MONTEALEGRE Y EL ULTIMÁTUM DE LAS FARC

Montealegre y el ultimátum de las Farc

La tarea principal del fiscal es ver a colombianos eminentes juzgados y expuestos ante hordas fanatizadas, como hacían los enardecidos maoístas en los actos de “justicia popular” durante la sangrienta “revolución cultural”

Por Eduardo Mackenzie

29 de septiembre de 2015    

El delirio político en que vive Eduardo Montealegre, quien ha dejado de ser un fiscal general ordinario para destaparse como el justiciero “del movimiento”,   ha llevado a ese personaje a asumir posiciones que son francamente chocantes si no delictuosas. Un fiscal general no puede, sin transgredir la ley, invocar un “sistema de justicia” inexistente y una legislación ficticia y unos delitos imaginarios para aterrorizar a amplias categorías de la población, en especial a los parlamentarios, a los ex ministros y, en especial, a una selecta fracción de la clase política: los expresidentes de Colombia que están en vida.

Montealegre se ha lanzado a eso precisamente. Su ofensiva estruendosa, llena de amenazas muy poco veladas de procesos trucados y de brutales condenas, apunta contra los ex presidentes de Colombia y contra un ex vicepresidente de Colombia. No es cierto que el  fiscal general sólo esté obsesionado con montarle un proceso sin garantías, con sentencia escrita de antemano, al ex presidente Álvaro Uribe Vélez. No es cierto que dejará en paz a los otros ex presidentes. Que los ex presidentes no se hagan ilusiones. Montealegre quiere verlos a todos en la picota pública, a ellos y a todos los ex ministros y a los jefes militares y demás servidores del Estado democrático que lucharon bien o mal durante décadas contra la agresión subversiva de las Farc. Montealegre lo dice explícitamente.

El acaba de anunciar que los ex presidentes tienen derecho a un “antejuicio político ente el Congreso y ante la Corte Suprema de Justicia”. Después tendrán que pasar por las hordas caudinas de la “justicia especial para la paz”.  El fiscal agrega que el “ex gobernador Álvaro Uribe” deberá ir, durante el comienzo de la nueva era de concordia imaginaria, a la “jurisdicción especial de paz”. Pero esa “nueva jurisdicción” no existe.

El fiscal quiere ver humillados y golpeados moral y físicamente a los ex presidentes, desde el primer día del llamado “post-conflicto”.  Pues el “post-conflicto” será para eso. Olvídense que ese periodo será de paz genuina. Será, por el contrario, el momento más arbitrario de la pesadilla que vivirá el país gracias al mal llamado “proceso de paz” de Santos.

Por algo Santos y las Farc callan todo acerca de la naturaleza real del “post-conflicto”. Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, siempre tan locuaces, no abren la boca. Nunca han dicho que el “post-conflicto” será la continuidad democrática. Para ellos el post conflicto es un nuevo régimen, con reglas diferentes. Para las Farc es un periodo para la erradicación, para el arreglo de cuentas con quienes impidieron desde 1948 el triunfo del proyecto del comunismo armado.

Por eso en La Habana aceptan que las Farc (y hasta el Eln) no entreguen las armas y que sus jefes, visibles y ocultos, no paguen un solo día de cárcel. Por eso aceptan que esos bandoleros lleguen al Congreso y se apoderen de vastos territorios. La coherencia de las Farc es innegable: armas e instigadores criminales son necesarios para la fase más turbulenta del “post conflicto”.

La tarea principal del fiscal es, pues, esa: ver a esos colombianos eminentes juzgados y expuestos ante hordas fanatizadas, como hacían los enardecidos maoístas en los actos de “justicia popular” durante la sangrienta “revolución cultural”.

Montealegre calcula que podrá hacer otro tanto en Bogotá dentro de pocos meses, por lo menos desde el 23 de marzo de 2016, fecha decidida por Santos para la “firma definitiva de la paz”. Montealegre está convencido de que él está en su derecho. Cree que le ha llegado su momento de gloria revolucionaria y que su andamiaje punitivo pasará a la historia como símbolo de perdón y concordia nacional.  Embuste. Locura. Desfachatez. Aunque sea construido a tiempo, ese tinglado será derrumbado por las mayorías colombianas movilizadas y asqueadas ante el autoritarismo y la podredumbre del nuevo régimen de hecho actual.

El fiscal, por el momento, quiere actuar en absoluto secreto. Pero se lo ve agitando y explotando los recursos de la prensa escrita y audiovisual y los servicios técnicos, financieros y jurídicos de la Fiscalía para montar su empresa liberticida. Montealegre exige en estos días que lo entrevisten, para que sus amenazas lleguen a todos. Noticias Uno difunde sus soflamas. No satisfecho le pide a El Espectador que se sume a la jauría de aulladores.

El ex militante de la Juco quiere poner a decenas de periodistas y de funcionarios a cargar ladrillos. La maquinaria que ellos deben construir sin saberlo, o bajo presiones, es para que rueden cientos de cabezas de notables en la plaza de Bolívar. El fiscal ha recibido instrucciones. Los jefes farianos deben sentirse a sus anchas cuando estén instalados en el “gobierno de transición” que exige Piedad Córdoba. Como no lo estarán si siguen libres y protegidos el ex presidente Uribe y los otros ex presidentes y los ex ministros y los dirigentes de los partidos democráticos y los líderes de las fuerzas armadas, y el jefe del ministerio público, y las personalidades de la academia, de la empresa privada,  de la banca, de la prensa y de la blogósfera, todo ese personal debe ser erradicado, encarcelado o empujado al exilio. Todos son una amenaza mortal.

La “justicia especial para la paz”  es para acabar con ellos. Pues ese conjunto humano que construye hoy a Colombia está incluido dentro de lo que las Farc llaman “paramilitarismo”. “Paramilitarismo no son para las Farc las ex AUC, ni los urabeños y otras Bacrim. Son todos los críticos y enemigos del proyecto castro-chavista, desde los sindicatos, grupos étnicos, comunidades indígenas y organizaciones religiosas que no le caminan a eso, hasta los parlamentarios, militantes y cuadros políticos del uribismo y de los partidarios que defenderán la continuidad de la democracia y el Estado de derecho.

El fiscal colabora con esa empresa devastadora sin inquietar, por el momento, al consejo superior de la judicatura, organismo encargado de sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial. Él se ufana de haber encontrado la fórmula para “condenar” al presidente Uribe: montándole un proceso por los “hechos anteriores” a sus dos presidencias. El dato es interesante. El fiscal le podrá invocar también “hechos anteriores” a los otros expresidentes. El ex presidente Uribe será juzgado, eso pretende el fiscal, por un “tribunal especial”, que incluirá jueces nacionales y extranjeros escogidos según su ideología y sus compromisos políticos. Pura locura furiosa.

Eduardo Montealegre cree que esa arquitectura judicial es viable. Habla de un “nuevo tribunal de paz” para juzgar “los delitos del conflicto armado”, como si ese “tribunal” ya hubiera sido aprobado por el poder legislativo o por el constituyente primario. Ha olvidado que se trata de algo inexistente, que no figura en la Constitución, ni en las leyes de Colombia. El tal “nuevo tribunal de paz” son sólo unas líneas en un papel (cuyo contenido completo sigue siendo secreto para el país) que Santos y Timochenko trabajaron en días pasados en La Habana.

El fiscal revela cómo serán tratados el Ejército y la Policía nacional durante el “post conflicto”. Dice que hay “diez mil miembros de la fuerza pública” que están siendo “investigados por violaciones graves a los derechos humanos” y que ellos van a “pasar a la justicia transicional”. Tal bombazo contra la moral de los soldados y policías refuerza los planes de la dictadura venezolana quien acumula tropas en la frontera y envía  aviones Sukhoi sobre el espacio aéreo colombiano.

¿Cómo las Farc serán tratadas por el “nuevo tribunal de justicia especial para la paz”? Montealegre reveló que él tiene un “libro de 600 páginas sobre las Farc” y  que ese libro “será entregado” al nuevo tribunal de justicia “especial”. ¿Qué contiene ese libro? ¿Es el catálogo detallado de los crímenes y atrocidades cometidos por esa banda y de los prontuarios de sus jefes y cómplices? No. Claro que no. El fiscal define el contenido de ese libro así: “Estructura de las Farc, factores de comportamiento y modus operandi”. Eso es todo. En esas 600 páginas no aparecen pues los temas más obvios, como las matanzas, secuestros, tráficos y mentiras de esa estructura criminal. Ni sombra de los 50 años de salvajadas de esa maquinaria de muerte. Conclusión: la “jurisdicción especial para la paz”, y el libro de Montealegre, son el vehículo para disculpar a las Farc en toda la línea. Eso es lo que el señor Montealegre, y en ministro de Justicia, Yesid Reyes, llaman “nuevo sistema de justicia especial”.

Temiendo que la opinión rechace ese engendro, las Farc lanzaron ayer, desde Cuba, un ultimátum a Colombia: dicen que la “jurisdicción especial para la paz” es intocable, que no debe ser siquiera aclarada, ni “empañada con caprichos infortunados”. Falso. Ese acuerdo sí puede ser discutido y modificado. Sí puede ser cambiado y hasta abolido, pues lo que plantea es aberrante. Las Farc quieren con esa brutal notificación impedir que los colombianos se pronuncien libre y soberanamente sobre lo que se está gestando en La Habana. Nos quieren decir que con ese papel firmado en Cuba nos amarraron a todos. Tonterías. Les guste o no a Timochenko y a Santos, los colombianos discutiremos y cuestionaremos todo eso pues somos los que tendremos la última palabra sobre lo que Santos pretende conceder tras bambalinas.

El ultimátum  de la llamada “delegación de paz de las Farc” muestra que ese circo va a derrumbarse muy pronto. Y que sus mentores van a tener que rendirle cuentas a la Corte Antiterrorista Internacional que la ONU va a instaurar dentro de unos meses.