VARGAS LLERAS Y LAS EXPROPIACIONES EN MESITAS DE EL COLEGIO

Vargas Llegas y las expropiaciones en Mesitas de El Colegio

Cuando la madre de Nicolás y Mariana* falleció, dejándoles una pequeña finca de no más de 40 fanegadas, nunca nadie se imaginó que de inmediato iban a caerle encima, como aves de rapiña, los constructores piratas que quieren secundar la falacia de las 100.000 casas gratis del gobierno

Por Ricardo Puentes Melo

Enero 04 de 2013

Pareciera que la política de expropiaciones ilegales de este gobierno ya se estuvieran aplicando para ciudadanos comunes y corrientes no pertenecientes a gremios de palmeros, bananeros o ganaderos.

La historia que está sucediendo en el municipio de El Colegio, Cundinamarca, es realmente dramática y tiene como protagonistas víctimas a dos jóvenes cuyo padre fue asesinado por la banda terrorista de Sendero Luminoso, y cuya madre murió tiempo después dejándolos huérfanos y a merced de este gobierno infame que, con la complicidad de funcionarios judiciales e, incluso, con la participación del actual alcalde, quieren dejarlos en la calle.

Cuando la madre de Nicolás y Mariana* falleció, dejándoles una pequeña finca de no más de 40 fanegadas, nunca nadie se imaginó que de inmediato iban a caerle encima, como aves de rapiña, los constructores piratas que quieren secundar la falacia de las 100.000 casas gratis del gobierno.

El viacrucis empezó cuando el actual alcalde de El Colegio, Gilberto Moreno Vargas, era apenas candidato. El entonces candidato vio una oportunidad de oro cuando se enteró de que los dueños de la finca (que puede valer los 1.800 millones de pesos) eran apenas unos niños. De inmediato, según testimonios de la ciudadanía, apoyó la invasión del predio prestando sus servicios como abogado a quienes querían robar a los huérfanos. Dicen esos mismos invasores, que quien hoy es el alcalde les prometió legalizarles la finca ya loteada a cambio de sus votos y de contribuciones financieras a su campaña.

Y ha estado dispuesto a cumplirles.

Una vez ganó las elecciones, el Partido Cambio Radical, por medio de su Secretario General, el señor Antonio Álvarez Lleras, hizo llegar una carta a los concejales de su partido ordenándoles que apoyaran en todo a Gilberto Moreno Vargas con el fin de llegar a acuerdos necesarios para la política nacional y departamental. Obviamente, entre esos acuerdos debería estar el hacer todo lo necesario para ayudar a cumplir con la cuota de las 100 mil casitas gratis que Germán Vargas Lleras, ministro de vivienda y máximo líder de esa colectividad, tiene como tarea conseguir antes de 2014.

Pues bien.. Con esa carta empiezan las cosas extrañas. Resulta que Álvarez Lleras designa, como comisionado de Cambio Radical para negociar todo lo pertinente con el alcalde Moreno Vargas, a un personaje oscuro llamado Danny Edward Alonso Piñeros.

Danny Edward Alonso Piñeros ha estado sindicado de homicidio y concierto para delinquir, junto con su padre, el señor

Gratiniano Alonso Romero, y también han sido acusados de pertenecer a peligrosos grupos armados al margen de la ley, relacionados con narcoparamilitares de Casanare (No hay que olvidar que a Germán Vargas Lleras se le investiga por sus nexos con los narcoparamilitares de Casanare). Un hermano del Delegado de Cambio Radical, el señor Jeisson Howard Alonso Piñeros, también estuvo preso.

Así que, una vez llega a la Alcaldía de El Colegio, el señor Gilberto Moreno Vargas hace todo lo que está a su alcance para impedir que la finca sea regresada a sus legítimos dueños, los jóvenes huérfanos. Para ello se vale de mil artimañas, entre las cuales está el aprobar la venta de lotes a bandidos llevados desde Soacha y Ciudad Bolívar (Bogotá), y a incautos que caen en la trampa tendida por estos maleantes.

Moreno Vargas permite que Codensa haga sus instalaciones en las viviendas de los invasores, y sonríe con complicidad aprobando el recibo de los pagos por concepto de impuesto predial de parte de los ladrones de tierras.

Como si fuera poco, reúne a los invasores y les promete hacerles otras mejoras a la finca ya loteada. Les ofrece pozos sépticos, mejora de vías, etc. Y, al mismo tiempo, pone en práctica todas las argucias posibles para seguir impidiendo que las tierras sean restituidas a sus dueños. Frena las diligencias, embolata papeles, enreda trámites.. De todo ha hecho este alcalde apoyado por Germán Vargas Lleras.

Cuando en Periodismo Sin Fronteras nos enteramos del asunto, viajamos hasta allá para comprobar la situación. El alcalde no dio la cara porque, eso nos dijeron, estaba metido de fondo en la organización de las fiestas de fin de año del pueblo. Pero pudimos observar varios documentos que comprueban la mala fe del alcalde. Y también pudimos comprobar la sospechosa anuencia del Delegado de la Procuraduría en Fusagasugá.

Por el contrario, la inspectora de Policía, la Dra, Hilda María Roldán, ha estado muy preocupada por la situación.

El 20 de diciembre de 2012, la inspectora organizó la diligencia de entrega de la finca a sus legítimos dueños pero, como lo supusimos, el alcalde Gilberto Moreno Vargas hizo hasta lo indecible para impedirla; incluso intentó regresar a Bogotá a los miembros del Esmad. Pero estas jugarretas no le resultaron porque un Delegado de la Procuraduría General de la Nación, diferente al delegado en Fusagasugá, advirtió al alcalde de las posibles investigaciones y sanciones que le acarrearía no acatar la orden judicial de restitución del predio a sus dueños legales.

Así que, para el día de la diligencia, el alcalde no tuvo más remedio que salir del municipio para esconderse en Bogotá. Las personas engañadas, a quienes les vendieron la finca robada, pusieron el grito en el cielo y corrieron hasta el despacho del Alcalde para reclamarle por el timo.

Entretanto, los ladrones, quienes sí sabían desde el principio que esa tierra tenía dueño, comenzaron a amenazar de muerte a la valiente Dra. Hilda Roldán. Los gritos de “Si amanece muerta y violada por ahí, que no vayan a preguntar por qué…!”, no la amilanaron. Tampoco las amenazas de un grupo de mujeres con pinta de sicarias que estuvieron a punto de agredirla físicamente. Por si acaso, Periodismo Sin Fronteras tiene las fotografías de quienes la amenazaron de muerte.  Hay que felicitar el valor de esta funcionaria que, por apenas un salario mínimo que se está ganando, decide arriesgar su vida. Porque lo que hay ahí en El Colegio es toda una banda que tiene el apoyo y la participación del alcalde y del partido político del ministro Germán Vargas Lleras. Una banda con asesinos de todo calibre.

La diligencia se estaba llevando a cabo conforme a la ley pero, al parecer, la gente del alcalde pudo moverse con rapidez para darles tiempo a los energúmenos ladrones de tierras de que se rearmaran y llevaran mucha más gente de la banda, procedente de Soacha y Ciudad Bolívar, para amedrentar a los huérfanos, dueños de la tierra. Incluso, hasta pagaron a un periodista para que sacara en un noticiero de televisión una nota diciendo que unos pobres campesinos estaban siendo desalojados de sus tierras por parte de un poderoso terrateniente. Y ni lo uno ni lo otro. Ni son un grupo de campesinos, sino de ladrones e incautos; ni es un terrateniente quien reclama… sino un par de muchachos muertos del miedo, y huérfanos víctimas del terrorismo comunista.

Hasta el momento han logrado frenar la diligencia de nuevo. La juez penal de La Mesa admitió una tutela de manera increíblemente veloz, para detener la entrega de la finca a los muchachos, que hoy afrontan el peligro que se cierne sobre sus ya bien maltratadas vidas.

La juez Lilia Esperanza Figueredo Vivas paralizó la diligencia desconociendo impunemente un fallo judicial inapelable que ya existe y que ordena la entrega de la finca a los hermanos huérfanos. Esta juez cree que por tener una hermana magistrada del Tribunal Superior de Tunja, y otra que es juez, como ella (si los apellidos no son mera coincidencia), está con una especie de permiso divino para usar la sagrada investidura de juez haciendo favorcillos prevaricadores a los protegidos de Vargas Lleras y sus delegados paramilitares.

Hoy, los dos huérfanos no han recibido la tierra que un juez –ese sí honesto- ordenó que se les entregara. Se han endeudado hasta lo imposible porque acá en Colombia se acostumbra que esas diligencias deben ser costeadas en su totalidad por quienes reclaman sus derechos, no por los bandidos. Es a quienes se les vulneran sus derechos que se les obliga a pagar el transporte del ESMAD, los desayunos, almuerzos y comidas de cerca de 300 personas involucradas en la diligencia. Es a las víctimas reales a quienes se les obliga a pagar hoteles, viáticos, etc., de los miembros de la policía que acuden a la diligencia. Deben pagar alquiler de un bus de lujo, de la retroexcavadora, y mil cosas más.

Los jóvenes huérfanos también se endeudaron pagando una nueva cerca que los ladrones de tierras no han dudado en tumbar una y otra vez, a pesar de que se contrató un grupo de vigilantes que también deben ser pagados por las víctimas del alcalde y sus ladrones.

Esa es la justicia que hay hoy en Colombia. Todos los colombianos deben estar preparados porque ya estamos viendo que no solamente los dueños de grandes extensiones de tierra están siendo robados por este gobierno. Como nos muestra este caso, aún si se es propietario de una pequeña finca se corre el peligro de ser robado con la complicidad de autoridades y jueces.

Porque es una juez, con hermanas magistrada y juez, quien le está haciendo el juego a los ladrones.

Cuando les pregunté a los jóvenes huérfanos si pensaban quedarse con esa finca una vez ocurra el milagro de su restitución, ellos pusieron cara de espanto y me aseguraron que lo único que quieren hacer es alejarse lo más pronto de este país hasta tanto la justicia y la verdad no existan.

Por lo menos ellos tienen la oportunidad de huir de este sicariato judicial al que nos tienen sometidos.

*Los nombres han sido cambiados por su seguridad

@ricardopuentesm