LOS ALVEAR RESTREPO Y SUS JEFES EXTRANJEROS

EL COLECTIVO DE ABOGADOS Y SUS JEFES EXTRANJEROS

Por Eduardo Mackenzie

¿Quién puede creer en la pertinencia de la demanda por “traición a la patria” que el llamado “colectivo de abogados Alvear Restrepo” acaba de  registrar contra el presidente Álvaro Uribe?

Sólo un grupo de fanáticos sin escrúpulos, y sin respeto por el país, puede inventarse una acusación más estrafalaria y provocadora.

Esa demanda no tiene sentido desde el punto de vista factual, ni  legal. Es cierto, la Corte Constitucional declaró “inexistente” la ampliación del acuerdo de cooperación y defensa entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, de octubre de 2009, pero lo hizo invocando unos supuestos errores técnicos de trámite, no un asunto de fondo. Una nueva ley será presentada al Congreso y restablecerá y ampliará el acuerdo.

Lo dijo muy bien El Colombiano, de Medellín, este 6 de septiembre: “Ningún juez probo y competente del mundo podría calificar la celebración de [ese] convenio como un acto que tienda a menoscabar la integridad territorial de Colombia, ya que lo que se busca con él es combatir a la guerrilla narcotraficante y terrorista en nuestro país. Tampoco podría considerarse que al permitirse la colaboración de Estados Unidos, ya sea a través de estos convenios o del Plan Colombia, se esté sometiendo el país a un domino extranjero. Más bien lo que vemos es una manifiesta persecución contra el Presidente Uribe, y un ánimo de figuración de varios abogados… que no juristas. ¡No hay derecho!”.

El “colectivo de abogados” no es autónomo. Es dirigido, en realidad, por la FIDH, una Ong basada en París y controlada por  fuerzas políticas.  Esa Ong “de derechos humanos”, cuyo financiamiento es muy opaco, durante ocho años soñó con la destitución del Presidente Uribe. Ahora, ella tiene una sola obsesión: montar un juicio contra al ex mandatario colombiano, en Colombia, o en el extranjero, para  castigarlo por su excelente desempeño en defensa del sistema democrático. Para orquestar ese hostigamiento, la FIDH envió a Bogotá hace unos meses a uno de sus abogados, quien llegó pidiendo “garantías” de todo género. El es miembro del citado “colectivo”.

Nadie olvida que la FIDH criticó violentamente  a los millones de colombianos que el 4 de febrero de 2008 expresaron, en inmensas manifestaciones, en Colombia y en el extranjero, su repudio a las Farc. En cambio, la acción sectaria pro-Farc del 6 de marzo de 2008 fue respaldada por la FIDH.

La FIDH viene preparando la operación judicial contra los responsables colombianos desde  el 7 de marzo de 2008 cuando lanzó un comunicado en el cual  presentó  la muerte del jefe terrorista Raúl Reyes, ex número dos de las Farc, como un “crimen internacional” y como una “ejecución extrajudicial”.

En esos días, esa Ong redactó  un borrador para entablar una demanda en París contra el jefe de Estado colombiano, pero  echó marcha atrás pues vio que no tendría éxito. Ya había conocido un estruendoso fracaso, en octubre de 2007, cuando intentó hacer arrestar en Alemania y/o en Francia al ex secretario norteamericano de Defensa, Donald Rumsfeld.

Dos responsables de la FIDH fueron enviados enseguida a Quito y a México para  recabar apoyo diplomático para la nueva campaña anticolombiana. Entraron en contacto con familiares de las 24 otras personas que perecieron en el campamento de Raúl Reyes  el 1 de marzo de 2008, para utilizarlos como masa de maniobra.

Meses después lograron la apertura del proceso penal de Sucumbios, donde lideres colombianos fueron acusados, como el ministro de Defensa en ese momento, Juan Manuel Santos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla de León, el general Mario Montoya, comandante del Ejército Nacional, y el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo. Ellos fueron acusados de “crimen internacional” y “ejecución extrajudicial”.

En junio de 2009, el juez Daniel Méndez, de la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos, ordenó la captura de Juan Manuel Santos. El 2 de octubre de 2009,  el juzgado tercero de Sucumbíos pidió a la Corte Nacional de Justicia, la extradición de Santos. Todo eso les fracasó ante el claro rechazo expresado por el presidente Álvaro Uribe. Durante la reunión sostenida en Cancún, en febrero de 2010, Uribe se lo dijo de frente a su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa. “Una nación como la nuestra, azotada por tanto tiempo por el terrorismo, no puede abandonar a quienes han librado la batalla contra el terrorismo”, remató Uribe.

La farsa de Sucumbios estaba diseñada para que un fiscal colombiano firmara órdenes de captura contra esas personalidades. No lo logró pero el asunto avanza al ritmo de las necesidades del gobierno de Quito. Cuando Rafael Correa finge querer restablecer las relaciones con Colombia, pues necesita comprarle a Bogotá energía eléctrica, el juicio parece olvidado. Cuando quiere  mostrar otra cara, el juicio resurge intacto.

En abril pasado, un juez anuló parte de ese juicio por fallas procesales, pues los acusados no habían sido notificados. Ahora, el 3 de septiembre de 2010, en Lago Agrio, la Fiscalía ecuatoriana volvió a acusar al general Montoya, hoy embajador en Santo Domingo,  y a pedir “prisión preventiva” para él.  Ese es el juego de esa gente: mantener la tensión para demoler psicológicamente a sus víctimas.

Nunca antes en su historia, la República de Colombia había visto amenazada la libertad de su Presidente y de un ex Presidente, y de altos miembros de las fuerzas armadas. Sin embargo, la movilización contra esas intimidaciones parece mínima, pues el principal instrumento de éstas, el colectivo Alvear Restrepo sigue siendo intocable.

Es hora de que las autoridades y la opinión colombiana conozcan  el origen y la cuantía de la financiación de ese “colectivo de abogados”, en qué bancos depositan sus dineros, cuál es su nómina completa y cuáles son sus relaciones exteriores. Un organismo que pretende acusar y enjuiciar a un ex presidente de Colombia por “traición a la patria”, y que mantiene en salmuera una grave acusación contra el Presidente en ejercicio, debe mostrar, por lo menos, su legitimidad y su lealtad a Colombia.  Hasta hoy el tal “colectivo” no llena esas dos condiciones. Nadie sabe en Colombia qué es realmente ese colectivo, ni quien lo dirige exactamente, aunque si conoce los nefastos efectos de su labor.  Los inicuos procesos contra los militares que se jugaron la vida en la defensa del Palacio de Justicia, en 1985,  la ola de obscuras acusaciones por los llamados “falsos positivos” contra cientos de militares y policías, lo que mina de hecho la moral de las tropas que defienden la seguridad del país, es en gran parte obra de ese curioso organismo.

El proceso de Sucumbios, y la demanda contra el ex presidente Álvaro Uribe por “traición a la patria”, hace parte de una misma operación. Esta buscaba en 2008 desestabilizar la presidencia de Uribe y hoy busca encerrarlo, a él y a los altos mandos mencionados, incluido el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en una nueva farsa judicial.

La FIDH recibe subsidios del Estado francés y de la Unión Europea, entre otros. ¿Un organismo así financiado puede jugar con la estabilidad interna de un país democrático y amigo de Francia? ¿La Cancillería  colombiana no tiene derecho a preguntarse y a investigar por qué la FIDH se embarcó en esa aventura contra el buen nombre y la libertad y la integridad física y moral de dos jefes de Estado de Colombia?

8 de septiembre de 2010