DISCURSO DE ÁLVARO URIBE EN LA ASAMBLEA DE LA U

Discurso de Álvaro Uribe en la asamblea de la U

Muy estimados integrantes de esta asamblea y compatriotas:

Diego Piñeros fue secuestrado en el Meta el 17 de Octubre por el grupo terrorista de la Farc.

“Paguen la extorsión que después será peor”, es la conminación de los terroristas de la Farc, que están de regreso a la Cordillera Central vallecaucana.

Los saludo con la mayor consideración. Celebro que se reúnan hoy en varias ciudades colombianas y agradezco el espacio que me ofrecen para dirigir estas palabras. Atenderé gustoso, con la venia de sus directivas, cualquier pregunta que quieran formular u objeciones a las tesis que he venido expresando.

Durante mucho tiempo, un sector grande de la ciudadanía, creyó que la violencia sería insuperable. Por temor, o por prejuicios políticos e intelectuales, consideraban que la seguridad no era una categoría predicable y menos, alcanzable. Sin embargo, el sacrificio de las Fuerzas Armadas y de millones de colombianos demostró que podíamos ser una nación segura, en el disfrute de las libertades democráticas. También mostró que la seguridad, por su impacto en la inversión, es una fuente de recursos para avanzar en cohesión social, que es el fin principal de Estado, cuyos resultados pueden validar o deslegitimar la seguridad y la inversión como políticas públicas.

Nunca hemos presumido que los dos gobiernos que concluyeron en agosto de 2010 hubieran resuelto de manera definitiva la violencia u otro de los graves problemas que nos afectan, pero, la nación consideraba que íbamos por buen camino, así lo manifestaron los resultados de las elecciones de aquel año. La mirada escéptica de muchos se había transformado en rostro de confianza. Ya había más equipajes de nuevos profesionales regresando al país, que venta de tiquetes a personas urgidas por ir a refugiarse al extranjero.

El diálogo con los colombianos de las grandes ciudades, de municipios y de la ruralidad, me indica que la seguridad se ha deteriorado. Aquí en Bogotá, la Farc ordena a comerciantes acudir a Granada, Meta, para pagar una nueva modalidad de extorsión que el cinismo terrorista denomina “Impuesto de Paz”. Algo parecido le ocurre a pequeños productores de leche del norte de Antioquia, obligados a entregarle al grupo terrorista 20 pesos por litro. El ELN se atreve a expedir certificados de Paz y Salvo, que circulan entre los habitantes de Arauca.

Mientras familiares de secuestrados y desaparecidos continúan reclamando a sus seres queridos, voces del Gobierno avalan el engaño terrorista que afirma no estar secuestrando. ¿Y por qué dar crédito a esta afirmación de quienes siempre han negado los miles de secuestros que han cometido?

El terrorismo es experto en engañar ante los micrófonos y la televisión. Tratan de esconder el secuestro, delito más visible y escandaloso, y acrecientan la extorsión, delito menos visible, disimulable, y la cobran con explosivos, como periódicamente sucede en Ibagué, Neiva y en el Catatumbo. Esta práctica la asimila el crimen organizado, las Bacrim, que entre ellas, también con la Farc y el Eln, se dividen territorios, trazan fronteras invisibles, disminuyen el asesinato para no llamar la atención, poco a poco desplazan al Estado y se imponen con extorsión. Los ataques terroristas recientes en Santa Marta, Barranquilla y San José del Guaviare, eran previsibles dado el aumento de la criminalidad.

El incremento de la inseguridad es una amenaza en el mediano plazo para los avances productivos y de empleo.

Logramos revertir la declinación de petróleo, pero en los últimos meses, la curva de incremento se ha detenido por acción de la violencia, lo que pone en riesgo la meta anunciada por el Gobierno de llegar a dos millones de barriles al día. Solamente Interconexión Eléctrica, ISA, en lo corrido de 2012, ha sufrido destrucción de torres de transmisión, en número comparable con 2002. En los ocho años anteriores el Catatumbo sustituyó 15 mil hectáreas de coca por igual número en palma africana, sin afectar propiedad campesina de la tierra; ahora el terrorismo destruye infraestructura para forzar el regreso a la ilegalidad.

Los últimos dos años han hecho pensar a muchos colombianos que el Gobierno ha mostrado mayor interés en dialogar con el terrorismo que en la seguridad. Parecería ser que los golpes a cabecillas han sido más el fruto de la voluntad de las Fuerzas Armadas que de la determinación política oficial. A la queja ciudadana, hasta hace poco, se le trataba como percepción equivocada.

Diálogo con terroristas. Y entonces formulo estos interrogantes para la reflexión pública:

¿Por qué buscar el diálogo con el terrorismo al costo de descuidar la seguridad?

Ha habido una agenda de construcción de confianza con el terrorismo que ha coincidido con el descuido de la seguridad: para complacer a la Farc se le reconoció como parte del conflicto, cuando en muchos países y en la conciencia colectiva de las mayorías colombianas, estaba señalada como terrorista. Se abandonó el proceso de denuncia ante la OEA sobre la existencia de las bases terroristas en Venezuela. En lugar de acusar la complicidad de Chávez con el crimen, se le convirtió en promotor de la paz. No se llevó a ratificación del Congreso el Acuerdo con los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, que fue impulsado desde el Ministerio de Defensa.

Nuestro Gobierno introdujo el reconocimiento y reparación de las víctimas, como condición de paz, e implementó la reparación administrativa. En brusco giro a lo sostenido previamente por el Ministerio de Defensa, se aprovechó la ley de víctimas para igualar a los victimarios guerrilleros y paramilitares con los miembros de las Fuerzas Armadas. No se ha corregido el acuerdo con la Fiscalía, suscrito por nuestro Gobierno, para evitar el abuso interpretativo que debilita el fuero militar. A propósito del fuero militar, pedimos a los congresistas, que en el nuevo texto, se garantice que el primer conocimiento de la posible conducta criminal, esté a cargo de la Justicia Militar. Es necesario que revisen la lista de delitos excluidos para no hacer inoperante la nueva Norma Constitucional.

En la construcción de esa agenda de confianza con el terrorismo, se ha llegado al extremo injusto de condicionar al acuerdo con la guerrilla la solución jurídica a integrantes de las fuerzas armadas, presos o investigados, en clara ofensa a su honor. Esto, a sabiendas que hay alternativas jurídicas sin impunidad, como podría ser la excarcelación selectiva, sin levantar la condena, hasta su revisión por una nueva instancia judicial. Debe sentirse bien atendida la narco guerrilla y desmotivada la fuerza pública, al escuchar la propuesta oficial de la legalización de la droga.

Sobre las drogas e impunidad. Debemos recordar que Holanda ha cerrado más de 1.800 de los famosos coffee shops, tiendas de consumo legal de drogas alucinantes, porque padres de familia y vecinos han unido sus voces para exclamar, que la permisividad, antes que eliminar la violencia, generaliza el delito y derrumba las buenas costumbres. Pobladores de Portugal, horrorizados por la creciente llegada de turistas narco consumidores, piden retroceder la legalización, y eso que la legalización portuguesa no es como se le quiere publicitar, allá el consumo no es delito, -como tampoco lo es aquí-, pero se imponen sanciones como multas y retiro de la licencia de conducción de vehículos a consumidores que eludan las programas de rehabilitación.

Duele que la razonable Reforma Constitucional de 2009 sobre drogas, que ordena políticas de salud pública arrolladoras, tratamiento, hospitalización y nunca cárcel al consumidor, y que dispone cárcel para el narcotraficante y el distribuidor, no se haya desarrollado debidamente. Las drogas alienan al ser humano, lo esclavizan, es decir le usurpan su propia libertad; el elemento que lo distingue de los otros seres vivos. Al mirar los informes de policía sobre sicarios capturados después de perpetrar un crimen, el elemento común es que obran bajo el influjo de las drogas o en combinación con el alcohol.

En síntesis: ha habido mayor interés en congraciarse con la guerrilla como interlocutor, que en garantizar la seguridad a los ciudadanos y en la defensa efectiva de las fuerzas armadas. Acepto que nuestro Gobierno no construyó agenda de confianza con la Farc; como condición para el diálogo exigimos el cese de actividades criminales de la organización terrorista; y para un Acuerdo Humanitario requeríamos que quienes salieran de las cárceles se retiraran de Farc y se sometieran a la vigilancia de otro país o ingresaran al programa de reinserción. Nunca se removieron los inamovibles porque era prioritario proteger la seguridad de Colombia.

¿Por qué aceptar el diálogo sin que el terrorismo cese sus actividades criminales? Mientras la noticia internacional es el

diálogo, los colombianos sufren extorsión y explosivos. El terrorismo asesina soldados y aplica “operación pistola” para matar policías. La vida de los soldados y policías debe estimarse tanto como la de los civiles. En una democracia, como la nuestra, no debe aceptarse la norma del derecho de guerra que protege al civil y convierte al uniformado en blanco legítimo. Las Fuerzas Armadas representan la nación y toman las armas en defensa de nuestra democracia. Visto el problema desde otro ángulo, también es una violación ética, que mientras cabecillas de la Farc se protegen en Oslo y en La Habana, los guerrilleros de base expongan sus vidas en Colombia por permanecer en el crimen.

¿Por qué ofrecer impunidad para conseguir la paz? El Marco Para la Paz permite que delitos atroces se queden sin investigar y admite la cesación de la acción penal, lo que equivale a amnistía e indulto, así el Gobierno persista en negarlo. Aquello provoca impunidad total. El balance entre paz y justicia exige un delicado equilibrio, están de por medio los derechos de las víctimas y la noción de la justicia que es la fundadora del Estado de Derecho. Aquel balance permite reducir penas, aún excarcelar, pero nunca debería incluir la posibilidad de no ser investigado, o de desaparecer completamente la condena y sus consecuencias que van más allá de la privación de la libertad.

¿Por qué ofrecer elegibilidad política a criminales responsables de delitos diferentes al delito político? Algunos procesos de paz del Continente concedieron amplia elegibilidad política porque, a diferencia de nuestra sólida democracia, fenómenos dictatoriales y de democracias restringidas legitimaron como insurgentes a los contradictores armados. Nuestra democracia, con limitaciones sociales por superar, es fuerte y respetable. En nuestro medio ha sido clara la evolución de la insurgencia hacia el narco terrorismo. El Marco para la Paz solamente excluye de la elegibilidad al responsable del crimen de lesa humanidad, pero, por la vía de la conexidad, habilita como elegible al extorsionista, al narcotraficante, al secuestrador, o a quien hubiera incurrido en grave violación al derecho humanitario. Como van las cosas, el asesino del policía o del soldado podrá ser senador y también él del civil, con excepción del genocida.

Sabiamente la Constitución de 1991, dados los nuevos avances en apertura democrática que incorporó, aceptó la elegibilidad en casos de delitos políticos como sedición, rebelión y asonada, pero no la extendió a la conexidad. Sobre esta figura propongo este raciocinio: en los orígenes de la guerrilla, la prevalencia ideológica, podría haber dado piso a catalogar una gama de delitos como conexos con el político. Podría haberse discutido que la contundencia del propósito político subsumía otros delitos. Hoy, convertida la Farc en el mayor cartel de drogas del mundo, un grupo terrorista ejecutor de crímenes de lesa humanidad, el propósito político es más un disfraz que una realidad. Toda organización terrorista exhibe justificaciones ideológicas. ¿Qué tal que se atenuaran los crímenes de Al-Qaeda en razón de sus doctrinas? ¿Por qué confundir el narcotráfico y el terrorismo con un proyecto político? ¿Por qué restar importancia al narcotráfico, so pretexto de asignar importancia al asesinato, si son crímenes interconectados?

En la ley de Justicia, Paz y Reparación, se buscó trazar la difícil línea entre el narcotráfico como objeto principal del crimen, o como actividad conexa. Ante la complejidad, dada la cooptación narcotraficante de guerrillas y paramilitares, y para no correr el riesgo de dar impunidad al narcotráfico, se permitió a guerrilleros y paramilitares la reducción de sentencias, pero no impunidad.

¿Qué pensarán los países que han pedido a Colombia asesoría para luchar contra el narcotráfico al ver que se ofrece impunidad al mayor cartel de drogas del mundo?¿Acaso para desmontar el narcotráfico no es mejor la alianza con México, Perú o España, que con la Farc?

¿Por qué se acepta negociar con la Farc las garantías a la oposición política? Una cosa es el terrorismo, que hemos combatido, y otra la oposición política, cuyas expresiones radicales, en los últimos ocho años, gozaron de plenas y efectivas garantías. Lo que en el momento se ve es que mientras la Farc hace política también asesina, se le permite combinar las formas de lucha, que junto con la debilidad estatal fueron las causas de la extinción de la Unión Patriótica.

¿Por qué en lugar de avanzar en las soluciones sociales, por nuestros amplios conductos democráticos, se acepta negociar la agenda de país con el terrorismo? El campo se estanca o se deteriora pero empiezan a definir con la Farc el desarrollo rural. A los cafeteros no les garantizan precio remunerativo. Pequeños bananeros y floricultores desparecen por revaluación, sin ayuda oficial. Se afecta la palma africana por la pudrición del cogollo ante la indiferencia burocrática. A los algodoneros los notifican que solamente tendrán apoyo para sembrar la mitad del área.

Después de dos años sin apoyar a la competitividad internacional del agro, el Gobierno culpa al TLC, en el discurso desacredita las políticas de nuestro Gobierno y la ley respectiva, que no derogan, pero, para salvar la apariencia, le cambian de nombre. Denominan elefantes blancos a los grandes proyectos de riego como los del Rio Ranchería, el Triángulo del Tolima y Tesalia-Paicol en el Huila, cuyo ritmo de ejecución desaceleran. Como lo ha escrito el ex ministro Oscar Iván Zuluaga, se descuida la infraestructura de las zonas campesinas, se olvidan las vías terciarias, no se impulsan nuevos cultivos con potencial exportador, pero se dedican a publicitar el discurso de la ley de tierras. A propósito de esta norma, es un imperativo restituir la tierra a los despojados. No en vano reformamos en dos ocasiones la ley de extinción de dominio para hacerla más expedita. Con esta habría sido suficiente para el loable propósito, como lo muestra que las restituciones llevadas a cabo en este Gobierno provengan de esa normativa. Lo que preocupa es la frecuente apelación a la ley de tierras para crear pánico entre propietarios honestos y afectar el espíritu productivo, a tiempo que no se impulsa con suficiente determinación la extinción del dominio. Esta figura escasamente cuenta con dos jueces, el Gobierno no busca opciones para abreviar procesos, se somete al mismo trámite un vehículo que 400 mil hectáreas. Al haberse revivido por sentencia la dilatoria notificación personal, deberían buscarse opciones para poner límites temporales. En cuanto a la administración de los bienes incautados, se quedaron simplemente en la derogatoria de la nueva agencia que habíamos creado como garantía de eficiencia y transparencia.

Ahora al agro se suma la expectativa angustiosa de saber que van a negociar con la Farc, que ha ejercido sangriento poder sobre la ruralidad, las políticas para regir el sector. Esto pone en duda la posibilidad colombiana de pasar de producir 28 millones de toneladas de alimentos a 60 millones, para contribuir a la meta mundial de incrementar en un 50% la oferta de comida en el año 2030. La producción en general, el campo en particular, además de seguridad contra la violencia, además de la seguridad jurídica, necesitan seguridad política, esto es, que en la conducción del Estado no haya ambigüedad sobre el papel del campesino y del empresario para crear riqueza colectiva.

La desarticulación del terrorismo. Un equivocado editorialista europeo ha aplaudido que se pase “del radicalismo militar de Uribe al diálogo actual”. Varias personas me preguntan ¿Cuál es la alternativa? Mi repetida respuesta ha sido Paz sin Impunidad, Paz sin derogatoria de la Democracia, Paz a partir de la Seguridad no de la Claudicación, Paz a consecuencia de la desarticulación del crimen.

Nuestra alternativa ha sido la desarticulación del crimen que consta de tres elementos: la autoridad sin altibajos, ausente de acomodos, la reinserción generosa, sin impunidad, y el avance de las políticas sociales para evitar el reclutamiento terrorista de los jóvenes.

Así hubiera tenido un 7% de reincidencia delictual, la desmovilización de 53.000 integrantes de paramilitares y guerrillas, sucedida en nuestro Gobierno, trajo un gran alivio al país.

Crecimiento de la farc. De acuerdo con las fuentes militares, entre 2002 y 2010, la Farc se redujo de alrededor de 30.000 efectivos, entre encuadrillados y milicianos, a 6.800. De haber continuado la política de desmovilización, la organización criminal debería tener aproximadamente 2.000 integrantes, y no los 8.000 o 9.000 que las mismas fuentes militares señalan. Este crecimiento de la agrupación terrorista ha sido reforzado con el reclutamiento de niños. Razón asiste a la ex ministra Marta Lucía Ramírez de proponer, entre las condiciones para el diálogo, la devolución de los niños reclutados o arrebatados a sus familias, práctica habitual de la Farc, que tanto dolor ha traído a la comunidad.

No se entiende que un día el Gobierno afirma que la Farc está arrinconada, que es hora de negociar, y al siguiente exprese que todavía tienen ingresos anuales entre 2.500 y 3.500 millones de dólares. ¿Qué ha pasado entonces con la disminución de los cultivos ilícitos o con la reducción de mil toneladas de cocaína, que antes se enviaban al mercado internacional, a menos de doscientas toneladas?

Al criticar la ley de Justicia, Paz y Reparación, se ignora que ese texto normativo y la Seguridad Democrática desmovilizaron 53.000 terroristas, llevaron a la cárcel a más de 4.000 asesinos, entre ellos más de 200 responsables de asesinatos de trabajadores. Se ha hallado cantidad de fosas comunes. Cabecillas están extraditados. La norma tiene reducción de condenas pero no impunidad. No introdujo elegibilidad pero respetó el precepto Constitucional de permitirla solo para delito político. Preocupa que en vez de mejorarla, para tener sentencias y soluciones más expeditas, se le remplace por un Marco de Impunidad.

Las bacrim. Indudablemente la policía ha dado golpes importantes a las Bacrim, nombre que se asigna a esta expresión del crimen organizado. Sin embargo, fuentes de inteligencia aseguran que en los últimos dos años han duplicado el número de integrantes. Ejercen control territorial en campos y áreas urbanas. Imponen toques de queda en carreteras aledañas a Sincelejo. Se asesinan entre ellos o se reparten jurisdicciones. Fijan tarifas de extorsión que cobran con explosivos o balaceras, como ha sucedido recientemente en Medellín, Santa Marta y Barranquilla.

Muchos ciudadanos, abatidos por el temor y la desprotección, prefieren pagar que denunciar. A esto ha contribuido el marchitamiento y la falta de administración diaria de las redes de cooperantes. En épocas pasadas, cuando el Ejército era excluido de la lucha contra el narcotráfico, este creció. El crimen organizado es mutante, hoy es Bacrim, mañana se le asignará otra denominación. No es solamente amenaza a las personas, también a la soberanía por la capacidad de socavar instituciones. Por esto último, todas las fuerzas armadas deben combatirlo. Ojalá se estudien las propuestas y el proyecto de los congresistas Juan Lozano, Juan Carlos Vélez y Miguel Gómez, para que las conductas de soldados y policías, derivadas de enfrentar a las Bacrim, como en el caso de las narco guerrillas, se ubiquen en el Derecho Internacional Humanitario y sean de conocimiento inicial por la Justicia Penal Militar.

Nuestro Gobierno recuperó el monopolio del Estado para combatir al crimen y administrar justicia, por eso reivindico que se superó el paramilitarismo. La pérdida de control por parte del Estado, deja vacíos que son ocupados por grupos delincuenciales. Las Bacrim ya empiezan a presentarse como formas criminales de remplazo del Estado. Ojalá se les anule antes de que sea tarde.

La política social. En nuestro Gobierno, al sumar el ingreso de las familias más la política social del Estado, 13 millones de personas superaron la pobreza. La clase media se expandió como lo confirman estudios de personas independientes, incluso, de ideas adversas a las nuestras. El actual Gobierno ha disfrutado la herencia de inversiones y recaudo tributario, no ha sufrido severas crisis internacionales como aquella de 2008, tampoco el cierre del mercado venezolano o el desgaste de enfrentar las pirámides financieras promovidas por el narcotráfico. Nosotros tuvimos metas sociales más ambiciosas que no pudimos cumplir en su totalidad. Sin embargo, no puedo ocultar mi desconcierto ante el hecho de que este Gobierno, con mejores condiciones fiscales y financieras, sin aquellas crisis, no reduzca la pobreza y no expanda la clase media, a velocidades mayores.

La política social ha crecido en burocracia y se ha estancado o retrocedido en resultados. Desestiman Familias Guardabosques en su importancia de protección del medio ambiente y de generación de ingresos sustitutivos a la coca. Han reducido Familias en Acción, cuando deberíamos tener 4 millones, con un componente de diseño especial para apoyar a los universitarios de familias pobres. Esto complementaría la buena iniciativa de ustedes, aprobada por el Congreso, de no cobrar intereses reales a los préstamos del Icetex.

Preocupa que el empleo infantil haya crecido en un 39%, lo que denota fallas en la política integral de escolarización básica, con el agravante de la falta de impulso a la escolarización de la primera edad.

No se incrementa la cobertura de protección a los ancianos pobres. Debemos recordar que podremos tener 10 millones de trabajadores en edad de retiro, sin pensión, y una tercera parte de ellos en pobreza. Esperaríamos que se acelere la aplicación de la ley de los beneficios permanentes de retiro.

Deseamos que el Gobierno evite que las Cajas de Compensación se sigan retirando del Régimen Subsidiado de Salud. Preocupa pensar en Bogotá, con 2 millones de asegurados pobres, y las cajas ausentes. Con menos número de cajas, más alianzas y más apoyo gubernamental, podríamos tener mejor salud, también mejor vivienda y mejor educación. Qué extraño esto: mientras el mundo admira el esquema social de nuestras Cajas de Compensación, aquí, en ciudades como Bogotá, se les aísla, y se prefiere el modelo del Estado Burocrático.

Ojalá el talento del Ministro de Salud produzca aciertos en la oportunidad de los pagos a las instituciones de la salud a través del giro directo, en la prevención del burocratismo hospitalario, en el mejoramiento del sistema que requiere contar con aseguradores y prestadores, en la disminución del número y en la vigilancia de las EPSs. Ojalá se corrijan precios exagerados en los medicamentos, problema que se aumentó con el error de nuestro Gobierno de haber permitido la libertad vigilada de precios.

Alcaldes y gobernadores. Debemos promover cada día más el liderazgo de nuestros alcaldes y gobernadores. Harán la diferencia si se apersonan de la seguridad, la inversión, la política social, si dan ejemplo en la austeridad del Gobierno, austeridad en los detalles y en las grandes cifras. Apoyemos y pidamos cuentas a nuestros gobernantes regionales y locales. Llamo la atención sobre el daño al pluralismo democrático al presionar a las autoridades regionales y locales para que apoyen al gobierno nacional, como condición para recibir recursos. Nosotros aplicamos una norma de conducta política que fortaleció la democracia: todos los alcaldes y gobernadores recibieron apoyo sin importar el origen político de su elección o su simpatía o antipatía con el Presidente o los funcionarios de entonces.

Que nuestros diputados y concejales hagan control político, que apoyen sin seducciones y critiquen, con pasión sí, pero con la pasión legítima que deriva de la fuerza de las ideas.

El caso de Bogotá. Me temo que el nuevo modelo estatista, promovido por la Alcaldía de Bogotá puede causar

irreparable daño. Es mejor el Estado de participación Comunitaria en la vigilancia de servicios públicos que revivir fracasados monopolios burocráticos.

Sé que es difícil enfrentar el efectista discurso de vivienda social de la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, obliga una reflexión: la política implementada, con el argumento de ayudar a los pobres, amenaza el ritmo necesario de vivienda social, obstaculiza los necesarios planes de renovación urbana para que la ciudad no devore la Sabana y promueve el crecimiento desmesurado de los municipios vecinos, como simples dormitorios, que afectarán más la calidad de vida en distancias y aglomeraciones. Se construye más vivienda social y de mejor calidad con incentivos y disposiciones razonables que con estatutos amenazantes. Y otra pregunta: ¿Qué limite tiene, si acaso lo tiene, el nuevo modelo estatista de Bogotá?

En el año 2007 el desempleo juvenil de España oscilaba entre el 18% y el 21%, porcentajes actuales de América Latina. Nadie pudo anticipar, que en pocos años, España tuviera la dramática cifra actual del 54%. Nuestros países, en medio de mejores horizontes económicos, no están exentos de estos riesgos. En el mundo hay angustia por el desempleo, especialmente de los jóvenes. De ahí la necesidad de examinar el proyecto de Reforma Tributaria en sus efectos frente al empleo, el emprendimiento, los estímulos a la inversión y el impacto en los ciudadanos de ingresos medios.

La seguridad social y la parafiscalidad en nuestro medio son costosas pero equitativas, la mayor parte de las cargas están en cabeza del empresario. También, para no afectarlas, nuestro Gobierno introdujo incentivos a la inversión, que aliviaban el ensanche productivo sin desmontar obligaciones sociales.

Si los congresistas van a aprobar la reforma, mi respetuosa sugerencia es que se asegure que los recursos del ICBF y del Sena crezcan de acuerdo con las necesidades de ampliación de coberturas y de mejoramiento de los servicios. Que estas dos entidades queden protegidas frente a cualquier disminución del recaudo. No olvidemos: la promoción de inversión, que ha sido uno de nuestros postulados, tiene que convertirse en una libertad incluyente. A esto agreguemos que la promoción del emprendimiento entre los jóvenes es un imperativo. El Sena es irremplazable en su tarea de formación vocacional, educativa y de promoción de empresas de los jóvenes. El Fondo Emprender depende del Sena, en lugar de arriesgar disminuirlo, habría que multiplicarlo por diez.

Un elemento de intranquilidad es el impacto que la reforma pueda tener en quienes devengan entre cinco y diez millones de pesos al mes. Estos compatriotas no deben sufrir afectación alguna. Me surgen otras tres inquietudes: al aliviar cargas en relación con empleados y trabajadores que ganan hasta cinco salarios mínimos podría desestimularse la promoción salarial por encima de este límite; debería pensarse si hay una manera de dar el beneficio solamente a los sectores intensivos en mano de obra, por el camino de definir exactamente cuáles quedarían excluidos como minería, hidrocarburos, finanzas, etc; y, no creo que sea buen precedente impulsar este tipo de reformas, que modifican estructuras, con el argumento circunstancial de la afectación de la revaluación a algunos sectores, que hace rato deberían haber sido apoyados por el Gobierno.

Es prudente no encarecer los gravámenes a la medicina prepagada o a las pólizas de seguros adicionales de salud. Su uso ahorra recursos públicos, que el Estado puede dirigir a apoyar a los más pobres, y a quienes, afiliados al Régimen Contributivo, no tienen acceso a este tipo de seguros extras.

La reforma, en cuanto a los estímulos a la inversión, podría afectarlos en 8 puntos de los 33 del impuesto de renta. Por razones de seguridad jurídica, en el caso de las zonas francas, no hay razón para beneficiarlas de cargas parafiscales o cotizaciones de salud, pero tampoco para aumentarles la tarifa del 15% de impuesto de renta. Referente a los hoteles, que tanto empleo han creado por la seguridad y los estímulos, la discusión dará luces sobe si conviene o no aplicarles la norma propuesta. Celebro que se haya desistido de seguir desmontando estímulos como los que aplican a los cultivos de tardío rendimiento. Para que no haya dudas debería quedar en claro que el estímulo se mantiene frente a los dos pilares en que se divide el impuesto de renta: uno de tarifa del 25% y otro de 8%.

Competitividad. Pongamos cuidado a la competitividad de Colombia, habíamos pasado de estar en un rezagado lugar 80, al 37, que nos colocaba de primeros en América Latina. No puede ser que ahora estemos en retroceso.

El partido social de unidad nacional y la vocación de centro democrático. Este Partido Social de Unidad Nacional debería tener una vocación de largo plazo. No es bueno para la estabilidad democrática tener partidos por razones de momento.

La revolución de las comunicaciones produce su efecto en la política. El privilegio de la información y del análisis cada día es más reducido. En consecuencia, los partidos dependen hoy crecientemente de la opinión y en contrario sentido de sus cuadros. La tarea de los cuadros es procurar una sintonía diáfana con la ciudadanía. En este orden de ideas, es más importante la credibilidad en el largo plazo que los golpes de opinión o de encuestas. La credibilidad tiene costos. Paradójicamente, la consecuencia y la congruencia, que son las bases de la credibilidad, conducen a momentos en los cuales se pierde imagen. Pero la persistencia hace que prevalezca la credibilidad sobre los altibajos de la imagen. Por supuesto hay un reto dialéctico: ¿Cómo evolucionar sin perder el camino? La respuesta es mantener el rumbo, mejorarlo, introducir ajustes pero no moverse con bandazos.

Los partidos de opinión, para tener larga vigencia en el ejercicio de la democracia representativa, deben mantener una permanente actividad en la democracia participativa. El ejercicio del diálogo comunitario, durante los años de nuestra administración, debió ayudar a elevar la confianza en las instituciones. Tanto en 2002 como en 2010, los colombianos acudían a los Consejos Comunitarios a presentar sus quejas, pero con una gran diferencia: en 2002 con una dosis de rabia y en 2010 con un buen nivel de confianza. Me duele que el diálogo actual con la comunidad sea más mediático y de menor comunicación efectiva con los ciudadanos. Me duele que se haya reversado en materia de interlocutores. Hoy, desafortunadamente, adquiere de nuevo más peso el diálogo con los criminales que con los colombianos respetuosos de la Constitución y de la ley.

Los partidos de clases o de intereses sectoriales perecen tarde que temprano. Los que defienden privilegios se vuelven rápidamente antipáticos al sentimiento popular. Los populistas duran más pero terminan en la trampa de su incapacidad de dar soluciones de fondo e irreversibles. Se requiere de partidos incluyentes, con trabajadores y empresarios, ajenos a los odios de clases, regidos por la solidaridad. Deben ser guiados por principios, que a su vez sean aplicables, esto es, por convicciones e ideales, pero no por simple retórica. Las visiones pragmáticas deben respetar los principios.

Hace un año, en recorridos por la Patria, con motivo de las elecciones regionales, hablábamos de la necesidad de que este partido sea un faro del Centro Democrático. El Centro Democrático, ese necesario equilibrio entre la seguridad, la inversión y la política social. Hoy, respetuosamente, lo reafirmo. Esto lleva a ser una fuerza de coalición distinta a la mecánica política, coalición con sectores independientes y políticos, sociales, del trabajo y de la producción. Desde esta Asamblea llamo a las directivas y a las bases del Partido Social de Unidad Nacional para que no se desconozcan las ideas que inspiraron su creación.

La seguridad es una categoría permanente y universal, con o sin acuerdo con el terrorismo.

La inversión necesita ser incluyente y contar con una gran acogida comunitaria. Nada se debe oponer a que cualquier contrato de inversión, doméstica o extranjera, se revise ampliamente con la comunidad. El necesario equilibrio entre los intereses de las comunidades y los de las empresas, impone no cerrar las puertas a la discusión ciudadana, no hostilizar a la empresa, no reprimir la protesta social, no permitir la intromisión de la violencia. Así lo hicimos en la Jagua y en la Loma y preguntamos ¿Por qué no hacerlo en Montelíbano? Y nos invade la preocupación por el hecho de que la inversión minera, sus relaciones con los habitantes y el medio ambiente, ya no se analiza con las comunidades mientras los terroristas usurpan su vocería, a sabiendas que son los grandes extorsionistas de minas legales e ilegales.

El estado participativo y austero. Atender las exigencias de un partido como este, cuyos tesis y ejecutorias se ajusten al Centro Democrático, demanda contar con un Estado Comunitario austero. Al Gobierno le ha faltado la disciplina de la austeridad. No es una cuestión de estilo sino de ejemplo, de consideración con los recursos públicos. Deploro que gastos de funcionamiento, de aquellos que el Gobierno podría controlar, como los servicios personales, hayan crecido más el doble de la inflación, con variaciones de año a año entre el 7.25% y el 13.51%. Resulta difícil entender que un Gobierno, que recibió una gran herencia de inversión, gracias a la cual el recaudo tributario ha pasado, aproximadamente, de 67 billones de pesos a 100 billones, todavía tenga déficit.

Hay que escoger entre el Estado Social, léase Estado del Bienestar, o el Estado Derrochón. En algunos aspectos el espejo de Europa es claro: en nombre del bienestar arribaron al derroche, que ya pone en entredicho la sostenibilidad del bienestar.

Hay que escoger entre el Estado Social o el Estado Burocrático. Las bonanzas de ingresos ni los estatutos de descentralización deben patrocinar el gigantismo burocrático. En España, en las últimas décadas, pasaron de 700 mil a 4 millones de funcionarios oficiales. En nuestro medio el Gobierno Nacional no da ejemplo, y en muchas regiones, a pesar de barreras saludables como la ley 617, crean remedos burocráticos insostenibles. Da tristeza ver la expansión de cargos en el Gobierno Central o los gabinetes inflados en pequeños municipios.

¡Cuánto mejor financiar las iniciativas empresariales de los jóvenes, las familias en acción, la universidad pública, que gastar las cuantiosas sumas de la propaganda del Gobierno!.

Las regalías y los auxilios parlamentarios. Esta Asamblea integra a colombianos de todas las regiones, lo cual obliga a hablar del tema de regalías. Es indudable que, por efecto de seguridad, inversión y precios, al haber pasado este rubro de 2 billones de pesos a 9 billones, haya necesidad de redistribuir. Sin embargo, hay que diferenciar la redistribución equitativa del despojo, que puede crear serias perturbaciones de gobernabilidad en las regiones productoras.

No le hace bien a la democracia ni al Congreso que en el Casanare o en el Meta o en el Huila sientan que hubo despojo de regalías y al mismo tiempo se hayan revivido auxilios parlamentarios. Estos, en ocasiones, son fuente de corrupción de contratos para financiar campañas o se constituyen en gasto no prioritario. Ojalá se pongan en marcha los grandes proyectos ofrecidos. Sin embargo, no podemos continuar en el dilema entre centralización o corrupción. Tiene que haber descentralización con orden, acertadas prioridades y transparencia.

La paz con impunidad. Distinguidos integrantes de la Asamblea y compatriotas, regresemos de nuevo al tema de la paz, anhelada por todos los colombianos de bien y que estábamos ganando.

Sin embargo, la paz con impunidad es un mal ejemplo para la cultura de respeto a la ley, a cuya cimentación contribuye la seguridad democrática. La impunidad obstaculiza el perdón por el recelo que en el alma de cada ciudadano genera el triunfo transitorio del criminal. La impunidad desprotege a las víctimas. Si bien la tristeza de las víctimas es irreparable, los esfuerzos de reparación plantan en el alma las semillas de perdón. La impunidad reduce a las víctimas a mercancías electorales de quienes no se comprometieron en el combate a los victimarios.

Algunos interlocutores me dicen que al firmarse la paz con la Farc, el júbilo colectivo anulará cualquier posición de principios como la de no impunidad. Podría entenderse que la paz, por la utilidad que entraña, debe prevalecer sobre la justicia. Hasta aquí el utilitarismo de Jeremy Bentham derrotaría el imperativo moral de Kant. Sin embargo, una paz con impunidad es un estímulo a los criminales para insistir en sus actividades con la pretensión de recibir el tratamiento indulgente otorgado a la Farc. Ya los paramilitares mandan cartas al Gobierno reclamando idéntica indulgencia. Las Bacrim, que en el número de integrantes y en sus delitos no son inferiores a la Farc, pronto pedirían la misma impune absolución.

En consecuencia con lo anterior, una paz sin justicia, como todo pragmatismo que ignora los principios, puede dar utilidad inicial, pero sobrevendrían grandes pérdidas, que pagarían las nuevas generaciones.

Las Farc en Oslo y la Marcha Patriótica. El discurso de la Farc, pronunciado desde la cómoda zona de despeje de Oslo, sin el calor tropical ni los mosquitos del Caguán, a algunos nos genera este tipo de reacciones:

¿Cuál es la necesidad de haberle devuelto semejante protagonismo mediático a un grupo terrorista? Asesinan y tienen la osadía de distorsionar ante el mundo la realidad de nuestra gran democracia, en trance de solucionar los graves problemas sociales. Al terminar el Caguán, voceros oficiales expresaron que el gran logro era haber declarado terrorista a la Farc. Años antes, al promulgarse la Constitución de 1991, el Gobierno dijo que ”se cerraba para siempre la posibilidad de dar reconocimiento político a quienes persistieran en la violencia”, ahora, los mismos actores, expresan desde Oslo que “lo que tienen para ofrecer a las FARC es su reinserción a la vida política del país para que luchen por sus ideas a través de las urnas”.

El mundo ya los conocía, no hay razón para permitir este retroceso.

Toda agrupación terrorista se arropa en justificaciones sociales y de diversa índole.

Si la Farc es consecuente con el discurso de Oslo, la negociación implicaría que el Gobierno dé paso al modelo Castro Chavista. Si el Gobierno lo rechaza, como debería ser, la negociación se rompe.

Hay varios elementos que pueden traer a Colombia muchas pérdidas: Haber descuidado la seguridad; habilitar al terrorismo como oposición política; hacer un acuerdo con impunidad o permitir el modelo Castro Chavista; y finalmente, entrar en la incertidumbre en un país que había definido un horizonte de certeza.

Si el discurso de Oslo era para la galería, puede ser que Chávez indique a la Farc que negocie, firme un acuerdo para aprovechar la amplia impunidad ofrecida, y que a renglón seguido, él ayudará a financiar las elecciones para la toma del poder con la Marcha Patriótica. Los nuevos y viejos totalitaristas saben utilizar las elecciones para tomarse el poder y también para no entregarlo.

Las presiones de la Farc a alcaldes, para que ayuden a la Marcha Patriótica, y las amenazas a ciudadanos para que se vinculen a ella, demuestra que se está de regreso a la combinación de las formas de lucha: violencia y política en simultáneo.

Deploro que el abandono gubernamental al diálogo comunitario, que encaraba todos los problemas sociales y construyó avances de soluciones generadoras de válidas esperanzas, traslade la personería de las soluciones a las nuevas Máscaras Patrióticas, que la Farc utiliza y cuida con la asechanza de sus fusiles.

El modelo castro chavista. Colombia no necesita emular con los fracasos del Castro Chavismo. Cuba ha sobrevivido en su desastre por los subsidios de Unión Soviética y los recibidos de Venezuela, gracias a la bonanza de precios del petróleo. No olvidemos que el subsidio soviético se terminó con el colapso del imperio, ocurrido por falta de calidad de vida, en razón de la obsolescencia productiva del totalitarismo sin iniciativa privada. Estos subsidios, actualmente chavistas, le permiten al régimen castrista presentar que eliminó la miseria extrema, pero no le han alcanzado para disimular que toda la ciudadanía está condenada a la pobreza y anulada en su creatividad. Tanto que se ufanaron de la educación y la salud y ya se retrasaron por falta de tecnología e iniciativa privada.

A Chávez le correspondió el ascenso del precio de petróleo de 12 dólares a 100 dólares por barril. Con semejante bonanza, lo que ha hecho en política social, a través de las misiones, habría podido ser mucho mayor de no haber dilapidado el dinero y arruinado la iniciativa privada. En efecto, tienen que importar el 70% de los alimentos, lo que un venezolano compraba en 1998 por un bolívar hoy le cuesta 168 bolívares. Es real lo que parecía imposible: la economía colombiana ha sobrepasado a la venezolana. El endeudamiento y la crisis de producción son de tal magnitud, que las misiones sociales, a pesar del petróleo, parecen insostenibles en el largo plazo. Venezuela antes registraba 4 mil asesinatos, hoy más de 19 mil por año. El Gobierno se ha apropiado del 57% de los medios de comunicación, los demás sufren bozales con púas. Las ventajas electorales de Chávez hacen inocuas las garantías de la oposición.

Dilemas. No pongamos en riesgo nuestras libertades ni opaquemos la convicción colectiva ganada sobre el necesario equilibrio entre la inversión y la seguridad.

En lugar de la peligrosa demagogia contra los cultivos de los Llanos Orientales o la planta de biocombustibles instalada por industriales vallecaucanos, nosotros necesitamos muchos más cultivos y muchos más empresarios que generen empleo de calidad. Y muchos más trabajadores en relación solidaria y participativa. Recordemos a los trabajadores que los viejos y los nuevos comunistas les ofrecen la dictadura del proletariado, beneficios infinitos, y al fin de cuentas los esclavizan en el estancamiento del bienestar y en la negación de las libertades. Trabajemos con el Vicepresidente Angelino Garzón con la visión cristiana de las relaciones entre empleadores y trabajadores e invitemos a la idea moderna del sindicalismo de participación.

En lugar de ocultar la extorsión y las bombas contra los pequeños empresarios, nosotros necesitamos apoyar millones de pequeños empresarios y su integración con los medianos y grandes.

En lugar de mirar para otro lado y no enfrentar la penetración guerrillera en la universidad, sembradora de odio de clases y fanatismo desorientador, nosotros necesitamos la universidad masiva, científica, crítica, constructiva y sin violencia.

En lugar de permitir que el crimen reclute a nuestros jóvenes, nosotros necesitamos ofrecerles más educación y gestionar recursos públicos y privados que aporten capital y asesoría a las iniciativas de emprendimiento de las nuevas generaciones.

En lugar de arredrarnos porque nos quieren graduar de enemigos de la paz, defendamos la paz sin impunidad y la democracia sin violentos. La paz con impunidad es flor de un día y niega el derecho de las nuevas generaciones a la no repetición de la violencia, que es la más importante de las reparaciones.

En lugar de permitir que nos acomplejen los adversarios o arrepentidos de la seguridad, con su decir que es guerra, que solo sirve a los proveedores del Ministerio de Defensa, manejado honorablemente, con independencia y rectitud frente a sus contratistas, defendamos la seguridad como valor permanente de la democracia y fuente insustituible de recursos sociales.

En lugar de que nos retiren de la política los que anticipan que con la paz con la Farc se acaban nuestras motivaciones y nuestras tesis, tomemos renovadas energías para seguir en la lucha integral por una Colombia con rectitud, creatividad, prosperidad y equidad.

En lugar de dejarnos llevar por voces de moda de una supuesta izquierda, bien acomodada por cierto, que en Francia denominan socialistas de caviar, que el embajador Carlos Holmes Trujillo enfrentó con dignidad y reciedumbre, no cesemos en advertir el riesgo de que los nuevos comunistas, como los anteriores, finalmente devoran a sus iniciales amigos, a quienes desde la época de Lenin han considerado sus “idiotas útiles”.

En lugar de dejarnos conducir por voces y editoriales extranjeros dedicados a encontrar justificaciones del terrorismo, apoyemos a quienes arriesgan su integridad, sus familias, su trabajo, sus recursos, su talento, en las calles, factorías y campos de Colombia.

En lugar de aceptar que en nombre de la libertad de prensa se consolide un unanimismo periodístico, animemos la discusión y el debate. No permitamos que cuando en otros países se expropia la propiedad de los medios de comunicación, aquí se enseñoree la costumbre de expropiar la independencia periodística. Confieso que admiro el carácter y la consecuencia de Francisco Santos y de Fernando Londoño Hoyos.

En lugar de temer ante las cuantiosas sumas de publicidad oficial, recordemos que durante los 8 años de la Seguridad Democrática nunca utilizamos recursos de publicidad para condicionar o filar a los medios de comunicación. Repitamos que preferimos austeridad de publicidad, más diálogo popular, mejores carreteras, más educación, más recursos para Familias en Acción.

En lugar de caer en la trampa de negociar la llamada “Humanización del Conflicto”, recordemos que nuestras Fuerzas Armadas no necesitan acuerdos con el terrorismo para cumplir con los Derechos Humanos. Los terroristas piden “humanizar el conflicto” con el fin de obtener licencia para asesinar a nuestros soldados y policías, cuyas vidas estamos obligados a defender y a apreciar tanto como las de los civiles. Recuerdo al General Oscar Naranjo afirmar que nuestra resuelta defensa de los policías y soldados, era una especie de salario emocional, adicional al pecuniario, que fertilizaba la eficacia y la transparencia. La ruta ambigua, que hace sospechar la nivelación de la fuerza pública con el terrorismo, significa salario depresivo para el compatriota uniformado.

Estimados compatriotas:

Esta Patria nuestra ha contado con gobiernos serios, buena reputación internacional por el manejo de sus obligaciones, una ciudadanía a la cual se le reconoce su capacidad de liderar, imaginar, crear y trabajar. A Colombia la ha guiado un profundo respeto por las libertades, abusadas por una minoría terrorista que ha obstaculizado nuestras posibilidades de progreso. Esa minoría nos ha condenado a un inmerecido mediocre desempeño. Los colombianos, en nuestros debates y en nuestras visiones, somos capaces de superar nuestros problemas, de construir la más importante nación de la América Latina y Caribeña. No permitamos que la horda sanguinaria vuelva a copar la agenda del País. No borremos de la memoria el evento, sin par, de hace 5 años, cuando convocados por los jóvenes de las redes sociales, 12 millones de colombianos salieron a las calles a decirle no al terrorismo.

Estimados asambleístas:

La política y la medicina tienen semejanzas: el médico, al mirar al paciente, le observa iniciales síntomas peligrosos, que el paciente no ha advertido aun porque se siente en perfecto estado de salud. El político tiene el deber de anticipar riesgos del cuerpo social de una nación que momentos de euforia ignoran.

De mi solamente se decirles que soy un soldado de la lucha que lo único que pide es salud y protección de Dios.

Muchas gracias