SOBRE EL DESARME DE LAS FARC

Sobre el desarme de las Farc

Mientras los colombianos deben trabajar duro para ganarse la vida y pagan impuestos casi toda su vida para financiar los servicios públicos, lo que es normal en todo país libre, los miembros de las Farc aspiran a tener una vida regalada, de ocio, pagada por su víctima, la sociedad

Por Eduardo Mackenzie
4 de agosto de 2016

El desarme de las Farc (en caso de que haya desarme real y completo, cosa que muy pocos creen factible) debe consistir no solo en la entrega física y visible y ante los ojos del país (no tras opacas bambalinas extranjeras de dudosa condición) de los fusiles, pistolas, granadas, morteros, minas, explosivos, laboratorios de droga, vehículos y aviones y demás instrumentos de guerra en poder de esa organización. El desarme debe ser unilateral (nada de desmantelar simultáneamente al Estado y a la fuerza pública).

Ese desarme debe ser, también (y sobre todo), intelectual y político. Las Farc deben renunciar a su programa de conquista del poder mediante la violencia y renunciar a la doctrina de la “combinación de todas las formas de lucha”, es decir, a la estrategia de acudir a la comisión de los crímenes más atroces y masivos, al mismo tiempo que practican el engaño político y otras artes, aparentemente “pacíficas”, como la infiltración, la calumnia sistemática, la desinformación, la manipulación de las huelgas y otras formas de protesta social y, sobre todo, la obediencia a las dictaduras extranjeras que durante seis décadas las ayudaron a socavar los resortes económicos, políticos, institucionales y morales de Colombia.

Las Farc deberán, en consecuencia, renunciar a su nombre. Un partido que quiera participar en la vida civilizada del país, sobre todo en la esfera política y mediática, no puede llamarse “fuerza armada”, ni pretender ser un “ejército del pueblo”. Un partido que necesita que le regalen 2.334 curules en el Senado, Cámara de Representantes, Asambleas departamentales y Concejos municipales, pues se sabe odiado por la población, no puede estar armado, ni semi-armado, ni decir que ha “dejado” las armas cuando éstas están a la vuelta de la esquina.

En sus sesenta años de actividades criminales, las Farc buscaron algo más que conquistar el poder: han pretendido suprimir, a escala local y nacional, las potencialidades no comunistas del país, de su vida política, económica, social, cultural e intelectual. No alcanzaron esa vasta meta pero lograron infiltrar y colonizar ciertas parcelas del aparato estatal y de la sociedad civil. Utilizan su influencia en la justicia para hacer liquidación social, sobre todo de militares y adversarios políticos, mediante acusaciones y sentencias aberrantes. Su influencia en la educación nacional es devastadora: los valores democráticos son sofocados, la filosofía es contaminada, la ciencia política es desviada, la historia es manipulada, el derecho es envilecido, el periodismo es politizado. La ideología de la lucha de clases, de la dignidad humana vista como algo subordinable a los imperativos del poder, la tesis de la violencia como algo “aceptado por lo político”, como dice, sin sonrojarse, Medófilo Medina, corona, de manera fantasmagórica, casi subliminal, esas carreras. Casi nadie sale exento de tales reflejos de los centros educativos.

Para que alcanzaran esa meta, sobre todo la de destruir el capitalismo y la democracia “burguesa”, las Farc fueron dotadas de los medios indispensables para ello: las armas, la intriga y una ideología que les decía que tenían derecho de vida o muerte sobre los colombianos. El potencial de violencia así alcanzado les permitió intervenir en política y en la sociedad, en el mundo sindical, durante seis o siete décadas. Todo eso debe terminar.

Si las Farc quieren transformarse en partido político legal deben abandonar tales ambiciones y tal ideología. El problema es que no hay un solo índice de tales renunciamientos en los textos de los acuerdos “de paz” que están elaborando en La Habana con el gobierno de Santos. Por eso el escepticismo popular se amplía y acelera ante la inminencia del plebiscito sobre esos “acuerdos”.

En esos textos, las Farc están, por el contrario, edificando una nueva institucionalidad que ellas ven como un trampolín que facilitaría la conquista de sus ambiciones estratégicas. Ese es el espíritu del documento que la gente de Timochenko le entregó al gobierno de Santos y que Radio Caracol resumió este 3 de agosto. Allí exigen la creación de nuevas instituciones, de nuevos derechos y de nuevos organismos, que beneficiarán “automáticamente” quienes “dejen las armas”. Exigen derechos que los colombianos no tienen, como la “asignación gratuita de viviendas, de predios y de alimentos”, de servicios de salud y de educación, de pensiones de jubilación sin haber cotizado jamás, y hasta la “exención de impuestos durante 30 años”. Todo ello, fuera de la impunidad total para sus crímenes y la no reparación de sus víctimas, sin que hayan renunciado siquiera a sus ambiciones de demoler el capitalismo y la democracia. Sin que hayan renunciado a sus pulsiones de extrema violencia, ni siquiera a su lenguaje habitual: destruir, liquidar, aplastar, erradicar al “enemigo de clase”.

Mientras los colombianos deben trabajar duro para ganarse la vida y pagan impuestos casi toda su vida para financiar los servicios públicos, lo que es normal en todo país libre, los miembros de las Farc aspiran a tener una vida regalada, de ocio, pagada por su víctima, la sociedad. Aspiran a vivir en un mundo aparte, cerrado sobre ellos mismos y dependiente del asistencialismo más lamentable y no merecido: en recompensa por sus seis décadas de barbarie anti colombiana. Todo eso es absurdo.

El desarme de las Farc es pues una tarea complicada y amplísima, ante la cual hay un déficit de análisis. Esa tarea tiene un doble carácter: militar y político. No es la entrega de unas ametralladoras. Es eso más un acto de renuncia sincero a una cierta política, a unos métodos. Cuando el comunismo se derrumbó en Rusia y Europa del Este, el regreso de esas sociedades a una fase de prosperidad y libertades sólo pudo darse gracias a la bancarrota de la ideología comunista, a que ésta fuera sacada de la esfera política. Los comunistas evolucionaron. Unos hacia la socialdemocracia, otros hacia la ecología y otros hacia el nacionalismo (Putin). En Colombia, el proceso de paz con las Farc quiere hacer lo contrario: que el país retroceda, se acomode a la visión enfermiza y bestial de la minoría comunista y no que ésta descubra la democracia. Aspiran a esa involución vergonzosa pues tienen el apoyo ruin de un presidente de la República y de las dictaduras bolivarianas.

Aun así, no ganarán. Si las Farc creen que los colombianos van a aceptar ese retroceso y que ellas lleguen al poder fingiendo ser un partido como los demás, se engañan. Se encontrarán ante un muro muy firme: los 197 años de vida democrática de Colombia, a la que las mayorías no quieren renunciar.