EL NUEVO PROCESO DE PAZ CON LAS FARC

Proceso de paz con las farc: esperanzas y riesgos

Por Enrique Saavedra Valdiri

Octubre 22 de 2012

Se instaló en Oslo la mesa de diálogos con las FARC. Después los  frustrados intentos de Caracas, Tlascala y San Vicente del Caguán, ¿Qué le hará pensar al gobierno que esta vez si es seria la voluntad de paz del grupo armado?

El proceso nació del ‘Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, firmado en La Habana, el pasado 26 de agosto. Dicho acuerdo es la primera etapa en la búsqueda de una salida política a la violencia guerrillera de medio siglo. La segunda etapa concluiría con la firma del acuerdo final; y la tercera, con la implementación de lo acordado, que deberá concluir con la desarticulación del grupo guerrillero.

El proceso de paz no puede mirarse aisladamente del contexto político del país. La aprobación del ‘Marco Jurídico para la Paz’, de la ley de ‘Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras’, son apenas dos instrumentos en busca de dar solución al conflicto social y ‘armado’ que vive el país, situación reconocida por el Estado por primera vez en lo que va del siglo XXI.

En Noruega se instaló la mesa, pero Cuba será la sede permanente de los diálogos que prevéen a Venezuela y a Chile como acompañantes del proceso. Intervendrán 30 delegados por bando, aunque solo 10 podrán participar en las negociaciones (5 negociadores y 5 asesores técnicos). Por el gobierno se incluye a los miembros de la fuerza pública, Jorge Mora Rangel y Óscar Naranjo, a Luis Carlos Villegas, presidente de la ANDI, a Humberto de la Calle, al ex comisionado Frank Pearl, y a Sergio Jaramillo. Las FARC designaron a Iván Márquez, Jesús Santrich, Rodrigo Granda, Marcos Calarcá, y Mauricio Jaramillo. Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, dificilmente podrá participar.

La paz es el anhelo más grande del pueblo colombiano. Toda gestión encaminada a la erradicación de la violencia es loable y digna de apoyar. Pero no debe renunciarse a un espíritu crítico para evaluar las condiciones previas a los acercamientos, y los temas plantados en la agenda de Oslo y La Habana.

El gobierno debe velar porque los dialogos promuevan la desmovilización y no la figuración internacional de las FARC. La experiencia enseña que a todo proceso de paz exitoso, antecedieron unas precisas condiciones de conveniencia, de pertinencia de los temas y validez jurídica de lo que se llegare a acordar:

¿Es el momento indicado?  El gobierno debe preguntarse por el supuesto interés de las FARC para negociar su desmovilización, contar toda la verdad de sus crímenes, liberar a todos los secuestrados, entregar sus armas, abandonar el narcotráfico y someterse a la justicia transicional ó, eventualmente, obtener un indulto.

Si esta voluntad no resulta fácil de establecer a medida que avanzan los diálogos, deberá impedirse que los díalogos se conviertan en una nueva estrategia dilatoria de las FARC para recomponerse política, militar e internacionalmente. Si algo debe aprenderse del Caguán es que solo se justifica negociar cuando hay buena fe de la guerrilla. Y para empezar, no parece un buen augurio su declaración de no tener ningún secuestrado en su poder, de jamás haberse financiado con dineros provenientes del narcotráfico, y la advertencia de no sentirse cobijados por el plazo de meses y no de años, que el gobierno se fijó para llegar a un acuerdo final.

Los diálogos de paz se inician en el marco de la mayor ofensiva terrorista de los últimos años contra de la población y la infraestructura energética del país. Solo en 2012, se han producido 164 ataques contra la fuerza pública, el doble que en 2008. Desde 2010, la violencia del ELN y de las FARC ha afectado 270 municipios, incluido el Distrito Capital. En este período, se ejecutaron 1660 acciones violentas que afectaron directa o indirectamente a 16 millones de personas.

Los atentados contra la infraestructura petrolera han crecido este año un 175% con relación a 2010. Los ataques contra el sistema de interconexión eléctrica pasadon de 24, en 2010, a 60, solamente en el primer semestre de este año. En igual periodo, se duplicaron los retenes ilegales con relación al año pasado*.

Un eventual acuerdo de paz estaría regido por el Marco Jurídico para la Paz (MJP) y por la ley orgánica que lo reglamente, la cual a la fecha no ha sido expedida, y apenas está por presentarse el proyecto de ley en el Congreso. Si estamos ante un proceso que “no será de años sino de meses”, como lo afirma el presidente, no se contaría con tiempo suficiente para la aprobación de esta ley para el momento de la firma del acuerdo definitivo, y no habría claridad sobre los requisitos a que estaría sometido el proyecto de acuerdo final que se trabaje en la mesa. Además, al desarrollarse simultáneamente los dialogos en La Habana y en Oslo con las sesiones en el Congreso de la ‘Ley de Paz’, podría contaminar ambas cosas, a falta de reglas claras establecidas desde el comienzo.

¿Son pertinentes los temas planteados en la mesa? La agenda contempla cinco temas: desarrollo rural, participación en política, el fin del conflicto armado, narcotráfico, y reparación a las víctimas.

Un avance frente a los diálogos del Caguán es la concresión de los temas planteados. Pero, con excepción de la participación en política de los movimientos que surjan como consecuencia de la desmovilización, los demás asuntos son del resorte del gobierno y del  Congreso y no los propios de un acuerdo de paz.

Un acuerdo de paz  debe buscar la desmovilización de los alzados en armas para su reinserción a la vida civil. Eventualmente, podría negociarse su derecho de participar en política, como sucedió con el M-19. Pero es claro que este grupo pudo llevar a cabo su ‘programa político’ solamente actuando dentro de la democracia, representado a un electorado en las corporaciones de elección popular, y no lo hizo como actor armado en la mesa de díalogos del gobierno gaviria. En ese proceso se discutió el cese al fuego, la desmovilización, la reinserción y la participación en política, nunca los temas sustenciales del país.

Lo contrario puede resultar una invitación a los sectores que no logren triunfar por la vía democrática, para que lo hagan recurriendo a la combinación de las formas de lucha pues, al final, terminarán negociando con el establecimiento el proyecto de país que no pudieron validar en las urnas.

¿Qué validez tendría el acuerdo de paz?  El Marco Jurídico para la Paz (MJP) garantiza la participación en política de los desmovilizados, con exepción de los autores de delitos atroces y de lesa humanidad. La diferencia con al proceso con el M-19 y con los dialogos del Caguán, es que para esas fechas el estado colombiano gozaba de amplia autonomía para concederle impunidad a los actores violentos en el marco de una negociación, en tanto que ahora se encuentra sujeta a estándares internacionales del derecho internacional, tales como el Estatuto de Roma, por el cual se le otorga jurisdicción en Colombia a la Corte Penal Internacional (CPI), para investigar y juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, cuando la justicia de nuestro país por cualquier motivo se abstenga de hacerlo, sin hacer ningún tipo de excepción por motivos de ‘conexidad’ para la persecusión penal, como sería la intensión de la Ley de Paz; ello sin contar las dificultades que, en el campo del Derecho Internacional, ocasionarían el reconocimiento de ‘status político de beligerancia’ a una organización que se ha financiado del narcotráfico.

Las FARC, hace tres años, dejaron pasar la oportunidad histórica de acogerse a un tratamiento mucho más benévolo que hubiera podido darles el Estado colombiano y la comunidad internacional.

La instalación de la mesa, a las afueras de Oslo, muy dogmático y poco pragmático, dejó ver que persisten en defender la vigencia de sus tesis por encima de llegar a un consenso que les permita obrar por vías democráticas.

Sin duda es una apuesta arriesgada la del presidente Santos la cual, por bien del país, deseamos que resulte exitosa. Sin embargo, hechos tozudos como el crecimiento de la presencia guerrillera en el país, que ha recobrado su presencia en 50 municipios de donde había sido sacada, sumados a la tasa de crecimiento de sus miembros, que a finales de 2010 eran 6800 y ahora se calculan en 9000**, muestran la urgencia de mirar con lupa los acontecimientos pues si continuara el tono altisonante de las FARC y la frecuencia de los actos terroristas, no habría motivo para permanecer en una mesa que solo les serviría para su recomposición estratégica y militar, y su legitimación en el esenario internacional.

*Cifras divulgadas por la Fundación Seguridad y Democracia.

** Esta estadística fue revelada por el expresidente Uribe en Medellín, en un conversatorio durante la presentación de su libro No hay causa perdida. En dicha ocasión dijo que, de haberse mantenido la tasa de bajas y desmovilizaciones de su gobierno, hoy las FARC solo contarían con 2000 hombres y sería más facil negociar con ellas.