¿UN NOBEL DE PAZ QUE PERSIGUE A SUS ADVERSARIOS?

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, recibirá en el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) un premio por sus logros como estadista. Pero en EEUU se está armando un escándalo: ¿El Nobel de Paz perseguiría a sus adversarios políticos jurídicamente?

¿Un Nobel de paz que persigue a sus adversarios?

UN ASILADO EN MIAMI. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, recibirá en el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) un premio por sus logros como estadista. Pero en EEUU se está armando un escándalo: ¿El Nobel de Paz perseguiría a sus adversarios políticos jurídicamente?

Florian Schwab
Florian Schwab

Por Florian Schwab
Enero 20 de 2017
Traducción del artículo publicado en DIE WELTWOCHE, el semanario más importante de Suiza:
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2017-3/artikel/ein-asylant-in-miami-die-weltwoche-ausgabe-32017.html

En el pasado mes de noviembre, el presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con la narco-guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Desde allí anda recolectando reconocimientos a nivel internacional: El Nobel de Paz en Oslo a inicio de diciembre; en Davos estará premiado con el Global Statesmanship Award del WEF.

Sin embargo, parece que el celebrado Nobel de Paz también tiene un lado oscuro – pues es protagonista en una aterradora novela jurídica cuyo segundo actor es el predecesor de Santos en la Casa de Nariño: Álvaro Uribe Vélez, presidente con altísima popularidad entre 2002 y 2010, reconocido por su lucha en contra del narcotráfico y por haber arrinconado a las Farc hasta los montes andinos más remotos. El personaje principal en dicho drama es Andrés Felipe Arias, ministro de agricultura en el gobierno de Uribe (al cual perteneció, en calidad de ministro de Defensa, el hoy presidente Santos).

El historial: En el año 2010, Uribe apoyó a Santos – siendo, a diferencia de Uribe, hijo de una de las familias bogotanas que desde hace décadas gobiernan en Colombia – para que, a pesar de su baja popularidad, alcanzara a llegar a la presidencia como su heredero político. La promesa de Santos: Seguir con la política de mano firme hacia las Farc. El primer día, el de su posesión como presidente, Juan Manuel Santos enterró ese compromiso y abrió las negociaciones de paz de La Habana.

Juan Manuel Santos, premiado del Global Statesmanship Award del WEF
Juan Manuel Santos, premiado del Global Statesmanship Award del WEF

Antes de apoyar a Santos, Uribe se había dedicado a la búsqueda de un candidato opositor para las elecciones presidenciales del 2014. La selección natural para ello: Andrés Felipe Arias, economista con doctorado de la renombrada Universidad de California, Los Ángeles, querido por la base electoral por su carisma juvenil y por su energía.

Diecisiete años de cárcel. Y ahora la novela judicial: En los primeros años de su mandato, Santos facilitó de manera sistemática varios procesos penales en contra de sus anteriores compañeros de bancada en el gobierno de Uribe. Muchos de ellos fueron condenados a descomunales cadenas de cárcel. La justicia también enfrentó a Andrés Felipe Arias. El reproche: Irregularidades financieras en un programa para fortalecer el sector agrario colombiano bajo la cobertura de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hay varios aspectos peculiares en ese proceso. Por ejemplo, previamente, una investigación de la Procuraduría había confirmado los inconvenientes en dicho programa, pero no había encontrado ningún indicio por la complicidad de Arias. Sin que hubiera pruebas nuevas, la Corte Suprema de Justicia condenó a Andrés Felipe Arias a diecisiete años de cárcel, en única instancia y sin posibilidad alguna de apelar contra la sentencia. En los considerandos, la Corte estipula que, debido a la naturaleza del crimen cometido, no podía haber testigos directos o pruebas. para el Wall Street Journal, dicho proceso es un “recordatorio desalentador de las maquinaciones políticas que a menudo pasan por justicia en Colombia.”.

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Andrés Felipe Arias, perseguido político

Hace poco, Wikileaks publicó documentos confidenciales que parecen apoyar esa interpretación: El anterior embajador de EEUU en Bogotá, William Brownfield, había calificado la Corte Suprema de “politizada”.

A pocos días del fallo de la Corte, el cual se dio a conocer a la opinión pública, precisamente pocos días antes de la elección presidencial del 2014, -Arias se había retirado como candidato y el campo uribista fue representado por otro candidato – Arias logró salir del país hacia Estados Unidos. Para ello, el exministro se presentó en la embajada de Estados Unidos en Bogotá con su esposa y sus hijos para solicitar asilo político. Sin objeción alguna, las autoridades norteamericanas facilitaron las visas requeridas. Desde ese entonces, Arias está viviendo en Miami. Hasta el día de hoy, las autoridades de migración de EEUU no han tomado ninguna decisión formal respecto a esa solicitud de asilo políticamente delicada. Sin embargo, se le concedió a Arias y a su familia la residencia y hasta un permiso de trabajo. Hasta que en el pasado mes de agosto apareció el FBI en la puerta del hogar de Arias: Bajo una solicitud de extradición por el gobierno Santos, el exministro fue detenido. Dos meses después fue liberado porque habían surgido dudas en cuanto a la vigencia del tratado de extradición entre EEUU y Colombia. El mismo expresidente Uribe viajó a Miami para asistir al juicio en esta causa.

Para Santos, lo que está en juego es nada menos que la totalidad de su capital político. Si EEUU llegara a no extraditar a Arias – o peor aún: llegara a concederle asilo formalmente – quedaría perfectamente establecido que el Nobel de Paz está persiguiendo sus adversarios políticos. Con la toma de posesión del presidente Donald Trump mejorarán las opciones de Andrés Felipe Arias. El nuevo ministro de justicia norteamericano es Jeff Sessions, quien en el Senado de EEUU fue uno de los aliados de la política de Uribe frente a las Farc. Una vocera de Santos se refirió a estas declaraciones anteriores, y manifestó lo dicho por el presidente Santos, quien desmintió intereses políticos en lo sucedido: “Mi gobierno no ha perseguido a nadie”, dijo Juan Manuel Santos.

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