EL GOBIERNO SANTOS EN CONTRAVÍA DEL QUERER POPULAR Y DE LA LEY

El gobierno Santos en contravía del querer popular y de la ley

Señor Director:

Pertenecemos a una enorme mayoría de colombianos que veríamos con agrado que el país se gobernase en forma eficiente, austera y pulcra y que sus tres poderes, obrando armónicamente en bien de la Nación, cumplieran a cabalidad y en forma honesta con las obligaciones que el país demanda y que están establecidas muy claramente en la Constitución Nacional, para bien de la sociedad entera. “Justicia” es desde tiempos inmemoriales, “dar a cada cual lo suyo” y, esencialmente, proteger los derechos sagrados de los asociados, al tiempo que se penaliza a quienes infrinjan las leyes o de alguna manera atropellen o violenten los derechos de sus conciudadanos. Ese principio es el que nos hace “iguales ante la ley” y constituye la base de la democracia. No se podría concebir una democracia sin justicia, así como tampoco se concibe una “dictadura justa”.

Y ese hecho tan simple de que el gobierno sea eficaz y gobierne honestamente, y que los poderes públicos funcionen de acuerdo con la Constitución y la Ley, es el que en Colombia no se registra. O mejor, se presenta, pero solo esporádicamente. Para nuestro mal, solo en unos pocos lustros en cada centuria, se puede afirmar que hemos tenido gobiernos eficientes y honestos y una justicia pronta y cumplida. En el siglo veinte comenzamos bien con excelentes gobiernos, pero terminamos mal con gobiernos pusilánimes, complacientes con los bandidos y la corrupción y con la deplorable experiencia del corrupto narcogobierno del samperismo, socio de bandidos narcotraficantes. Gobiernos que fueron inferiores a las exigencias del momento y cuya deplorable “ausencia de gestión”, culminó con la perdida de nuestro mar en el Caribe. Por nuestra desidia, la alianza castrochavista logró desmembrarnos, como lo anunciamos en nuestra obra “Grandes Mártires Americanos”.

 Comenzamos bien el siglo XXI con el gobierno de la seguridad democrática del Presidente Uribe. Sin embargo, enseguida caímos en el abismo del “desgobierno de la prosperidad”, que ha sido muy generoso y benéfico, pero solo para los amigos del señor Presidente Santos y de sus amanuenses. Después de seis años de penurias, ya sabemos cuántos atropellos a la ley, desafueros, desaciertos, derroches, saqueos al erario, atropellos a los opositores, favorecimientos a criminales atroces, traiciones, injusticias, cometidos por el mismo gobierno y sus agentes, o por los agentes de los otros dos poderes, han ocurrido y hemos tenido que soportar. Hemos sufrido un gobierno inclinado a la mentira, a la tolerancia con los criminales más brutales, al estímulo de la corrupción, al atropello a la Constitución y la Ley. Hemos padecido un gobierno que actúa en contravía del objetivo para el cual fue elegido–continuidad de la política de seguridad democrática, confianza inversionista y desarrollo social, plataforma que el Presidente Santos descontinuó el mismo día de su posesión.  Un gobierno que con descarado cinismo legaliza las exigencias de los narcoterroristas cogobernantes en los diálogos de La Habana, y aplica políticas inspiradas en el samperismo y en el castrochavismo marxista leninista, las cuales han probado ser desafortunadas, dañinas y devastadoras para los pueblos que han tenido el infortunio de soportar esos yugos. Por último, padecemos un gobierno que presiona al Congreso, dándole dádivas y dinero (cupos indicativos), para que se “autocastre” y dicte leyes que son contrarias al querer y al bienestar de todos los colombianos, como son la creación del “Congresito” de bolsillo y la legalización de las facultades especiales al señor Presidente, para que “oficialice” la dictadura de izquierda que ya está en marcha en nuestro país. ¿Y la justicia? Plegada e impávida. Entretenida persiguiendo opositores.

Es tan alto el nivel de ineficiencia del aparato judicial que el 95% de los asesinatos quedan impunes y los asesinos en la calle.  Solo se aclaran y se castigan el 5%.  Cuando su sindicato “Asonal” ha decretado huelgas de dos meses y las han “unido” a las vacaciones anuales legales, los ciudadanos en el país no se han dado por aludidos. Se podría clausurar el aparato judicial y nadie lo notaria. Solamente los abogados litigantes se verían perjudicados porque se les cerraría la fuente de trabajo. Sin embargo, esa es una completa aberración. La justicia debe funcionar eficazmente en un país que como el nuestro se llama “civilizado”, a fin de que los ciudadanos no se vean forzados a aplicar justicia por su cuenta., lo cual significaría llegar al colmo de la descomposición institucional y al caos absoluto. Para horror de Colombia y del mundo civilizado, ya hemos visto casos de linchamientos y asonadas en Bogotá y otras localidades por “la ausencia de justicia”. Y lo grave es que el último engendro de este gobierno, presentado al Congreso para “reformar” la justicia, no soluciona ninguna de las taras, mientras que crea algunas nuevas, según denuncia de la senadora Paloma Valencia. El gobierno santista continúa, pues, en contravía.

Luis Granados Morales *

*Periodista, publicista, escritor. Blog: www.editorabacata.wordpress.com