SANTOS Y LA CRISIS DEL PROCESO DE PAZ

Santos y la crisis del proceso de paz

La crisis del proceso de paz está llevando al gobierno de Juan Manuel Santos a adoptar medidas cada vez más represivas contra la oposición parlamentaria y sus críticos en general

Por Eduardo Mackenzie

2  de marzo de 2016

El manejo inepto que las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos le están dando al llamado “proceso de paz” ha hecho que éste desemboque en un callejón sin salida.

El país repudia hace rato ese proceso. En la reciente encuesta Gallup, un 57 % estima que los diálogos de La Habana van por mal camino. La gestión global de gobierno de Santos es desaprobada por el 69% de los mismos consultados. Ahora hay decenas de personas que, en airadas manifestaciones frente al palacio presidencial de Bogotá, le piden a Santos que renuncie a su cargo. Diversos sectores de oposición preparan para el 2 de abril próximo grandes manifestaciones contra Santos en Bogotá y otras ciudades, y hasta en el extranjero. Dos ex presidentes de la República, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el uno liberal y el otro conservador, arreciaron en los últimos días sus críticas y advertencias sobre el peligro que Santos le está haciendo correr a la democracia colombiana con sus pactos secretos de gobierno con la banda narcoterrorista, pactos que, en principio, Santos y las Farc quieren firmar en Cuba el 23 de marzo que viene, aunque algunas diferencias entre ellos no han sido resueltas.

El ex presidente Pastrana publicó hace una semana un importante artículo en donde caracteriza el plan Santos-Farc como “una criatura nunca antes engendrada en una democracia moderna”.  Denuncia allí que, en una reunión en La Habana, de sólo 72 horas, Santos y las Farc crearon un monstruo: “un tribunal omnímodo, con facultades supraconstitucionales, sin límites en el tiempo, con capacidad para revisar las decisiones del pasado y del futuro, tanto en materia legislativa como en materia judicial y disciplinaria (…), un tribunal constituyente que colmó plenamente las aspiraciones de cincuenta años de las Farc”. Antes de concluir: “Los amigos de la paz y de la democracia debemos decir a esas pretensiones totalitarias: ‘Para ese despropósito, no cuenten con nosotros’”.

El expresidente Uribe ha sido el más firme crítico de esas negociaciones desde que comenzaron, hace cuatro años. En una exitosa gira reciente por Estados Unidos, Uribe explicó a congresistas norteamericanos, a organismos de la OEA y a la prensa lo que es, en realidad, el proceso de paz. Enfatizó que el plan Santos-Farc es inaceptable pues consiste en una entrega del país a la peor organización narco terrorista del continente americano. Empeñado en obligar a Uribe y al mayor partido de oposición, el Centro Democrático, a validar a rajatabla los funestos acuerdos de impunidad con las Farc, Santos teje contra Uribe, desde 2010, toda suerte de intrigas. Esta vez acudió a una acción desesperada: hizo que un organismo del poder judicial, dirigido por uno de sus peones, ordenara la detención de Santiago Uribe, hermano del ex presidente, utilizando como pretexto una falsa acusación contra éste de haber “tenido nexos con paramilitares” que las Farc (decidida a exterminar física y moralmente a la familia Uribe) lanzaron contra él en 1995 y que jamás han podido probar.  La arbitraria detención desató una ola de protestas en todo el país y el Centro Democrático, por boca de la senadora Paloma Valencia, advirtió: “Nos declaramos en rebeldía contra la dictadura [de Santos] y convocamos al pueblo colombiano para que ejerza el derecho a la protesta”. El CD, además, se retiró de la comisión parlamentaria que discutía un proyecto de ley para “habilitar zonas de concentración para las Farc”. Algunos salieron a la calle con pancartas en donde dicen que la detención de Santiago Uribe es una captura de rehenes, un secuestro, y pura cacería judicial.

El proceso de paz vive, pues, una fase convulsiva que anuncia su colapso inevitable. Santos exige a la ciudadanía que apruebe sin chistar los pactos en un plebiscito tramposo y mal organizado (pues ésta tendría que votar sin conocer los acuerdos exactos con las Farc). Ante el crecimiento del sector que votará NO, las Farc exigen un mecanismo de validación diferente: una asamblea constituyente que derribe la actual constitución para redactar otra que se acomode a la visión comunista. Ante ese turbio panorama, Santos y las Farc no logran salir del impasse. Exhiben, eso sí, algo que siempre han tratado de ocultar: que esta paz conlleva la creación de un régimen marxista autoritario, en el que las Farc, minoría armadas hasta los dientes, y dotadas de poderes mayores, impondrán sus condiciones al país. La invasión súbita del pueblito de Conejo en Guajira, por 300 guerrilleros de las Farc, el 18 de febrero pasado, en el que la población civil fue abusada e intimidada, simboliza para muchos lo que Santos y los terroristas quieren. Ese día, el gobierno abandonó la población de Conejo a su suerte al autorizar la llegada de cuatro jefes terroristas y al ordenar el previo retiro de la fuerza pública. Hoy ni Santos ni sus ministros saben cómo explicar esa decisión ilegal. En lugar de suspender las discusiones en La Habana (Santos dice que fue “engañado” por las Farc) las continuó. Las protestas de la ciudadanía le importan un pepino a Santos quien amenaza con sanciones a la prensa que se atreva a criticar o a hacer revelaciones sobre lo ocurrido en Conejo. Sin embargo, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, alto funcionario del Estado alarmado como todos por lo que Santos ha cedido a los terroristas, abrió una investigación contra el ministro de Defensa y seis altos militares involucrados en lo de la Guajira.

Creyendo que haber hecho lo de Conejo y haber montado la “mesa de la paz” en La Habana les da derecho a mostrarse como

discípulos de Gandhi, los jefes de las Farc piden que les abran la tribuna del Consejo de Seguridad de la ONU para ir a perorar sus mentiras. Diplomáticos de Cuba y Noruega podrían estar trabajando ese expediente. No se sabe cuál es el papel de Santos en eso. Sin embargo, tal operación podría no ser sin riesgos. Las víctimas norteamericanas de las Farc, sobre todo los tres secuestrados durante varios años (Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonçalves), no querrán ver a esos criminales en las calles de Nueva York. No es impensable que un juez ordene la detención de esos individuos tan pronto pongan un pie en Estados Unidos.

La crisis del proceso de paz está llevando al gobierno de Juan Manuel Santos a adoptar medidas cada vez más represivas contra la oposición parlamentaria y sus críticos en general. La detención de Santiago Uribe fue, en todo caso, un error de Santos y del Fiscal Eduardo Montealegre: el uribismo está ahora más lejos que nunca de reconocerle la menor legitimidad a los pactos de La Habana. Sin tal aprobación la aventura de Santos será un fracaso. No es la primera vez que la clique santista apela a mascaradas judiciales para golpear al uribismo. Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia, está en la cárcel desde hace dos años y medio sin que su proceso haya siquiera comenzado. Francisco Santos, otro líder del CD, explicó que su caso “empezó en 2007 y ya ha prescrito pero el fiscal Montealegre no lo cierra”. Esa es la justicia-garrote con la que Santos espera doblegar a sus adversarios políticos.