¿LOS MAGISTRADOS LAVARÁN LA CARA DE LA JUSTICIA COLOMBIANA?

¿Los magistrados lavarán la cara de la justicia colombiana?

Por Eduardo Mackenzie

28 de enero de 2012 

¿Quién manipula a quien? ¿Fue el Tribunal Superior de Bogotá quien invitó a El Tiempo a que publicara una noticia falsa? ¿Fue el citado matutino quien presionó al TSB para que ratificara la condena contra el Coronel Alfonso Plazas? El misterio es total al día siguiente de que el diario bogotano afirmara que el TSB había “ratificado la condena” contra el Coronel Alfonso Plazas del 9 de junio de 2010. Los abogados de éste acudieron al TSB y encontraron que la decisión de segunda instancia no existía todavía, o que, al menos, no había llegado a la secretaria de la sala penal del TSB.

El Tiempo, en lugar de pedir disculpas, argumentó que la decisión existe, pues dos magistrados le habían “confirmado” eso, y que la demora era un “asunto de trámite previo a su anuncio oficial”.

Esa extraña movida, que los abogados del Coronel Plazas denunciaron con razón como “una presión para la justicia”, confirma, una vez más, que todo lo que tiene que ver con ese proceso está salpicado, desde el comienzo, de anomalías. Ese incidente, menor para algunos, refleja sobre todo las tensiones que deben existir entre los tres magistrados encargados de redactar el veredicto de segunda instancia. Se sabe, pues la prensa lo ha dicho, sin ser desmentida, que el magistrado ponente, Hermes Darío Lara, estima que la condena no debe ser confirmada por la indigencia de las pruebas allegadas al proceso. Todo indica que desde noviembre de 2011, el magistrado Lara había llegado a esa conclusión. Sin embargo, los dos otros magistrados, Fernando Pareja y Alberto Poveda, prefieren decir lo contrario. ¿Examinaron ellos, realmente, los 42.465 folios que, según El Tiempo, tiene el expediente?

Lo que no dice El Tiempo es que la sentencia de primera instancia tiene sólo 302 páginas y que ese documento es, paradójicamente, la mayor prueba de que el Coronel Plazas es inocente. Esa sentencia debe ser leída por toda persona que trate ese tema. Verá que las acusaciones contra él son fabricaciones, rumores, mentiras y conjeturas que no resisten el menor examen. Verán que ese fallo fue dictado precipitadamente, antes de que la investigación concluyera. Todo eso reaparecerá, probablemente, en el salvamento de voto del magistrado Hermes Darío Lara.

Entendemos el por qué de las vacilaciones de los magistrados del TSB al momento de dictar sentencia. No es fácil pasar a la historia al lado de la ex fiscal Ángela María Buitrago Ruiz (destituida poco después por faltas profesionales por el Fiscal General) y de la juez María Stella Jara, protagonistas del mayor montaje judicial de la historia de Colombia.

Nada extraña, pues, que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, haya declarado este 28 de enero de 2012, que si la condena contra el Coronel Plazas era ratificada por el TSB, él entablará  el recurso de casación contra la misma, ante la Corte Suprema de Justicia, pues no es admisible que en Colombia haya “condenas contra el Derecho y sin los debidos fundamentos probatorios”. Son palabras mayores.

El Coronel Plazas ha sido acusado por la ex fiscal Buitrago y la juez Jara de haber dado la orden de “desaparecer” a once civiles que se encontraban en el palacio al momento del asalto terrorista. Ello es falso. Ellas fueron incapaces de probar quien, cómo, cuándo y por qué ese delito había sido cometido. Tampoco lograron probar que haya “desaparecidos”. Desde 1986, la justicia sabe que los supuestos “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio. Sabe que diez de ellos estaban en la cafetería y fueron “conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos” al cuarto piso del palacio. Se sabe que allí murieron. La calcinación sufrida por los cuerpos de esas víctimas, durante el pavoroso incendio desatado por los terroristas, hizo imposible, durante muchos años, la identificación de esos cuerpos. Tal fue la conclusión a la que llegó la excelente investigación judicial adelantada por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), publicado en mayo de 1986. El TEI siempre consideró esa víctimas como desaparecidos “porque sus cadáveres no fueron identificados”, no porque hubieran salidos vivos del palacio y desaparecieran después en la naturaleza. Esa es la verdad. “En las películas que, con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de los liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería”, afirma el TEI.

Para vengarse de quienes los derrotaron en el Palacio, el M-19 inventó, años después, la leyenda de los “desaparecidos” como personas que habían salido vivas del edificio. Pero nunca pudo probar eso, pues es imposible probar tal cosa. El único que promueve esa idea de que en los videos aparece alguien que salió vivo y desapareció después, es precisamente un secuestrador

indultado del M-19, René Guarín, quien ocultó a la instrucción haber sido un ex terrorista, hasta que un periodista, Ricardo Puentes, sacó a la luz pública su terrible pasado judicial.

El TEI declaró que existió “un grupo de cadáveres que necesariamente corresponde a desaparecidos y es sensiblemente igual al de la lista (los diez que estaban en la cafetería. Nda.) que se presenta al principio de este capítulo”, antes de concluir: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente en el sumario para concluir que tales personas fallecieron en el 4° piso, a donde fueron conducidos como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”.

De ese importante informe del TEI, que las magistradas Jara y Buitrago quieren sepultar en el olvido, se deduce que los dos únicos desaparecidos verdaderos del Palacio de Justicia son dos guerrilleras “que lograron salir con vida del Palacio de Justicia cuando se produjo la recuperación por las Fuerzas Militares, de quienes se ha perdido toda huella: se tiene por ahora la plena identificación de Irma Franco Pineda y de Clara Enciso”. Años después, la prensa descubrió que Clara Helena Enciso se escondía en un país latinoamericano, donde fue entrevistada por periodistas colombianos. Los escritos de ellos son ampliamente conocidos. Sin embargo, esos periodistas nunca fueron llamados a declarar ante la Fiscalía. De Irma Franco no se sabe nada todavía.

Lo que decían en 1986 sobre falsos “desaparecidos” los magistrados que dirigieron los trabajos del TEI, Jaime Serrano Rueda y Carlos Upegui Zapata, auxiliados por diez otros jueces, es lo mismo que dice hoy el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

El 27 de febrero de 2011, él reveló tres cosas: 1. Que en el año 2000 la Fiscalía General había exhumado 91 cadáveres ligados al expediente del Palacio de Justicia. 2. Que la Fiscalía le había entregado a él (JV Rodríguez Cuenca) 64 de esos restos para que tratara de identificarlos. 3. Que la Fiscalía se había quedado con 27 restos humanos que correspondían “a los ‘desaparecidos’ del Palacio de Justicia”. Explicó que esos 27 restos pertenecen a quienes murieron en el cuarto piso del Palacio y que la Fiscalía los ha ocultado desde entonces, en oficinas del CTI, sin que tenga interés alguno en identificarlos. Rodríguez Cuenca agregó: “Entre esos 27 restos están los siete empleados de la cafetería y los tres visitantes que se encuentran ‘desaparecidos’”. El profesor Rodríguez concluyó: “La Fiscalía siempre supo que tenían los restos de los posibles desaparecidos”.

Todo eso muestra que el proceso del Coronel Plazas Vega no es un proceso como los demás. Es un proceso sui generis. Para ser más precisos, no es un proceso: es un montaje judicial, el más obscuro y el más escandaloso de la historia de la República de Colombia.

Es un proceso que comienza con la detención hace más de cuatro años del

héroe militar que rescató los rehenes (244 según el TEI) que una banda terrorista había capturado, luego de tomarse a sangre y fuego el palacio de justicia de Bogotá, el 6 de noviembre de 1985, y que culmina en la terrible condena contra él. Ese Coronel, hoy retirado del Ejército, fue condenado a 30 años de cárcel, sin que en su proceso haya habido ni confesión de parte, ni prueba alguna de la existencia de un móvil, ni prueba alguna de que tal crimen haya sido cometido.

Es un montaje grotesco pues la instrucción utilizó dos testigos falsos (que fueron descubiertos como tales) y realizó una operación de substitución de persona, según declaró ante la Procuraduría General, en junio de 2011, el señor Edgar Villamizar. Una persona, haciéndose pasar por él, declaró en un potrero (no en la Fiscalía) y en ausencia del abogado de la defensa, que él había oído al Coronel Plazas dar la orden de desaparecer unas personas. Sin embargo, Edgar Villamizar nunca hizo esa declaración, ni estuvo jamás en el rescate del Palacio de Justicia, pues se encontraba a cientos de kilómetros de Bogotá en noviembre de 1985.

Tras semejante revelación, la juez María Cristina Trejos, absolvió al General (r) Iván Ramírez Quintero, al Coronel (r) Fernando Blanco Gómez y al Sargento (r) Gustavo Arévalo quienes también habían sido acusados de haber “desaparecido” las once personas que le tratan de imputar al Coronel Plazas. Contra ellos, la Fiscalía pretendía hacer valer el falso testimonio del falso Edgar Villamizar.

Los tres oficiales habían sido acusados de haber participado en tales “desapariciones” pero la propia fiscalía, al final de la instrucción, constató que ellos no tenían nada que ver con esa alegación, razón por la cual la fiscal pidió condenarlos sólo por la presunta desaparición de Irma Franco. Sin embargo, la juez María Cristina Trejos también desestimó ese cargo y absolvió a los tres pues admitió que no había ninguna prueba irrecusable que los comprometiera con el asunto Irma Franco.

¿Si la juez María Cristina Trejos abandonó la teoría de que Edgar Villamizar es un testigo creíble en el proceso del General Ramírez, por qué la juez Jara condenó al Coronel Plazas basada únicamente sobre esa misma “prueba”? ¿Por qué el Tribunal Superior de Bogotá no abandona definitivamente esa misma teoría errada? El falso testimonio de Edgar Villamizar (quien firmó como Edgar Villareal) no puede tener existencia jurídica en ningún expediente y su utilización como base de la sentencia  contra el Coronel Alfonso Plazas Vega constituye la mayor monstruosidad de la justicia colombiana de los últimos 50 años.

Esas graves ilegalidades fueron expuestas durante el proceso del Coronel Plazas. Por eso la Procuraduría General de la Nación pidió, desde antes de la sentencia de primera instancia, que se abandonara la acción contra el acusado. No obstante, ignorando de manera absurda esos hechos, la juez Jara avaló la trucada investigación de la fiscal Buitrago y condenó al militar.

El Coronel Plazas tampoco tuvo que ver con el caso de Irma Franco pues su actuación en el palacio de Justicia fue exclusivamente de combate. El no podía ni debía realizar al mismo tiempo labores de inteligencia. El mismo General Ramírez Quintero declaró durante su proceso que el Coronel Plazas no había tenido conocimiento de la actividad de inteligencia que él, Ramírez Quintero, hubiera podido hacer en el Palacio de Justicia. (Sentencia de la juez María Stella Jara, página 243).

¿Ante semejante acumulación de hechos que establecen la inocencia del Coronel Plazas, cómo los magistrados Fernando Pareja y Alberto Poveda, podrían ratificar la increíble condena de primera instancia? ¿Quieren ellos asociarse a un proceso que fue motivado, instruido y fallado, no en Derecho, sino por los más terribles odios políticos?

Los dos magistrados deberían reflexionar antes de firmar tal infamia. No por el Coronel Plazas, pues su inocencia ha sido demostrada y se impondrá tarde o temprano. De eso no hay duda. Las atrocidades judiciales siempre se derrumban. Y el derrumbe de ésta es una cuestión de tiempo. Reflexionen pues los dos magistrados, sobre todo por ellos y por el futuro de la justicia colombiana. Mientras ese bárbaro montaje siga vigente, mientras el Coronel no sea rehabilitado, la justicia colombiana habrá perdido su honor y su respetabilidad.  ¿Quién podrá afirmar que en Colombia el poder judicial respeta el Derecho?