LAS JOYAS DE LA FISCALÍA DE IGUARÁN

LAS JOYITAS EN LA FISCALÍA DE MARIO IGUARÁN (2005-2009)

Teniendo a Álvaro Uribe como presidente y gestor de la Seguridad Democrática, la Fiscalía era el principal propulsor para esta política contra la mafia. Por el contrario, Iguarán llegó al cargo con el firme propósito de hacer el trabajo opuesto

Por Ricardo Puentes Melo

Agosto 28 de 2011

Si preguntaran por el peor Fiscal General que ha tenido Colombia, el puesto se lo disputarían indiscutiblemente Alfonso Gómez Méndez y Mario Iguarán Arana, ambos de complicidades con narcotraficantes y guerrilleros.

De Gómez Méndez conocemos casi todas sus andanzas y familiaridades con las FARC y su gran labor a favor de Ernesto Samper Pizano a quien encubrió su pertenencia por compra del solio presidencial que le hiciera el Cartel de Cali; labor en la cual ayudó grandemente la actual Fiscal General Vivián Morales, cuando pertenecía al Congreso de la República. En realidad, Vivián Morales es una ficha importante del samperismo en este gobierno, pero el puesto se lo debe también a su otro padrino político: el tenebroso Gómez Méndez.

Gómez Méndez también fue parte importante en el gobierno de Pastrana, a quien ayudó con el proceso de caguanización del país que tanto dolor le causó a esta patria.

Así que, si bien Gómez Méndez hizo mucho daño a Colombia, su gestión fue un aporte más que se sumó a los gobiernos de Samper y Pastrana, uno mafioso y el otro proguerrillero; en cambio Mario Iguarán tenía todo dispuesto para haber hecho un servicio importantísimo al país.

Teniendo a Álvaro Uribe como presidente y gestor de la Seguridad Democrática, la Fiscalía era el principal propulsor para esta política contra la mafia. Por el contrario, Iguarán llegó al cargo con el firme propósito de hacer el trabajo opuesto. La opinión pública ignoraba que narcotraficantes y narcoparamilitares de todos los pelambres habían hecho una colecta multimillonaria para comprarle el cargo de Fiscal General. Es decir, la mafia le habría pagado a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (órgano encargado de elegir el Fiscal) para que eligieran a una ficha suya en ese vital cargo. Y eso no lo digo yo.. lo dice la solicitud hecha por el Procurador Ordóñez para que se investigue a Iguarán y a los magistrados, basado en testimonios y pruebas que “Macaco” aportó.

El contubernio entre Mario Iguarán, la mafia y los magistrados de la Corte, fue el culpable de haberle arrebatado al país una preciosa oportunidad de haber logrado justicia y paz.

Sin embargo, justo es decir que Mario Iguarán Arana no hizo el trabajo solo. En la Fiscalía General de la Nación le colaboraron verdaderas “joyitas” para impedir que la Seguridad Democrática avanzara como Uribe la había diseñado.

Aquí les vamos a regalar la nómina de estas “joyitas” que acompañaron a Iguarán en su tarea infame:

Jorge Armando Otálora. Fue su primer vicefiscal. Salió en 2006 tras el escándalo del brujo Armando Marti. Se retiró al litigio y en 2008 nos dio la sorpresa de aparecer como uno de los principales abogados-asesores de David Murcia Guzmán, el fundador de DMG, la “pirámide” en la que fueron estafados miles de colombianos en más de cuatro billones de pesos.

Otálora nunca fue investigado por el caso DMG y hoy, paradójicamente, se desempeña como magistrado del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura. Otálora es conocido en el mundillo de los abogados, como “el doctor Cuchuco”.

Guillermo Mendoza Diago. Fue el segundo y último vicefiscal de Iguarán. En ese cargo, en septiembre de 2008, le

hizo un “servicio inigualable a la justicia”: absolvió al político Luis Carlos Ordosgoitia por el escándalo de la “parapolítica”, pese a que él fue quien, en julio de 2001, organizó la reunión en la que se suscribió el llamado “Pacto de Ralito”.

Increíble. Prácticamente todos los asistentes a esta cumbre con paramilitares –asesorados por Carlos Alonso Lucio, esposo de la actual Fiscal- terminaron condenados, menos el organizador. Pareciera que Carlos Alonso Lucio hubiera ideado esta reunión para apresar a los políticos asistentes; y los hechos así parecen demostrarlo.

Ordosgoitia, el organizador de la cumbre del Pacto de Ralito no fue a la cárcel, y es importante mencionar que Ordosgoitia tuvo la ventaja de ser defendido por el polémico abogado Abelardo De la Espriella.

Mendoza también absolvió al ex gobernador de Sucre Salvador Arana por nexos con paramilitares. Tiempo después Arana terminó condenado por vínculos con esas bandas criminales. ¿Qué cosas, no?

Ya como Fiscal encargado, Mendoza Diago, entre agosto de 2009 y enero de 2011, se dedicó a perseguir a los militares, y a los colaboradores del ex presidente Álvaro Uribe. Les abrió los procesos para que su sucesora, Vivián Morales, esposa del guerrillero y asesor de paramilitares –Carlos Alonso Lucio- les diera la estocada final, como en efecto ha sucedido.

Zaidy Eliana Mora. Esta abogada fue su secretaria general, entre 2005 y 2006, hasta cuando estalló el escándalo del brujo Armando Marti. Por su cercana relación con Iguarán, Zaidy Mora en realidad era quien mandaba en la Fiscalía. Quitaba y ponía empleados, y en sus ratos libres se dedicaba a confabular, incluso, contra la legítima esposa de Iguarán (según uno de los informes elaborados por Marti y que está en poder de periodismosinfronteras.com).

Por lo que sí destacó Mora en la Fiscalía fue por su obsesión por la brujería y las ciencias ocultas. También, por ser la esposa del tristemente célebre Jimmy Chamorro, representante de Colmundo Radio, una empresa que fuera de los Rodríguez Orejuela, y de la cual actualmente es Presidente Zaidy Eliana Mora.

Rodrigo Barrera Barinas. Fue Jefe de Prensa de Iguarán en la Fiscalía. Es reconocido golpeador de mujeres. Tendrá un artículo central en esta serie.

Ángela María Buitrago. Desde los mismos comienzos de la Fiscalía de Iguarán, la Buitrago fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Fue ella quien se empeñó en la tarea de mandar a la cárcel a los valerosos militares que participaron, en 1985, en rescatar el Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego por los terroristas del M-19.

La Buitrago, se ensañó especialmente con el coronel Alfonso Plazas Vega, inventándole delitos inexistentes en el código de la época, montando testigos falsos para conseguir que Plazas Vega fuera condenado a 30 años de prisión. Sus mentiras quedaron expuestas cuando periodismosinfronteras.org descubrió que el Director del laboratorio de Antropología Física de la Universidad  Nacional manifestó que en la exhumación de los cuerpos provenientes del Palacio de Justicia del cementerio del sur de Bogotá, la Fiscalía había guardado 27 cadáveres dentro de los cuales estaban los de los supuestos desaparecidos.

También, periodismosinfronteras.org descubrió que el principal colaborador de la Fiscalía, quien “reconoce” a la mayoría de los “desaparecidos” en los videos, el Sr. René Guarín Cortés, es un antiguo miembro del M-19, secuestrador y asaltante de bancos.

Para acabar de completar, periodismosinfronteras.org descubrió que el testigo clave para conseguir la condena contra Plazas no había declarado en contra del mencionado oficial, es decir, había sido suplantado y su testimonio fabricado

Actualmente Ángela María Buitrago es investigada por estos hechos. El país clama por un verdadero “intercambio humanitario”: que Plazas recupere su libertad y Buitrago ocupe su puesto en la cárcel.

Luz Helena Morales Garay. Fue la persona más influyente en la Fiscalía de Iguarán. En el llamado búnker se decía que no se movía una hoja de papel sin el visto bueno de Morales. Esta abogada de la Universidad Libre quitaba y ponía fiscales a su antojo. Pocos días antes de que Iguarán terminara su gestión, Morales fue enviada a la Unidad de Justicia y Paz para que se siguiera ganando un sueldo cercano a los 15 millones de pesos, bajo la protección del entonces jefe de esa dependencia, el “lagarto mundial” (según nuestras fuentes) Luis González.

Jenny Claudia Almeida Acero. Al lado de Luz Helena Morales y Rodrigo Barrera, Almeida hizo parte del trío de personas más influyentes del mediocre pero astuto Iguarán. En alguna época, esta funcionaria tuvo a su cargo las reasignaciones de procesos en la Fiscalía; es decir, ella era quien decidía qué fiscal debía tomar tal o cual proceso. Tuvo la suerte de que nadie la investigó, pese a que en el interior de la Fiscalía se hablaba de más de una historia en la que Almeida era la protagonista principal.

Guillermo León Valencia Cossio. Es una oveja negra de la familia antioqueña Valencia Cossio. Fue jefe de fiscales de Medellín hasta que se descubrió que hacía parte de la nómina del jefe narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera (alias “Don Mario”). En marzo de 2011, este criminal, que le decía a Iguarán que era como su padre, fue condenado a 15 años de cárcel, por los delitos, entre otros, de concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, y ha anunciado que llevará su caso ante organismos internacionales. Tuvo protagonismo en la injusta condena que aún sufre el juez penal militar Miguel Paredes.

Perla Emperatriz Dávila Martínez. Fue jefe de fiscalías en el departamento de Córdoba. Tuvo que renunciar a su cargo, en agosto de 2008, luego de que quedó en evidencia sus relaciones poco claras -en todo sentido- con sujetos como Guillermo León Valencia Cossio y Juan Felipe Sierra. Nadie sabe por qué la señora Dávila sigue libre, si existe una monumental pila de pruebas en su contra.

Jaime Alfonso López. Fue, por pocos meses, el primer director del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la era de su amigo íntimo Mario Iguarán, “Carlota”. El brujo Armando Marti habló de él así en uno de sus informes: “Seguimiento a la negativa sistemática del director del CTI, doctor Jaime López, de someterse a los exámenes ordenados. Realización de los mismos con indicadores de homosexualismo, inmadurez emocional, neurosis, complejo de superioridad, basados en complejos de inferioridad, irresponsabilidad e imprudencia”. Durante los seis meses que López estuvo al frente del CTI, a esta dependencia de la Fiscalía se le conocía como “la jaula de las locas”. En octubre de 2005, López protagonizó un bochornoso incidente en el aeropuerto de Cartagena luego de que le fue prohibido viajar armado en el interior de un avión de Avianca.

Marilú Méndez Rada.Fue, entre enero de 2006 y noviembre de 2010, directora del CTI. Un mes antes de su renuncia

se descubrió que el círculo familiar de Méndez fue favorecido con millonarios contratos del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fondelibertad), una dependencia del Ministerio de Defensa que fue una especie de caja menor del “santismo” y sus amigos. De hecho, el actual hombre fuerte de las comunicaciones en la Casa de Nariño, Juan Mesa Zuleta, también fue favorecido con contratos similares a los de Méndez y su familia. Pero, claro, Mesa tiene la gran ventaja de gozar de inmunidad. En 2007, la revista Semana público una serie de grabaciones que dejaban mal parada a Méndez y la ponían en tela de juicio respecto del jefe narcoparamilitar Hugues Rodríguez Fuentes. Sin embargo, Iguarán salió en defensa de su directora del CTI y la ratificó en el cargo. El negro Juan Carlos Martínez, poderoso hombre del Valle, dice que conoce a Marilú bastante bien, pero no hemos podido conseguir ese testimonio de primera mano.

Raimundo Tello Benítez. Esta joyita fue Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En 2006, en un acto de posesión de varios funcionarios de la Fiscalía, se descubrió que entre los asistentes estuvo el abogado penalista Hernán Darío Escobar Restrepo, un reconocido defensor de narcotraficantes de la talla de Víctor Patiño Fómeque. Al final, Tello le dijo adiós a la Fiscalía cuando se estableció que fue él quien invitó a Escobar al acto en la Fiscalía. Por supuesto, Mario Iguarán –como lo comentamos al inicio de este artículo, ya tenía la costumbre de contar entre sus amigos a peligrosos personajes de la talla de Ascencio Reyes.

Camilo Bula Galiano. Fue jefe de la Unidad Antimafia o “Unaim” de la Fiscalía. En marzo de

2007, este personaje tuvo que renunciar a su cargo luego de que se denunció públicamente que al parecer había falsificado su acta de grado o su diploma de abogado. En otras palabras, que Bula no era profesional. Después, este señor se fue para la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) a hacer lo que más sabe: Trastadas.

De hecho, actualmente la propia Fiscalía lo investiga por las presuntas irregularidades en que habría incurrido durante su paso por la DNE.

Jesús Antonio Marín Ramírez. Fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, cargo en el que se “distinguió por su mediocridad”, según nos dijeron nuestras fuentes. Dicen que no dio pie con bola en el proceso que su despacho llevó en contra de Jorge Noguera, ex director del DAS, por sus presuntos nexos con paramilitares. La Corte Suprema anuló en un par de oportunidades el proceso contra Noguera por las boberías de este personaje. El ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez, es su amigo del alma.

Para quienes no lo recuerden, Yesid Ramírez, fue quien en una ocasión dijo, frotándose las manos, que al presidente Uribe lo tenían “agarrado de las bolas”. También, Ramírez fue quien, pasado de tragos, dijo que había que derrocar al entonces presidente Álvaro Uribe.

Nadie ha podido explicar aún el alcance de las relaciones de Marín con personajes como Eduardo Restrepo, alias “El Socio”, y César Pérez García, actualmente detenido como presunto determinador de la masacre de 43 personas, en noviembre de 1988, en el municipio antioqueño de Segovia.

Sandra Janeth Castro Ospina. Se desempeñó como coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en la era Iguarán. Ella se colocó al frente de la ‘empresa jurídica’ para meter a la cárcel a los militares por el tema de las supuestas ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Para ello, se consiguió un socio de lujo: el general Carlos Arturo Suárez Bustamante, conocido entre su círculo de amigos y enemigos como “La Machaca”.

Llegó a tal punto la obsesión con el poder de la señora Castro que, en julio de 2009, denunció penalmente al periodista y ex ministro Fernando Londoño Hoyos, así como a su colaborador en Radio Super William Calderón Zuluaga porque, según ella, defendían las acciones de criminales. “El aporte del señor Londoño a la organización criminal es valerse de los medios de comunicación de prensa y su programa de radio para defender las acciones criminales de personas que ya han sido condenadas por la justicia o están siendo objeto de investigación”, afirmó Castro en la denuncia que en su momento interpuso.

Entre sus casos más sonados, está el del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, condecorado como el mejor combatiente de América y condecorado con cinco medallas de orden público. Mejía Gutiérrez asegura que su caso “es un falso positivo del exministro Juan Manuel Santos y el ex Fiscal Mario Iguarán contra mí y contra el ejército. El ex ministro Santos tiene miedo de que se sepa la verdad; el exviceministro Sergio Jaramillo tiene miedo de que se sepa la verdad. La ex directora de Derechos Humanos de la Fiscalía, Sandra Castro, fue la que organizó este montaje para entregarle falsos resultados a los Estados Unidos. El exministro Santos hizo campaña política con la sangre de los soldados con el honor soldados y con la libertad del coronel Mejía. La Fiscalía está de la mano con terroristas y con bandidos para hacer montajes contra el ejército y contra el coronel Mejía..”  Muy claro es este valiente coronel.

Ramiro Alonso Marín Vásquez. Este personaje a quienes sus compañeros de la Fiscalía consideran “de carácter pusilánime”, fue el primer fiscal del caso seguido en contra del ex senador Mario Uribe Escobar por la “parapolítica”. En abril de 2008, Marín afectó a Uribe Escobar con medida de aseguramiento y lo envió a prisión, pese a que en el pasado le había pedido favores personales al primo segundo del ex presidente Uribe.

En agosto de ese mismo 2008, el entonces vicefiscal Guillermo Mendoza Diago revocó la decisión tomada por Marín cuatro meses antes. Una semana después, en una pataleta infantil, Marín renunció a la Fiscalía porque no pudo asimilar el hecho de que un superior jerárquico hubiera revocado su decisión.

Ómar Zarabanda. Fue la cuota del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez en la Fiscalía de Iguarán. Se puede decir que Zarabanda es como el ‘muchacho de los mandados’ de Gómez Méndez.

Como fiscal delegado ante la Corte Suprema, tras la renuncia de Ramiro Marín, Zarabanda tuvo en su despacho la investigación en contra del ex senador Mario Uribe por la ‘parapolítica’. Sin embargo, cuando se aprestaba a calificar el sumario, literalmente salió corriendo de la Fiscalía y dejó tirado tan importante proceso. Ni siquiera consideró el hecho de que se ganaba un salario mensual cercano a los 18 millones de pesos.

Julio César Martínez. Fue fiscal delegado ante la Corte Suprema. En enero de 2010, ese alto tribunal compulsó copias para que se investigara a Martínez por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato. El motivo: “como fiscal, Martínez precluyó la investigación a favor del ex senador Luis Humberto Gómez Gallo”. Según la Corte Suprema, Martínez acomodó a su antojo algunas declaraciones de testigos para favorecer al otrora senador por el departamento de Tolima.

Lucía Mejía Camargo. Fue la jefe de control interno durante la Fiscalía de Iguarán. Ella es la esposa de Ramón Ballesteros, el abogado de la confesa criminal Yidis Medina que, en febrero de 2011, salió esposado de una audiencia pública en la Corte Suprema de Justicia luego de que un testigo denunciara que le había ofrecido dinero para que declarara en favor de varios congresistas y ex congresistas dentro del proceso de la ‘parapolítica’.

Luz Eugenia Molta Garcés. Esta teniente coronel de la Policía fue la jefe del esquema de seguridad de Mario Iguarán. Se ganó la animadversión de los periodistas que cubrían los temas relacionados con la Fiscalía porque los trataba como si fueran delincuentes de la peor clase.

En abril de 2011, vestida con su uniforme de oficial de la Policía, Molta se accidentó en el norte de Bogotá cuando conducía totalmente borracha. Recibió una sanción de nueve meses tras el bochornoso incidente, pese a que el director de la Policía, general Oscar Naranjo, le pidió que renunciara por dignidad.

Lo triste es que la actual Fiscalía General de la Nación no ha mejorado mucho. Más bien, se asegura que es todo lo contrario. La Fiscal decidió llevar a trabajar allá a varios ex guerrilleros del M-19, y se dice que quien controla las directrices de investigación, y quien señala a qué “enemigos” hay que encarcelar, es su esposo, el también guerrillero del M-19, y asesor de paramilitares, Carlos Alonso Lucio.

Para que vayan viendo en manos de quién estamos.