RELACIONES COLOMBIA-USA: EL PELIGRO DE LA PROPAGANDA PACIFISTA

La relación de Estados Unidos con Colombia y el peligro de la propaganda pacifista

La amenaza a la seguridad de Estados Unidos no es la voluntad del pueblo colombiano de defender su democracia rechazando los pactos de FARC y Santos (como dice Atlantic Council), sino la aparición de otro satélite cubano, financiado por el cartel de cocaína más importante del mundo

Por Lia Fowler
Junio 21 de 2017
Publicado en inglés en The DC Dispatches

En las dos décadas pasadas muchos países latinoamericanos, entre ellos Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, cayeron bajo dictaduras controladas por el régimen cubano. A medida que Colombia se apresura a sumarse al club, algunos políticos estadounidenses presionan al gobierno de Trump para que aporte dólares del erario para ayudar a darle el último empujón, para lo cual usan el pretexto de la “paz”.

Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos habló en mayo en el lanzamiento oficial de un informe del grupo de trabajo del Atlantic Council sobre la relación de Estados Unidos con Colombia, el público de Washington lo acogió de forma efusiva. Santos y sus anfitriones promovieron la alianza entre Estados Unidos y Colombia y señalaron el éxito del presidente en la construcción de la democracia y el logro de la “paz”. Pero al volver a casa Santos tenía índices de aprobación del 14 por ciento en las encuestas. ¿La razón de esta discrepancia? Mientras que la imagen de Santos en el exterior es el resultado de la propaganda, su favorabilidad en el país corresponde a lo que viven los colombianos. Los responsables de formular políticas en Estados Unidos deben centrarse en lo segundo.

Con la ayuda de organizaciones no gubernamentales estadounidenses e internacionales, en cuya actividad es difícil saber qué es trabajo académico y qué es cabildeo, Santos vendió con éxito su llamado “acuerdo de paz” con el grupo narcoterrorista FARC y su propia imagen al mundo. Su energía y los recursos de su país los dedicó a obtener de la desinformada comunidad internacional –a base de acumular premios y discursos en foros internacionales– el apoyo que no tiene en su país. El falso relato del acuerdo Santos-Farc aceptado en el extranjero se resume en el informe del Atlantic Council.

La “Hoja de ruta sobre la relación entre Estados Unidos y Colombia” describe a Colombia como “una democracia cada vez más pacífica y próspera”. Pide a la administración Trump que se comprometa –mediante el aporte de millones de dólares– en el desarrollo del acuerdo Santos-Farc, “Una democracia avalable y de creciente estatura internacional”.

Según dicha hoja de ruta, el mayor obstáculo para la prosperidad en Colombia es la “polarización”. Mientras que hace hincapié en el apoyo “unánime” del Senado de los Estados Unidos para la búsqueda de la paz en Colombia, define el rechazo del acuerdo por parte del pueblo colombiano en un plebiscito de octubre como una “grieta” en el “consenso político”. En el informe se afirma que un acuerdo “revisado” fue aprobado “abrumadoramente” por el Congreso colombiano y que el 18 por ciento de la población votó para ratificar el acuerdo. Y concluye que la oposición al acuerdo –no la desobediencia a un mandato democrático ni el acuerdo mismo– plantea un riesgo para los intereses de Estados Unidos.

Entre los que apoyaron el acuerdo de La Habana son pocos los que han leído el documento de 310 páginas; lo que entienden de él parte de productos de la propaganda, como la del Atlantic Council, concebida para venderlo. Pero la mayoría de los colombianos entienden la realidad: la imposición del acuerdo con las FARC ha destruido la democracia colombiana pasando por encima de la Constitución, concentrando el poder en el Ejecutivo y aboliendo el Estado de derecho.

Se hizo caso omiso del resultado del plebiscito; hoy Santos legisla por decreto y responde solamente a una “Comisión de Verificación” de seis personas, no elegidas, tres de las cuales son terroristas de las FARC, cuyo objetivo declarado es imponer un régimen marxista.

Durante décadas, este brazo armado del Partido Comunista de Colombia al que el régimen cubano promueve, recurrió a masacres, atentados con bomba y uso de niños soldado, financiándose mediante el tráfico de drogas y el secuestro. Cuando comenzaron las negociaciones en La Habana, cambiaron las tácticas, extorsionando al pueblo colombiano mediante actos y amenazas de violencia para que aceptara la capitulación del Estado.

Santos y la “Comisión de Verificación” han emitido decenas de decretos, que ni el Congreso ni el poder judicial tenían la capacidad de impugnar. Entre ellos se encuentra uno que permite a las FARC recaudar fondos, estimados en cientos de millones de dólares, para ingresar a un fondo controlado por la “Comisión de Verificación” –los jefes de las FARC– para uso político. Otro decreto permite la expropiación administrativa de tierras, en la línea de la reforma agraria de Chávez, que destruyó el sector agrícola venezolano.

La influencia de las FARC en el Poder Legislativo se logró a través de diez escaños no elegidos en el Congreso, y 16 nuevos distritos electorales que les garantizarán muchos más. El mes pasado, el congresista Armando Benedetti fijó el tono con que las FARC tomaron posesión del Poder Judicial: señaló que si cierta candidata a la Corte Constitucional no fuera elegida por el Congreso, las FARC volverían a la violencia. La candidata respaldada por las FARC resultó elegida.

Mientras tanto, seis meses después de la firma del acuerdo no se ha liberado siquiera a cien de los dos mil niños soldado que se calcula que había en las filas de las FARC, las cuales no se han desarmado, mientras que se han descubierto cientos de “caletas” con armas. Los cultivos de coca y el narcotráfico han alcanzado máximos históricos. Ninguno de los terroristas pagará un solo día en la cárcel, y a los condenados previamente por cometer atrocidades los están poniendo en libertad.

Los cabecillas de las FARC, algunos procesados en Estados Unidos, organizan seminarios en universidades y foros públicos en una campaña de adoctrinamiento financiada por el gobierno. La persecución judicial de la oposición persiste. Y mientras que Santos ha prohibido a la ciudadanía llevar armas, cientos de terroristas han recibido armas proporcionadas por el gobierno, ya que los entrenan para ser guardaespaldas.

No sorprende que más del 80 por ciento de los colombianos se opongan de forma persistente a los principales puntos del acuerdo. La amenaza a la seguridad de Estados Unidos no es la voluntad del pueblo colombiano de defender su democracia –la llamada “polarización”– como afirma el documento del Atlantic Council. La inminente amenaza para el hemisferio es la aparición de otro satélite cubano, financiado por el cartel de cocaína más importante del mundo. La idea de que la financiación estadounidense de “Paz Colombia” promoverá “la paz y la prosperidad” en Colombia es una mentira que cuentan propagandistas pagados o que obedecen a directrices ideológicas.