URGE UNA NUEVA FISCALÍA
La Fiscalía no debe ser politizada, no puede ser usada como herramienta del gobierno para golpear a la oposición y debe dar garantías de imparcialidad a todos los ciudadanos
Urge una nueva fiscalía
La Fiscalía no debe ser politizada, no puede ser usada como herramienta del gobierno para golpear a la oposición y debe dar garantías de imparcialidad a todos los ciudadanos
Por Rafael Nieto Loaiza
Abril 11 de 2016
La Corte Suprema de Justicia deberá elegir nuevo fiscal general de terna que está en mora de presentar el presidente. La excusa ha sido abrir un proceso de postulación a todos los ciudadanos interesados. Es una pantomima. Santos escogerá a los mismos que ha tenido siempre en mente, con independencia de los demás postulados.
Dos de los nominados serán Yesid Reyes, Ministro de Justicia, y Mónica Cifuentes, directora jurídica de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los dos le garantizarían a Santos el apoyo del nuevo fiscal al proceso de paz y a los acuerdos que en materia de impunidad se alcanzaron con las Farc. Y que el encargado de la investigación del delito y la persecución a los responsables sea benévolo con su administración.
La duda está en el tercer nombre. Los que más suenan son Néstor Humberto Martínez, exministro de la Presidencia, y Jorge Fernando Perdomo, actual vicefiscal. Néstor Humberto tiene menos chance, porque es de la entraña de Vargas Lleras. Ni Santos ni los liberales quieren que al poder del vicepresidente se sume el del fiscal, el segundo hombre más poderoso del país, con billones de presupuesto, 28.000 funcionarios de nómina y la posibilidad de encarcelar a casi todo el mundo. El presidente se muere de susto ante la idea de que Vargas Lleras sea presidente y que, además, el fiscal le sea cercano. El riesgo para Santos es que no incluir a Martínez en la terna envía el mensaje, creo, de que Vargas Lleras no será el candidato del presidente y ahondaría las ya profundas distancias entre los dos. Perdomo no representa ese riesgo, pero tiene el enorme problema de que el uribismo lo ve como la personificación de la politización de la justicia y como un enemigo personal. Para el uribismo, Perdomo no da garantías de imparcialidad. Su inclusión en la terna sería la comprobación de que Santos quiere seguir usando la Fiscalía como instrumento de persecución política, un martillo para machacar a la oposición.
Así las cosas, el tercero en la terna puede ser una gran sorpresa. La Corte, además, puede escoger al que menos perfil y reconocimiento tenga dentro de los tres postulados. No sería la primera vez que los magistrados optan por el menos opcionado.
Pero cualquiera que sea el Fiscal, la gestión de Montealegre deja algunas lecciones:
La Corte, para no escoger fiscal entre los propuestos por Uribe, se inventó la excusa de que los postulados deberían ser penalistas. Está claro que esa condición no garantiza nada. Montealegre es penalista y su tarea merece muchas críticas.
La Fiscalía no debe ser politizada, no puede ser usada como herramienta del gobierno para golpear a la oposición y debe dar garantías de imparcialidad a todos los ciudadanos.
El nuevo fiscal debe desmontar la teoría del “contexto” que se inventó Montealegre y que fue usada para perseguir opositores
y para esconder las falencias de la entidad a la hora de acopiar pruebas contra los acusados. La teoría del “contexto” viola las garantías de los ciudadanos en el proceso penal. El derecho de los derechos humanos dice que las personas solo pueden ser acusadas cuando hay pruebas que los vinculen directamente con un delito, no cuando el “contexto” muestre algún indicio. De paso, el nuevo fiscal debería perseguir con decisión a los falsos testigos.
La transparencia y la aceptación de controles externos resultan fundamentales. No más contratos con contenidos secretos y a amigas como la Springer.
La Fiscalía tiene que ser capaz de investigar a los cercanos al fiscal. No es aceptable otro Saludcoop.
Por último, sería deseable que el fiscal entendiera que, hasta que no haya un acuerdo definitivo con la guerrilla y se hayan hecho las modificaciones pertinentes en la Constitución y la ley, su deber es perseguir a los delincuentes, sin importar si hacen parte o no de los grupos con los que Santos negocia. Sé que es mucho pedir, dadas las circunstancias y los nombres de los que serán ternados, pero el papel del Fiscal como defensor de los intereses guerrilleros es francamente vergonzoso y lamentable .
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