es abrir una investigación sino montar un simulacro de proceso. Pues en el acto mismo de expedir copias para investigar al ex presidente éste ya aparece como condenado

Por Eduardo Mackenzie

16 de octubre de 2015

El presidente Santos sigue siendo ambiguo sobre la exigencia de las Farc de encarcelar al expresidente Uribe. Santos dice: “No acordamos judicializar expresidentes”. Sí, pero decir eso no basta. Esa frase no basta. Esa frase es insuficiente. Peor: esa frase es sibilina y está calculada para adormecer los reflejos de la opinión y de la prensa. Pues mientras Santos lanza esa frase por twitter, y la repite ante ciertos auditorios en Bogotá, sus amigos obran en sentido diferente. Y ante ese espectáculo de contradicción Santos se hace el ciego.

Santos sabe muy bien que la maniobra que está tratando de montar el Fiscal Eduardo Montealegre contra el senador Álvaro Uribe tiene una característica: empapelar al jefe del partido Centro Democrático no en su condición de ex presidente sino en su condición de ex gobernador de Antioquia utilizando como pretexto la masacre del Aro, en la que Uribe nada tuvo que ver.

Ante ese punto específico, pivote real de la conspiración contra el expresidente Uribe, Juan Manuel Santos no abre la boca.

La abre sí para repetir que él no acordó con las Farc “judicializar expresidentes”. Si eso fuera verdad ¿por qué Santos sigue ocultándole al país el texto completo de los “acuerdos judiciales” del 23 de septiembre pasado con las Farc?  ¿Qué hay en ese maldito papel para que Santos y los jefes de las Farc lo oculten con tanto celo? ¿Figura allí  la exigencia, disfrazada o no, de matar civilmente al más formidable enemigo político que han tenido las Farc en su historia? ¿Figura en ese papel ultra secreto la definición monstruosa de lo que las Farc creen que es “paramilitarismo” en Colombia? ¿En ese papel oculto aparece que casi toda Colombia es paramilitar, como lo dijo hace unos días el propio Timochenko?

Por esa razón, Santos podrá ir a una y otra ciudad, a hablarle a  los auditorios que quiera y repetir la misma cantaleta fácil de que “No acordamos judicializar expresidentes”.  Colombia comienza a comprender el metalenguaje de Santos.

Mientras Santos reitera por twitter su frasecita “No acordamos judicializar expresidentes” sus amigos en Medellín, el mismo día, en convergencia con el señor Montealegre, obran de manera opuesta, como si nadie pudiera percatarse de la simultaneidad de esos actos y de lo que esa simultaneidad quiere decir.

Mientras Santos hablaba en Bogotá y recitaba su dicho convenido, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, dirigida por un fanático, Rubén Darío Pinilla Cogollo, intimidaba, en efecto, al ex presidente Uribe dando con bombos y platillos la noticia de que esa oficina vuelve a ordenar que  “investiguen” a Uribe por su “participación y conocimiento en los hechos que rodearon la masacre de El Aro en su condición como (sic) gobernador de Antioquia”.

Es evidente que lo que busca el magistrado Pinilla, un ex guerrillero que sigue prisionero de los odios volcánicos del M-19, no es abrir una investigación sino montar un simulacro de proceso. Pues en el acto mismo de expedir copias para investigar al ex presidente éste ya aparece como condenado. Lean bien: “La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con éstos y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún como Presidente de la República”, dice el fallo. Los confabulados no hablan de presunta promoción de grupos paramilitares. Hablan de promoción de grupos paramilitares. La diferencia es sideral, sobre todo si quien redacta eso es un abogado o un operador judicial.

Si la retahíla de Santos de que “No acordamos judicializar expresidentes” tiene alguna validez ésta concierne únicamente al gran pilar del gobierno de Santos: el ex presidente Samper. Pues la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en el oficio dedicado a despotricar contra el expresidente Uribe, escoge un tono meloso para referirse a Ernesto Samper: “La expansión de los grupos paramilitares coincidió con el gobierno del Presidente Ernesto Samper Pizano. Pero la Sala no tiene suficientes elementos todavía para ordenar su investigación, pero será un tema que deberá ahondar la Fiscalía y rendir cuentas de ello y un motivo de preocupación de la Sala”.

El ventajismo, la parcialidad venal del santismo, queda expuesto en ese texto. Contra Ernesto Samper, dicen los magistrados, “no hay suficientes elementos todavía para ordenar su investigación”, pero sí contra Uribe, aunque nadie, entre otras cosas, haya visto, en 18 años, la menor traza de prueba en ese sentido. Dentro de poco dirán que tampoco hay “elementos suficientes” para investigar el papel de las Farc (quien dispuso hasta de un helicóptero) en el macabro evento del Aro.