DELIRIOS EN LA JEFATURA DEL POLO

DELIRIOS EN LA JEFATURA DEL POLO

Por Eduardo Mackenzie

Septiembre 05 de 2011

Luego de haber humillado al Estado con el grotesco “perdón” implorado públicamente el 8 de agosto pasado por el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, por el asesinato en 1994 del senador comunista Manuel Cepeda Vargas, y tras recibir la friolera de 375.000 dólares [1] de “compensación” por ese mismo hecho, es decir por un odioso crimen que cometió no el Estado colombiano sino los enemigos del Estado colombiano [2], Iván Cepeda Castro, dirigente del partido extremista Polo Democrático, se siente invencible y en posibilidad de coronar sus mayores ambiciones. Es muy probable que sus colaboradores inmediatos también hayan entrado en una onda de febril exaltación revolucionaria.

Los observadores deberían seguir con  atención los próximos pasos que dará ese grupo. Aunque minoritario y desprestigiado por su sectarismo y sus numerosos montajes e imposturas, y sobre todo por la ola de corrupción que generó cuando uno de sus jefes era alcalde de Bogotá, ese sector conserva aún una fuerte capacidad para hacerle mucho daño al país. Cuando a cierta gente se le sube a la cabeza el elixir de la megalomanía, por algo que considera un triunfo, sus acciones pueden llevar a las peores aventuras si no a tragedias irreparables.

Lo que vimos este 31 de agosto, durante un pretendido debate de “control político” en la Cámara de Representantes que propició el mismo Iván Cepeda, es un síntoma de esa alucinación creciente.

Durante una intervención sobre supuestos problemas de tierras en dos departamentos, Iván Cepeda le exigió al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, respuestas a 130 preguntas sobre irregularidades imaginarias o no en la adjudicación de predios en los Montes de María. Enseguida, se dirigió a los miembros de la Comisión de Acusaciones, aunque el pretendido “debate” no tenía nada que ver con la actividad de esa Comisión, y exigió que se investigue al ex presidente Álvaro Uribe por un “presunto tráfico de influencias en el proceso de compra de tierras en los Montes de María”. La curiosa movida de Iván Cepeda, que la prensa calificó de “sorpresiva”,  es coherente con la obsesión que se ha instalado en la jefatura del Polo.

Esa sesión había sido destinada a abordar, aparentemente, el tema de la  restitución de tierras en algunas regiones. El objetivo real de ese “debate” fue transformar el respetable recinto del Capitolio nacional en una tribuna personal para lanzar desde allí ataques y acusaciones sin fundamento contra la obra de gobierno de Álvaro Uribe y contra una veintena de empresas privadas.

Y para eclipsar, al mismo tiempo, otros problemas graves como los que están ocurriendo con la reciente “ley de tierras” en Urabá, donde falsos desplazados fueron apoyados por gente de izquierda y ex guerrilleros para que obtuvieran títulos de propiedad de fincas que otros poseían legalmente.

El ataque de Cepeda fue dirigido contra las empresas que ayudaron a consolidar la paz en los departamentos de Bolívar y Sucre al adquirir, dentro de un programa gubernamental más que legítimo, tierras agrícolas que en manos de secuestradores, guerrilleros y paramilitares habían sido convertidas, durante décadas, en un tenebroso no man’s land y que finalmente, tras encarnizados combates de la fuerza pública, habían sido recuperadas para el desarrollo agrícola.

Como  ese triunfo de la civilización sobre la barbarie no le gustó al partido de Iván Cepeda éste pretende revertir la situación. La idea es que esas tierras no queden en las manos de los compradores y que éstos sean despojados de sus títulos.

Cementos Argos, Tierras de Promisión, Agropecuaria Carmen de Bolívar y Agropecuaria de los Montes de María, hacen parte de las 25 empresas que fueron acusadas por Cepeda. Sobra decir que esas firmas no tuvieron la menos posibilidad de defenderse, ni de controvertir, aunque fuera por correo, o por la prensa, las alegaciones de Cepeda. Este lanzó sus vituperios sin advertir a los interesados. El obró a mansalva, de manera desleal y antidemocrática.

Según El Espectador, Cepeda vociferó que no hay compradores de buena fe: “Hay que revisar quiénes verdaderamente son los terceros de buena fe. La Superintendencia de Notariado no tiene las atribuciones para clasificar a Cementos Argos y a otras empresas como terceros de buena fe. Estas son personas jurídicas y naturales que deben ser investigadas, su responsabilidad en el despojo debe ser esclarecida”.

Lo que hay detrás del pretendido debate es un intento para brutalizar a las empresas, expropiarlas, e imponer en esa región, la cual es considerada como estratégica para las FARC y el ELN, una re-colectivización agraria de tipo castrista, con ayuda de la prensa más dócil y suicida y con juicios “populares” como los practicados en Venezuela por las autoridades chavistas contra empresas y empresarios.

Cepeda lanzó cifras inciertas sobre  las superficies que fueron compradas, según él, a “bajos precios”, y dijo que tenía unos “testimonios” y unos “documentos”, que nadie pudo examinar.

Cepeda le exigió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que “con base en la información revelada” (como si lanzar alegaciones fuera lo mismo que “revelar” algo), “investigue” al ex presidente Uribe.

Como el representante Cepeda  no tiene prueba alguna de lo que afirma, el espera que el ministro Restrepo, en las respuestas a las 130 preguntas, le dé la munición que le falta. El supone, además, que a falta de informes, la Comisión de Acusaciones se dé a la tarea de buscarlos. El intento de instrumentalización del ministro y de esa Comisión es evidente.

En el debate Juan Camilo Restrepo no le falló a Cepeda. Aseguró que la figura de la protección de predios que instauró el gobierno de Uribe “se burló de 10 mil maneras”. ¿Por quién? Restrepo no lo dijo porque no lo sabe: él mismo sugirió que nadie ha sido declarado culpable pues hasta ahora sólo se ha “judicializado” a algunas personas. Restrepo se anticipa, pues, a todo y da por sentado algo que sólo existe, por el momento, en su cabeza.

Cepeda tiene un vasto plan de trabajo: pedirá que cada acto de gobierno de los dos mandatos del presidente Uribe sea objeto de “investigaciones” de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El exige y ordena pues cree que el Congreso y el poder ejecutivo  están a sus pies. El rimero de investigaciones podría durar años y terminar en una absolución del presidente. Lo que cuenta no es el resultado final sino el acto de enredar a Uribe, y a la Comisión de Acusaciones, en una maraña de intrigas durante un largo periodo.

Colombia es el único país del mundo en que el gobierno y los partidos del arco parlamentario toleran y colaboran de manera servil con los desafueros de las sectas marxistas. En este caso ayudan con su pasividad y superficialidad a una sucia patraña que busca la muerte civil de un gran estadista, elegido dos veces, que sacó al país del pantano político y militar en que lo habían metido los violentos y tres presidencias catastróficas.

La docilidad que muestra el gobierno de JM Santos ante el grupo de Cepeda le permite a éste pasar a la fase más ambiciosa de su plan. Esta consiste en utilizar a los ministros para que le ayuden a acelerar su fanático hostigamiento contra el mayor campeón de la lucha contra las FARC y el narco terrorismo en Colombia. Vargas Lleras fue el primero, Restrepo fue el segundo. ¿Cuál será el tercero?

Con sobrada razón el presidente Uribe declaró “temeraria” la nueva maquinación de Iván Cepeda y anunció que no responderá a tales infundios.

[1] Según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Iván Cepeda y su familia recibirán 340 000 dólares y el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo recibirá 35 000 dólares.

[2] Ver mi artículo “Colombia pide perdón por algo que no cometió », en :

https://www.periodismosinfronteras.org/colombia-pide-perdon-por-algo-que-no-cometio.html