¿PROTECCIÓN AL TOTALITARISMO MARXISTA?

¿Protección al totalitarismo marxista?

Por Carlos Romero Sánchez

22 de octubre de 2012

El 11 de octubre de 2012, la página web de la Presidencia de la República de Colombia emitió un comunicado donde anunciaron la expedición del decreto 2096 mediante el cual se pondrá en marcha el “Programa Especial de Protección para dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano” (1). El ministro del Interior, Fernando Carrillo, subrayó que dicho decreto “pretende fundamentalmente unificar, integrar y fortalecer todo el sistema de protección de los dirigentes de la oposición y de partidos independientes que de manera legítima ejercen ese derecho”. Las palabras del ministro Carrillo y los alcances de ese decreto son unilaterales y ambiguos.

¿Por qué reforzar únicamente la protección de miembros del PCC y de la UP en momentos en que la prensa anuncia que la seguridad prestada por el Estado a cientos de otras personas en peligro y amenazadas por el terrorismo podría ser reducida a la porción congrua por razones financieras? ¿Por qué dar a entender que el PCC y la UP no han estado protegidos por el Estado?  El PCC, la UP y los otros “partidos independientes” sí han gozado de protección estatal.

El funcionamiento legal de cualquier movimiento o partido político, sin importar si es o no de la oposición, está garantizado en Colombia. Junto a ello, la libertad de asociación –promovida por la filosofía liberal y no por el marxismo que aboga por su liquidación pues ello hace parte de la “democracia formal” o “burguesa”–, está consagrada en nuestra Constitución.

Es pertinente determinar, por otra parte, qué tipo de partido ha sido el PCC, partido nombrado explícitamente en el boletín de la Presidencia de la República, quien lo clasifica como partido “independiente”. Sin ningún género de dudas, el PCC es un partido antidemocrático y totalitario. Por lo tanto, su oposición no puede ser más que antidemocrática y totalitaria. Para saber esto no hay más que leer su nombre, constatar sus prácticas y analizar su ideología: el marxismo.

El PCC, además, no ha sido cualquier partido: estuvo enfeudado y financiado por una potencia extranjera antidemocrática y totalitaria, la URSS, que intentó implantar un régimen comunista en nuestro país. Entonces, catalogar al PCC como un partido independiente no es correcto. El vasallaje rendido a un Estado extranjero antidemocrático es una práctica que el PCC se niega a perder hasta el día de hoy. Los comunistas colombianos hacen parte, además, de la nueva internacional extremista latinoamericana fundada por Lula da Silva y Fidel Castro: el Foro de Sao Paulo. Nadie olvida que el PCC ha sido el creador y alimentador de las FARC.  Esas características del PCC hacen que no sea un partido como los demás pues ha sido agente de una potencia extranjera y ha mantenido, por más de 50 años, un brazo armado que ha cometido inmensa cantidad de crímenes. Ese partido no ha renunciado al marxismo ni lo ha sometido a crítica.

El PCC y sus compañeros de ruta tratan de aparecer ahora como las víctimas, como los únicos que han sufrido la violencia. Esa engañifa oculta el largo historial criminal y terrorista de la banda narco-marxista de las FARC, brazo armado del PCC. Esto no es nuevo. Los crímenes y el terrorismo del M-19, del ELN, del EPL –guerrillas marxistas– también quedaron en el olvido y en la impunidad. Esa infame hazaña la quieren repetir ahora en Oslo los jefes de las FARC-PCC.

En una reciente entrevista en el programa radial La hora de la Verdad el analista político Alfredo Rangel expuso una verdad que muchos quieren acallar: la desbordante actividad delincuencial de las FARC (2). Según Rangel, esa guerrilla marxista es responsable del genocidio de miles de activistas, candidatos y responsables de los partidos Liberal y Conservador. Estos fueron asesinados, secuestrados y heridos por las FARC en estos 50 años.  Las FARC son responsables del mutilamiento de aproximadamente 10.000 personas mediante las minas “quiebrapatas” en todo el territorio nacional. Son responsables de la expulsión de alcaldes y policías, so pena de muerte, de más de 400 municipios en la época anterior al gobierno de Álvaro Uribe. Las matanzas de civiles como método para obligar a los pobladores a pedir el retiro de la policía nacional de sus respectivos pueblos también hacen parte de los crímenes de las FARC.

A esto hay que agregar que las matanzas de civiles no ha sido una práctica reciente de los comunistas colombianos. Pedro Antonio Marín, alias ‘Tirofijo’, desde sus inicios como lugarteniente de Jacobo Prías Alape o Fermín Charry, alias ‘Charronegro’, y luego al mando de su propia banda armada, utilizó la extorsión y el asesinato de civiles y de campesinos como una forma para lograr la adhesión de los campesinos a las ideas comunistas y, a la vez, lograr dominio territorial. Esa práctica también hizo parte del accionar criminal de  otros falsos “dirigentes agrarios” marxistas, como Ciro Trujillo, José Enoc Leal, alias ‘Diamante, José Alfonso Castañeda, alias ‘Capitán Richard’, Hermógenes Vargas, alias ’Vencedor’, y Silvestre Bermúdez, alias ‘Media Vida’, entre otros.

En aquellos años de 1950 y 1960, ‘Tirofijo’ y los otros “dirigentes agrarios” no actuaron solos. En un 90% los mal llamados “bandoleros” ya estaban bajo dirección comunista –otras facciones marxistas como el MOEC y el FUAR también tuvieron aparato armado- e impusieron la táctica marxista del terror para tener influencia en la población y lograr una correlación de fuerzas frente al Ejército colombiano. La determinación del presidente de la República de entonces, Guillermo León Valencia, y la valentía de nuestros soldados y oficiales, lograron doblegar al movimiento armado comunista. No obstante, la batalla política comenzó a perderla desde entonces el Estado colombiano. Esa actitud de combatir la agresión terrorista pero desatender el frente de las ideas que guían a los terroristas ha sido una de las mayores fallas de seguridad del Estado colombiano. La incapacidad de la izquierda colombiana de asumir una actitud crítica ante la violencia comunista es el otro componente de ese mismo problema.

El capítulo sobre Colombia para El Libro Negro del Comunismo está por escribirse. Los colombianos hemos sido víctimas de la praxis del marxismo. La democracia colombiana, durante más de cinco décadas, ha sido asediada en diversas formas. Por la violencia y por la manera gramsciana –infiltrando los resortes políticos y culturales del país–,  se la intenta cambiar por un régimen socialista. La continuidad de toda democracia como sistema político depende de que ésta sea vigilante y estricta, que sepa defenderse de sus enemigos y que esté en capacidad de exigir a los partidos políticos un comportamiento democrático, y no un juego hipócrita, subversivo y totalitario. Algo que parece haber sido olvidado en Colombia. En las democracias más avanzadas del mundo los partidos y sectas comunistas deben funcionar dentro de los parámetros de la ley y ni por fuera de éstos. En caso contrario, esas formaciones son disueltas.  Un ejemplo: en  Estados Unidos, el PCUSA no puede hacer parte de ningún movimiento político internacional.  Desgraciadamente, ese nunca fue el caso de Colombia, donde el simple hecho de que un partido porte en su nombre la palabra “democracia” o “democrático”  lo hace automáticamente demócrata. En otras latitudes, la práctica junto con la ideología que profesa un partido  es lo que define  si éste es demócrata o no. ¿Estaría permitido un partido nacional-socialista en Colombia? Desde luego que no. Deberíamos con toda energía condenar un partido de esa vertiente del socialismo.

Finalmente, la izquierda colombiana debería reflexionar acerca de la tragedia de la UP. Sobre ese tema mucho se ha especulado pero la verdad completa aún no ha salido a flote. El PCC acusó de eso siempre al Estado colombiano y soslayó el papel del narcotráfico, del paramilitarismo, de las disidencias de las FARC y de las propias FARC en esa matanza.  En gran parte, esa tragedia se debe a quienes crearon la UP: las Farc y el Partido Comunista. Se han olvidado los crímenes anticomunistas de un comunista como José Fedor Rey y las dudosas proezas de Braulio Herrera. Por ejemplo, en noviembre de 1989, en una operación del Ejército contra las FARC, en la región santandereana de Plan de Armas, fueron encontrados documentos que prueban que ese “comandante” de las FARC, y alto dirigente  de la UP, había ordenado el fusilamiento de 65 integrantes de las FARC a quienes él acusaba de ser “infiltrados”. El presidente Santos y sus asesores deberían tener en cuenta esos aspectos dramáticos de la historia reciente de Colombia.

Notas

1. http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Octubre/Paginas/20121011_02.aspx

2. http://ww.lahoradelaverdad.com.co/post/detail/post=7912&_id=28