SENADO DE ESTADOS UNIDOS A SANTOS: APOYO DEPENDE DE JUSTICIA Y REFRENDACIÓN POPULAR DE LOS ACUERDOS

Senado de Estados Unidos a Santos: Apoyo depende de Justicia y Refrendación popular de los Acuerdos

En medio del clima actual, el gobierno de Colombia y el pueblo colombiano son antagonistas. Y mientras el gobierno Obama ha elegido legitimar la alianza de FARC-Santos, el Senado, unánime y admirablemente, eligió apoyar al pueblo colombiano

Por Lía Fowler

Mayo 3 de 2016

El 27 de abril, el Senado de Estados Unidos aprobó unánimemente una resolución apoyando los esfuerzos de Colombia para poner fin a décadas de terrorismo del grupo narcoterrorista FARC. La Resolución 368 originó en el Comité de Relaciones Exteriores, en conmemoración de los 15 años del Plan Colombia, un acuerdo de apoyo económico diseñado para combatir el narcotráfico y el terrorismo, y surge a los cuatro años de haberse iniciado en La Habana las negociaciones de “paz” entre el gobierno del Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y las FARC. En una frenética ráfaga de propaganda, el gobierno Santos inmediatamente promocionó la resolución como un aval de lo que se ha negociado hasta ahora. No lo es. De hecho, la Resolución 368 es una lista concisa de condiciones que Santos ha de cumplir si aspira a obtener apoyo económico de los Estados Unidos para implementar su acuerdo.

La resolución no proporciona ningún apoyo específico al gobierno Santos ni a lo acordado en las negociaciones. Al contrario, establece tres condiciones específicas para mantener el apoyo económico: penas apropiadas para los terroristas, refrendación de lo pactado por el pueblo colombiano, y cooperación con los Estados Unidos en combatir el narcotráfico – todas condiciones que no se están cumpliendo actualmente, y que al parecer no se cumplirán.

En marcado contraste al efusivo y específico aval que el gobierno de Obama ha dado a Santos, las FARC y lo que ya se ha acordado en las negociaciones, el primer punto de la resolución ofrece el apoyo del pueblo y el gobierno de los Estados Unidos solo para “el pueblo colombiano en su búsqueda de la paz.” El segundo punto también omite deliberadamente mención alguna de Santos, las FARC, o el actual proceso de paz, y simplemente elogia los “esfuerzos por poner fin al conflicto armado interno de Colombia” – frase que haría referencia a los esfuerzos de los últimos tres presidentes de Colombia mencionados en el preámbulo del documento.

Esta es una omisión elocuente. En todas las encuestas recientes, la favorabilidad de Santos oscila entre el 10 y el 20 por ciento (la imagen más baja para un presidente en toda la región); más de un 90 por ciento de los colombianos se opone a dos puntos cruciales del acuerdo con las FARC – la falta de penas carcelarias y la elegibilidad política de los terroristas. Sería acertado decir que, en medio del clima actual, el gobierno de Colombia y el pueblo colombiano son antagonistas. Y mientras el gobierno Obama ha elegido legitimar la alianza de FARC-Santos, el Senado, unánime y admirablemente, eligió apoyar al pueblo colombiano.

El tercer punto de la Resolución pide que cualquier acuerdo asegure que aquellos culpables de crímenes atroces sean “apropiadamente castigados.” Este es un punto importante, pues la Jurisdicción Especial de Paz anunciada por la alianza FARC-Santos – y avalada por el Departamento de Estado de EE.UU, por medio del enviado especial a los diálogos, Bernard Aronson, no incluye prisión por ningún delito. Las sanciones para estos criminales, registradas en el acuerdo, no calificarían jamás como “castigos apropiados” bajo estándares de la justicia internacional ni de los Estados Unidos. Es claro que la voluntad del Senado está en contravía a este acuerdo de “justicia”.

Consistente con el apoyo al pueblo colombiano – y en contraste a las acciones recientes por parte del gobierno Santos – el cuarto punto pide que las negociaciones sean sujetas a refrendación popular.  El quinto punto va aún más lejos, El Senado de Estados Unidos condiciona la ayuda económica de ese país para la implementación de un “posible” acuerdo de paz a esta refrendación, al incluir esta salvedad: “SI tal acuerdo es avalado por el pueblo colombiano.” (énfasis añadido.)

Este es un punto clave porque, aunque el Presidente Santos originalmente prometió que habría un referendo para refrendar el acuerdo, el año pasado descartó la idea diciendo que sería “un suicidio.” En vez del referendo, el Senado de Colombia aprobó una ley habilitante, que le da a Santos poderes dictatoriales para implementar los acuerdos con las FARC – pasando por encima tanto del Congreso como del electorado.  Simultáneamente, la Corte Constitucional está considerando la posibilidad de darle a los acuerdos estatus de Tratado Internacional, imposibilitando así que lo negociado pueda ser modificado en un futuro.  Y mientras esas medidas dictatoriales corren su proceso burocrático, Santos ha propuesto un plebiscito, para apaciguar el clamor por una refrendación popular de alguna índole.

Un plebiscito – constituido por una única pregunta para ser contestada sí o no – no sólo sería una manera inadecuada de refrendar unos acuerdos complicados, sino que Santos y el Congreso enmermelado bajaron el umbral de aprobación de un 51 por ciento, establecido por la Constitución, a un 13 por ciento del electorado.  Sin embargo, es probable que ni siquiera esa táctica engañosa se realice.  Como explicó Rafael Nieto Loaiza, un respetado columnista, abogado, y ex-vice ministro de justicia, en una columna reciente: “Lo aprobado es tan protuberantemente inconstitucional que la Corte Constitucional no tiene remedio distinto a tumbarlo.”

Se desconoce, entonces, como refrendará e implementará los acuerdos la alianza FARC-Santos. Pero, al adoptar la Resolución 368, en voto unánime, el mensaje del Senado de Estados Unidos fue claro: si el pueblo colombiano no refrenda los acuerdos, no habrá apoyo económico de esa nación para implementarlos.

El último punto de la Resolución también se desvía de la postura de los gobiernos de Obama y de Santos frente a las FARC.  Aunque la designación de las FARC como organización terrorista por el Departamento de Estado sigue en pie, Obama ha invitado a los terroristas a un partido de béisbol, Kerry se ha sentado a conversar con ellos, y Santos ha exigido que no se les llame ni narcotraficantes ni terroristas. Pese a esos y otros acercamientos, el Senado aclaró en el punto final de la Resolución su postura frente a las FARC al reafirmar su compromiso de “asegurar justicia para aquellos que han causado daño indeleble a nuestras poblaciones.”

La propaganda santista puede dar a la Resolución del Senado el sesgo que quiera, pero tanto Santos como Obama quedan advertidos:  El Senado de los Estados Unidos seguirá combatiendo el narcotráfico y el terrorismo; seguirá llevando narcotraficantes y terroristas ante la justicia; y seguirá respaldando, cómo lo ha hecho durante décadas, a las víctimas de los narco-terroristas de las FARC, tanto en Colombia como en Estados Unidos.

*Lía Fowler es periodista americana y agente retirada del FBI.

@lia_fowler