“HAY IRREGULARIDADES EN LOS JUICIOS A MILITARES ARGENTINOS”

“Hay irregularidades en los juicios a militares argentinos”

Entrevista a Gerardo Ibáñez, abogado defensor de militares juzgados

Por Ricardo Angoso

Gerardo Ibañez es un joven jurista argentino que tiene ante sí el difícil desafío de defender a varios militares procesados en Argentina por sus responsabilidades durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1981), más conocido como la dictadura militar a secas. Hay unos mil militares procesados por las causas relacionadas con esos años y 153 militares han muerto en prisión, lo que da una idea de la magnitud y envergadura de estos juicios. Otros, como el general y ex presidente Jorge Rafael Videla, de 86 años, también pagan por los supuestos delitos cometidos en aquellos años y que fueron perdonados, en su momento, por el presidente Carlos Saúl Menem. También estos procesos se abrieron ignorando, de una forma de dudosa legalidad, las Leyes de Obediencia Debida y Punto final, aprobadas a finales de los años ochenta. Ibañez, hombre curtido en estos procesos, no duda de que hay una intencionalidad política en estos juicios y no la supuesta búsqueda de una justicia ejemplar.

Ricardo Angoso: ¿Puede explicarme qué casos estás llevando en estos momentos?

Gerardo Ibañez: Esencialmente, los casos que ahora defiendo competen a militares argentinos o a personas que pertenecieron, en su momento, a las Fuerzas Armada, pero también tengo entre mis defendidos a policías. Actualmente, los defiendo en varias circunscripciones y en un mismo proceso ocurre que tengo a varios defendidos. Lo que está ocurriendo últimamente es que muchos de estos procesos vienen muy condicionados, políticamente hablando, y algunos magistrados o jueces ejercen muchas veces una suerte de comisariato sobre sus compañeros, presionando para que los juicios se atengan a un esquema predeterminado. Se ha convertido en una suerte de política de Estado, incluso con la participación de la Corte Suprema de Justicia, el impulsar estos procesos y que se abran de una forma rápida, algo que hasta ahora no había ocurrido y no habíamos visto los juristas.

R.A.:¿Los procedimientos contra los militares se siguen de una forma correcta?

S.V.:Está habiendo irregularidades en muchos de estos procesos. Nos encontramos con una realidad bien clara: antes de los sucesos de 1976 (el golpe de Estado) teníamos un grave problema de la subversión terrorista y era una amenaza clara a toda la sociedad argentina. Vivíamos, mucho antes del año 1976, una guerra de guerrillas intensa y como estaba ocurriendo en otras partes del mundo. Todo el Cono Sur vivía en ese estado de cosas, en esa guerra, pero en Argentina tenía una mayor virulencia. ¿Qué ocurrió? En la época del gobierno militar, entre 1966 y 1973, comienza la actividad guerrillera y terrorista; mostraban una gran capacidad de organización y ejecutaron numerosos actos terroristas de una gran violencia. Estos delitos fueron perseguidos y muchos de sus responsables, detenidos, procesados y juzgados entonces. Y así, para juzgar esos hechos y a sus responsables directos, se creó una Cámara Federal que tenía jurisdicción en todo el país, con el fin de poner fuera de juego y acabar con las actividades ilícitas de estos grupos terroristas. Estos juicios se fueron llevando a cabo en un marco de mucha violencia, ya que el país pasaba por momentos muy difíciles y los jueces, en su gran mayoría, estaban amenazados. Y muchas personas que habían cometido delitos relacionados con la acción terrorista fueron condenadas y otras cumplían ya su condena.

Pero, en estos momentos de zozobra, uno de los presidentes de entonces, el peronista Héctor Cámpora (1973), desoyendo las recomendaciones que le había el mismo Juan Domingo Perón, decreta una Ley de Amnistía, que no fue un instrumento de pacificación como pretendía o para calmar los ánimos. Ocurrió lo contrario; quienes salieron de las cárceles después de haber sido juzgados salían empuñando las armas y dando gritos de alegría, incluso con cánticos a la revolución. Apelaban a la guerra y lejos de constituirse en un factor de pacificación se convirtieron en un problema, ya que volvieron a la lucha armada con un afán de venganza y atacando directamente a aquellos que les habían detenido en su accionar, como las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del Estado. Asesinaron a jueces, colocaron bombas, y el desorden volvió a las calles argentinas. Lo curioso del caso es que el ministro del Interior con Cámpora es ahora quien promueve desde las instancias judiciales los procesos contra los militares, muchos de los cuales hicieron frente a la subversión y al terrorismo valientemente. Es el Procurador General de la Nación quien ahora alienta e inspira esos procesos, de una forma bastante sospechosa, claro está.

Luego llega la presidencia de María Estela Martínez de Perón y la situación se sigue tensando, de tal forma que un presidente provisional por la enfermedad de la máxima mandataria, Italo Luder, firma unos decretos que confieren a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad más poderes para lucha contra el terrorismo. La justicia, por lo pronto, estaba asustada y amedrentada, pues había sido blanco de los terroristas y muchas jueces tuvieron que abandonar el país para evitar ser asesinados. Analizar la historia de Argentina sin atenernos a lo que ocurrió antes del golpe de Estado de 1976 es no ser rigurosos e ignorar una parte de lo que luego ocurrió sin ser objetivos. Creo, por tanto, que estos juicios a militares ya no tienen ningún sentido, es simplemente remover el pasado y actuar en contra de un principio político que se estableció inicialmente para mirar hacia el futuro, algo a lo que creo que tienen derecho todas las naciones del mundo. No olvidemos que Francia ni siquiera juzgó a un solo militar por los sucesos que ocurrieron en Argelia, como también España prefirió cerrar esa página en aras de la concordia y el encuentro entre todos los españoles. Creo que estos procesos que se desarrollan en la actualidad no tienen ningún sentido.

R.A.:¿Cómo comenzaron estos procesos?

S.B.: El origen de estos juicios comenzó con el primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, en 1983, que pretendía juzgar a unos militares que en el combate contra el terrorismo y la subversión podían haber cometido algunos “excesos”. Así fueron juzgadas las Juntas Militares y algunos responsables civiles y militares que podían haber incurrido en algún tipo de delito. Era un planteamiento muy distinto al actual. En esos juicios, además, quedo claro que había habido una provocación por parte de los terroristas y que el Estado, en algunos casos, pudo haber actuado con desproporción al perseguir esas acciones terroristas. Pero, entonces, las asociaciones de derechos humanos consideraron insuficiente que fueron juzgados los responsables militares y políticos de ese periodo (1976-1981), y pretendieron seguir con los procesos y ahondando en esa línea, lo que provocó que más tarde se aprobaran las Leyes de Punto Final y Obediencia debida para terminar con una situación que ya se hacía interminable y que generaba inestabilidad y malestar en el país. Se decretó que todo militar que un plazo de sesenta días no fuera llamado por un juez quedaba exculpado, en un intento por poner fin a los procesos y ponerle un punto y final a esta sucesión de procesos. La mayoría de los militares que habían estado en primera línea en la lucha contra el terrorismo, al que habían conseguido doblegar, seguían en activo y era absolutamente inoportuno el seguir juzgando a las Fuerzas Armadas por los sucesos de aquellos años. Hubo alzamientos, sublevaciones, sobre todo debido a que la oficialidad más joven consideraba que ya se debían de poner fin a esos juicios, tal como después pasó al ponerse en marcha la Ley de Obediencia debida. El malestar en las Fuerzas Armadas era evidente.

En estos juicios contra los militares, y lo digo como abogado defensor, se están juzgando hechos que pertenecen a un

pasado que no se puede sacar del contexto que vivíamos, en plena guerra contra el terrorismo y la subversión. Había habido un ataque de la guerrilla contra el Estado del Derecho. Hubo excesos en el fruto de una lucha entre los subversivos y las fuerzas de seguridad. Eso es un hecho innegable y fuera de ninguna duda. Creo que, sin embargo, esas Leyes de Punto de Obediencia y Punto Final trataron de subsanar y superar ese periodo de alguna forma legal y llegaron a entrar en vigencia. Y estas Leyes fueron sancionadas en plena democracia por el Congreso de la Nación y son absolutamente legítimas, acordes a nuestro Estado de Derecho.

Ahora, sin embargo, ¿qué ocurría? Pues que había un grupo de oficiales que no encajaban  en las Leyes de Punto Final o en la de Obediencia Debida, entonces fueron indultados por el presidente Carlos Saúl Menem mediante un perdón presidencial y gracias a las facultades que le otorgaba nuestra Constitución al máximo mandatario. Estas Leyes y este perdón no fueron reconocidas por algunas organizaciones de derechos humanos que las consideraron inconstitucionales, allá por el año 1987. Y la Corte Suprema de Justicia declaró entonces, incluso con algunos miembros de los que están ahora en la institución presentes, que esas Leyes eran constitucionales, lo que significa que ya es un asunto resuelto y juzgado. Las Leyes fueron declaradas constitucionales y tuvieron su vigencia.

Desde entonces, estos organismos de derechos humanos siguieron trabajando, tanto en el plano interno como externo, para que esas Leyes fueron superadas. Comenzaron luego los juicios de la verdad, en que los familiares de las víctimas intentaban juzgar hechos no juzgados más allá de la Ley y en la búsqueda de una supuesta verdad. No había acusados, era un proceso penal sin nadie que pudiera responder siguiendo unos principios de lo que era totalmente jurídico. Finalmente, llega Néstor Kirchner a la presidencia y vuelve a sacarse de la manga nuevamente los procesos contra los militares; se derogan las Leyes, pero se hizo en el sentido retroactivo, algo que no puede hacer en términos jurídicos. Las Leyes penales que reabrieron los procesos a los militares se aplicaron con un carácter retroactivo e ilegal. Fueron derogadas las Leyes para juzgar a los militares y se decretan Leyes casi de carácter ilegal como la de Nulidad. El Congreso no puede anular Leyes, sino que tienen que ser los jueces, en un acto ilegal y contrariamente a los principios del Estado de Derecho se estableció otro criterio. Así se recomenzaron los procesos que habían sido paralizados y detenidos en la década de los ochenta, sumiendo a estos militares, de nuevo, en un calvario judicial que no parece tener fin. Tampoco para el país.

R.A.:¿En qué año se dio esa situación?

G.I.: En el 2003, año en que se reabren estos procesos y el tema vuelve a ser noticia de primera plana.

R.A.:¿Pero no habían prescrito muchos de esos delitos?

G.I.: Lo que se hizo fue no asumir esa prescripción de esos delitos. Por ejemplo, en Argentina prescriben si desde la media noche de la consecución del delito hasta la fecha en que se habría cumplido la pena se extingue la acción penal. Ese es un cómputo que no deja lugar a dudas. No olvidemos que son hechos que ocurren a finales de los años setenta y que están totalmente prescritos. Luego está el asunto de la lesa humanidad, que ni siquiera existía cuando ocurrieron los hechos supuestamente juzgados ni después, en los primeros juicios contra las Juntas Militares. El concepto de lesa humanidad es posterior y se les aplica con retroactividad a los acusados. Luego la Ley de Nulidad, que deja sin efecto anteriores Leyes aprobadas por el Congreso de la República, es ilegal e inconstitucional a todas luces. Se dice, entonces, que estos delitos no prescriben porque son de lesa humanidad. Aplicar tratados internacionales que han sido firmados recientemente por Argentina para encausar a estos militares por unos delitos que ya han prescrito atenta claramente contra nuestro orden jurídico, ya que ponen a los encausados en manos de una situación mucha más gravosa y que les perjudica notablemente. Incluso muchos jueces me han llegado a dar la razón y a mis argumentos, pero esos mismos jueces no se atreven a darme la razón en público porque hay una intencionalidad más allá de lo jurídico en estos procesos.

R.A.:¿Qué perspectivas de evolución tienen estos procesos?

G.I.: Estamos inmersos en un proceso que va a más. Es muy difícil juzgar hechos que ocurrieron hace tantos años, en que faltan muchos testigos y muchos documentos, sobre todo porque el Estado argentino quemó y destruyó en el año 1983 una buena parte de la documentación del periodo de la lucha contra la subversión, lo que impide a muchos de los acusados realizar una defensa efectiva. El propio Estado que dio órdenes a esos militares a realizar acciones después no les dio la oportuna protección. ¿Qué está pasando? Pues que se les da un crédito sin mácula de duda a las supuestas víctimas de estos delitos y sin que haya pruebas fehacientes, o documentación, que impliquen a estos militares en estos hechos, muchas veces escasamente probados y documentados. Muchas veces, además, los testigos se coordinan para acusar a cualquiera. Muchas veces es poco importante que un militar sea inocente o no, ya que es declarado culpable previamente; ser militar es sinónimo de ser culpable. Los hechos juzgados son gravísimos pero eso no significa que todos los militares juzgados sean culpables o responsables de los crímenes de que se habla. Hay una intencionalidad política en juzgar a los militares y machacar a las Fuerzas Armadas, eso lo tengo muy claro y así lo denuncio. Hay una conexión clara entre el poder político, subordinado a determinadas organizaciones de derechos humanos generosamente financiadas por los Kirchner, y un poder judicial que no escatima todos sus esfuerzos para condenar a los militares. Hay una gran presión sobre el poder judicial para que someta a los militares de ese período histórico a juicios y sean condenados, no es justicia lo que se busca, sino que hay intenciones políticas claras en los procesos.