CARTA DE MILITARES RETIRADOS AL FISCAL MONTEALEGRE

Dura carta de militares en retiro, al Fiscal General Eduardo Montealegre

Octubre de 2012

Doctor Eduardo Montealegre Lyneth

Fiscal General de la Nación

De todos es bien sabido que corresponde a la Fiscalía General de la Nación investigar los delitos cometidos por particulares y acusar a sus posibles infractores ante los juzgados y tribunales competentes.

Los delitos cometidos por militares en servicio activo que tengan relación con el servicio, siempre han sido de competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar.

Lamentablemente, un equivocado convenio de carácter administrativo suscrito en el año 2006, entre la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, dejo sin piso jurídico el Fuero Militar consagrado en la Constitución Nacional.

En el momento actual cursa una demanda de nulidad contra este irregular convenio ante el Consejo de Estado, por evidentes vicios de inconstitucionalidad.

Mientras tanto, el citado convenio le ha estado otorgando a la Fiscalía, la facultad de conocer unas conductas penales que constitucionalmente no le corresponden.

En estas circunstancias, y aprovechando la doble potestad que tiene para investigar y calificar estas conductas, ha venido ejerciendo durante los últimos seis años, una persistente y extralimitada persecución contra quienes tiene la noble responsabilidad de defender y proteger nuestra soberanía e instituciones democráticas.

Esta injusta persecución, está creando en nuestras tropas una pérdida gradual y creciente de su voluntad de lucha para la defensa de este país, frente a la constante agresión de las diferentes organizaciones terroristas y bandas criminales que afectan el orden y la tranquilidad pública.

Los resultados obtenidos, no pueden ser más preocupantes y desalentadores:

Tenemos cerca de doce mil hombres fuera de combate por inexplicables decisiones judiciales. Más de tres mil encarcelados. Hay mas militares en las cárceles que miembros de las peligrosas organizaciones terroristas. No hay confianza en el sistema procesal que se les aplica. La ausencia de garantías los obliga a afirmar constantemente:…..“Somos investigados y juzgados por el enemigo. No por el Estado.”. No se les tiene en cuenta el principio de presunción de inocencia. Con cualquier pretexto se les castiga por uso desproporcionado de la fuerza. Jueces y fiscales ignoran la realidad y las circunstancias propias del combate. En la gran mayoría de los casos, sus decisiones son abiertamente politizadas y carentes de sustento probatorio.

Independientemente de lo anterior, muchos de los que vienen siendo investigados por la justicia ordinaria, alegan también la comisión de varias irregularidades de tipo procesal. Estos son algunos de sus testimonios:

– Practica de diligencias sin presencia de los implicados o de sus abogados defensores.

– Habilidosos montajes con familiares de supuestas víctimas o falsos testigos para acusar sobre la comisión de diferentes delitos.

– Obstaculización y uso de todo tipo de impedimentos para controvertir o contrainterrogar a falsos testigos.

– Ofrecimiento de distintos beneficios judiciales a los sindicados, bajo el compromiso de presentar testimonios que responsabilicen penalmente a sus comandantes en los diferentes niveles del mando.

– Amenazas de adelantar procesos por falso testimonio, en caso de llegarse a retractar por las acusaciones proferidas contra sus superiores.

– Utilización inescrupulosa y frecuente de la figura legal de la supuesta “coautoría”, para vincular en un mismo proceso, a todos los integrantes de las unidades militares que sean objeto de investigación.

– Considerar como tendencias homicidas y por consiguiente agravantes punibles, los cursos y especializaciones de combate o condecoraciones por servicios distinguidos en orden público, que hayan obtenido los implicados.

– Violación del fuero carcelario y la aplicación inmediata de medidas de aseguramiento sustentadas con falsos argumentos.

– Utilización sistemática de los medios de comunicación para producir condenas apriori ante la opinión pública, con flagrante violación de la reserva del sumario.

Para completar este cuadro de irregularidades cometidas de manera constante contra militares, distintos pronunciamientos formulados ante los medios de comunicación, dejan la preocupante impresión de estarse favoreciendo, quizás sin querer, a quienes se encuentran en la orilla opuesta de estos defensores de la patria.

Veamos algunos de estos pronunciamientos:

– Los pobres resultados en los procesos relacionados con los llamados “falsos positivos”, han obligado a la fiscalía a la conformación de un gran equipo de investigadores y de diferentes especialistas, bajo la orientación del ex juez español Baltazar Garzón, para revisar prioritariamente todas las denuncias existentes sobre estos casos y también con las que tiene que ver con el exterminio de la Unión Patriótica.

– Estas investigaciones no se harían como casos individuales o aislados, sino como “delitos de sistema” para garantizar mejores resultados y comprometer mas fácilmente al Estado en el pago de millonarias indemnizaciones.

– La recuperación del Fuero Militar, generaría la excarcelación masiva de militares por la pérdida de competencia en cerca de cuatro mil casos que investiga la Fiscalía. De ocurrir esto, no se haría entrega a la Justicia Penal Militar, de muchos de los procesos relacionados con violación de derechos humanos. La única salida ante esta situación, seria la justicia civil, para evitar la impunidad y la eventual intervención de la Corte Penal Internacional.

– La Fiscalía será objeto de una importante reingeniería, particularmente en las unidades de Derechos Humanos y de Justicia y Paz.

– Sobré el caso de las intervenciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Departamento del Cauca y sus actuaciones registradas en un video hecho público, en el cual acusa falsamente al Ejercito del asesinato de un indígena con uso de explosivos o minas “quiebra patas”, incita a la desobediencia civil o la asonada, manifiesta la necesidad de “ tumbar” al Presidente de la Republica y sacar por la fuerza a los militares de sus Bases, la Fiscalía anuncio que estudiaría la posibilidad de abrir una investigación, únicamente en caso de encontrar mérito para ello. Sin embargo, al referirse a unos correos electrónicos cruzados desprevenidamente a través de la red de internet entre varios oficiales de la reserva, donde consideraban la necesidad de remplazar al primer mandatario por promesas incumplidas, anuncio exhaustivas y rápidas investigaciones porque en este caso, si había una clara violación del orden legal.

Como se puede apreciar, el contenido de estos pronunciamientos, constituyen sin lugar a dudas, unos claros mensajes en los cuales, ademas de manera alarmista, se aprecia una evidente hostilidad contra los militares y una gran prevención respecto a sus actuaciones.

Su posición frente a la recuperación del Fuero y la competencia que le corresponde a la Justicia Penal Militar, es totalmente adversa.

Sus sesgadas y favorables posiciones frente a las actuaciones de algunos personajes de la izquierda radical, también se hace muy evidente.

Por principios elementales de igualdad, y en razón al importante cargo que desempeña, debería igualmente pronunciarse respecto a las conductas delictivas de los grupos armados terroristas y sus organizaciones de apoyo y anunciar fuertes medidas de carácter procesal para investigarlos, ojala con la misma drasticidad con que se hace para con los militares. Los procesos adelantados por la llamada FARC-POLITICA, no son objeto del mismo tratamiento. Los asesinatos de los Generales Landazábal, Quiñones y Ramirez Sendoya, han quedado en la total impunidad. ¿Serán declarados como crímenes de lesa humanidad para evitar su prescripción?

Señor Fiscal: para terminar, queremos ser enfáticos en afirmar, que bajo ninguna circunstancia, se esta pidiendo impunidad. Lo que aquí se exige, no es otra cosa que justicia, reparación y verdad.

Con toda atención,

General Héctor F. Velasco Ch. Presidente CGA

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera. Presidente Nacional de ACORE

“No queremos a Timochenko en el Congreso de la República con la anuencia del Fiscal General de la Nación; preferimos tenerlo en el monte echando tiros, para poder confrontarlo militarmente”