EL GRAN FRAUDE DE LA “MASACRE DE MAPIRIPÁN”

El gran fraude de la “Masacre de Mapiripán”

Los bandidos de las narcoguerrillas siempre han buscado destruir a su acérrimo enemigo, el General Rito Alejo del Río, y por ello han tratado en vano de inculparlo de muchos delitos, entre ellos, la muerte de estas personas en Mapipirán

Por Ricardo Puentes Melo
Julio 26 de 2017
@ricardopuentesm
ricardopuentes@periodismosinfronteras.com

Alrededor de lo que se conoce como la “masacre de Mapiripán” se ha tejido una maraña de falsedades para engañar a la opinión pública. Se ha mentido sobre la autoría de las muertes, se ha mentido también sobre la cantidad de muertos y, por supuesto, sobre lo que realmente sucedió allí.

Los hechos ocurrieron entre el 15 y el 17 de julio de 1997. Ese primer día, un grupo de hombres armados se dirigen hacia Puerto Alvira, Meta, al parecer con la intención de matar allá a varias personas relacionadas con la guerrilla. Sin embargo, se detienen en Mapiripán, un poblado cercano, y allí asesinan salvajemente a seis personas que, dicen, tenían nexos con la subversión.

El primer día asesinan a tres personas en el casco urbano de Mapiripán, y a los dos días a otros tres que estaban en un sitio llamado La Cooperativa, ubicado a tres horas de Mapiripán. Durante esos días, el juez del pueblo, Leonardo Iván Cortés Novoa, utiliza el teléfono del Hotel Monserrat debido a que los hombres armados habían ordenado cerrar la oficina de Telecom. El juez llama al comandante del batallón de San José del Guaviare, pero no obtiene la ayuda inmediata requerida.

Lo extraño es que el juez, en sus llamadas, dice que fue testigo de que los “paras” habían secuestrado, torturado, desmembrado y asesinado a 26 personas. Pero varios testigos que escucharon la llamada del juez aseguraron luego ante las autoridades que el juez estaba mintiendo, tal vez -dijeron- para obtener una ayuda más expedita.

La primera mentira divulgada fue sobre la cantidad de muertos. El juez dijo que 26 personas, luego las primeras organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, dieron parte de 49 muertos, y el Bloque oriental de las FARC expidió un comunicado asegurando que habían sido 35 los muertos. El Colectivo de abogados Alvear Restrepo prefirió irse con la cifra de 49 civiles asesinados y, de inmediato, inició una acción penal contra la nación, buscando la reparación de los familiares de las víctimas.

La prensa publicó la versión del Colectivo y la Cruz Roja, y la noticia de la masacre de 49 personas se regó como pólvora, a pesar de que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el 23 de julio de 1997, certificó que los muertos habían sido cinco. Pero nada de eso importó. Con la ayuda de los medios, los rumores de fosas comunes, degollados, destripados y descuartizados se convirtieron en una verdad popular que causó la natural indignación de la opinión pública nacional e internacional.

Arvey Ríos, propietario del Hotel Monserrat, asegura que no existió nada eso, pero que esas seis muertes fueron impresionantes porque las personas eran conocidas en el pueblo. “Si hubo salvajismo, pero las cosas no fueron como para salir corriendo de la región, como la mayoría de las familias lo hicieron”, asegura el señor Ríos.

Acá puede ver el testimonio del testigo presencial, Arvey Ríos:

La desbandada en esos días fue descomunal. Cuando los homicidas ya estaban muy lejos, la Cruz Roja llegó y sembró el pánico en la población. Alertó a los habitantes de Mapiripán asegurando que hacia el poblado se dirigía un contingente de paramilitares dispuestos a arrasar el lugar. Los mapiripenses, al borde de la angustia, dejaron todo y salieron corriendo hacia los DC3 que la Cruz Roja ya tenía listos en el aeropuerto para las despavoridas familias que ni alcanzaron a apagar sus hornos ni cerrar las puertas de sus casas. “Era tal el caos y el terror sembrado por la Cruz Roja, que la mayoría se fue del lugar. Excepto cuatro o cinco familias que les decían a sus vecinos que no exageraran ni creyeran en esos anuncios de la Cruz Roja”, narra Arvey Ríos.

A Mapiripán también empezaron a llegar los medios de comunicación que empezaron a inflar las cifras de muertos a 40, 50, 60 y más muertos. Entonces, los desplazados por la Cruz Roja son llevados a Villavicencio, donde el Colectivo de abogados Alvear Restrepo continúa con el fraude que luego se descubriría
Varias ONG conocidas también intervienen. Les dicen a los desplazados de la Cruz Roja, que el Estado va a pagarles unas millonadas si se auto proclaman como “desplazados” y testifican falsamente sobre las muertes de sus familiares en esos días de julio de 1997. Muchos ven las ventajas de ser catalogados como desplazados, así que deciden no trabajar más y se quedan en Villavicencio fingiendo la condición de desplazamiento. El Colectivo de Abogados Alvear Restrepo les ayuda en el tema, se reparten certificaciones de desplazamiento.

Poco después de los asesinatos, Teddy Turbaun, presidente de la Cruz Roja, sale a la prensa y asegura que ya hay plenamente identificados 14 cadáveres, con nombres y apellidos, y que se están buscando otros desaparecidos. Le dice a la opinión pública que la gente está enloquecida saliendo de Mapiripán, pero no menciona que esa institución fue la encargada de sembrar el pánico e instar a las personas a salir de su pueblo. Hasta la fecha de hoy, no hemos podido saber cómo hizo el presidente de la Cruz Roja para mentir diciendo que tenían ya 14 cadáveres identificados, ni sabemos qué hizo con esa famosa lista, tan falsa como sus declaraciones.

Alfonso Gómez Méndez, recién elegido Fiscal General de la Nación, aseguró por esos días que él empezó una investigación pero que el ejército no permitió la entrada de los fiscales. Aseveración también falsa.

Gómez Méndez culpó personalmente al general Harold Bedoya de entorpecer la justicia, y juró que Plinio Apuleyo Mendoza estaba envuelto en una especie de conspiración para hacer panfletos amenazantes contra él. Dice también que sufrió amenazas de militares y llegó a asegurar que los panfletos los hacían en el Batallón París.

Eduardo Carreño, abogado del Colectivo Alvear Restrepo, también hace coro de las acusaciones de Gómez Méndez, y dice claramente que los altos mandos militares son cómplices de la masacre; repite la fábula del juez jurando que 26 personas fueron muertas terroríficamente, y que en total fueron 49 personas las asesinadas “de una forma inenarrable”. En una entrevista concedida a Hollman Morris, Carreño asegura que este es el caso más aberrante y grave de terror en Colombia, por la cantidad de muertes y las formas de ajusticiamiento. Dice también que el Ejército Nacional es quien desaloja a la fuerza a los habitantes de Mapiripán. Otra falsedad.

A los cuatro años, la gran prensa regresa a Mapiripán a entrevistar a los habitantes que se quedaron. Ellos se reafirman en lo que dicen: que solamente fueron seis los muertos y que la Cruz Roja se excedió al sacar a la gente de allí. También cuentan que la guerrilla se metió al pueblo con chalecos del DANE, recogiendo información de todos. Pero esa gran prensa nunca publicó nada de esto.

En julio de 2009, las ONG de izquierda organizan un evento como homenaje a las supuestas 49 víctimas. Entonces, cerca de 30 de ellas llegan de noche a Mapiripán, colocan rápidamente una estatua con una mano que simboliza la Internacional Socialista, con dos placas. En una de ellas está un insulto al país; aseguran que la “masacre de Mapiripán” fue un “batalla contra el pueblo, planificada por el Estado colombiano con la estrategia guerra sucia del paramilitarismo”.

En la otra placa, la que debería tener los nombres de los 49 muertos, no hay nada; la dejan en blanco. Luego de colocar el monumento, los oenegeros se van del lugar tal y como llegaron: en la oscuridad, subrepticiamente, como después de una emboscada.

Hoy en día, los mapiripenses siguen muy molestos con esta efigie que hace apología a los millones de muertos del comunismo; nunca se les consultó sobre esta mole, y aseguran que los están etiquetando como si Mapiripán fuera un pueblo comunista, “cosa que ni por asomo”, asegura “el Pato”, un humilde zapatero que fue incluido en la lista de asesinados para cobrar la indemnización.

El Colectivo de abogados Alvear Restrepo presentó una multimillonaria demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado colombiano, por la “Masacre de Mapiripán”, y solicitó medidas cautelares de protección para sus testigos: Marco Tulio Bustos, María Esneda Bustos, Jairo Javier Bustos Acuña, Mariela Contreras Cruz y sus cinco hijos, y cuatro hermanas de apellidos Pinzón López. El Colectivo representó judicialmente a cuatro familias afectadas, entre ellas a la de Mariela Contreras y las hermanas Pinzón.

Mariela Contreras declara en el 2002 ante la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, que fue testigo presencial de la masacre, y que vio como asesinaban a su esposo, Gustavo Caicedo, sus dos hijos menores de edad, Diego Armando y Hugo Fernando Martínez Contreras, y a su consuegro, Manuel Arévalo.

El Estado colombiano fue condenado a pagarle a Mariela poco más de 3 mil millones de pesos y una serie de medidas de protección que costaban mensualmente cerca de 300 millones de pesos.

Con el pasar del tiempo se descubriría que Mariela mentía. Su esposo Gustavo había sido asesinado por las FARC mucho antes de que ocurriera lo de Mapiripán, su hijo Diego Armando estaba vivo (sería asesinado por las autodefensas en el 2001), su hijo Fernando pertenecía al frente 39 de las FARC para la época de los hechos, y su consuegro Manuel estaba también vivo para esa época, y moriría en 1999 a causa de una enfermedad. En agosto de 2013, Mariela, su hija y su yerno fueron acusados por fraude procesal y estafa agravada.

Con los otros representados por los Alvear, la familia Pinzón, sucedió algo parecido. En agosto de 2015, las cuatro hermanas Pinzón fueron acusadas por la Fiscalía de los delitos de fraude procesal y estafa agravada. Había recibido casi 3 mil millones de pesos por unos familiares que no murieron en la “masacre” de Mapiripán.
A pesar de que estas falsas víctimas acusaron al Colectivo Alvear Restrepo de haberlas inducido a hacer estas falsas denuncias, y a pesar de que el Colectivo recibió una cifra elevadísima de estas indemnizaciones, este grupo de abogados sigue sin ser procesado judicialmente. El dinero no se ha recuperado y la impunidad es evidente.

El General Jaime Humberto Uscátegui fue miserablemente condenado a más de 30 años de prisión por esta “masacre” que jamás ocurrió, y pagó muchos de esos años en una cárcel militar. Hoy tiene la casa por cárcel y está a la espera de que se haga justicia en su caso. Los bandidos de las narcoguerrillas siempre han buscado destruir a su acérrimo enemigo, el General Rito Alejo del Río, y por ello han tratado en vano de inculparlo de muchos delitos, entre ellos, la muerte de estas personas en Mapipirán.

Precisamente, el diario El Espectador menciona que la Fiscalía nuevamente llamará a indagatoria al condecorado General del Río, y -dice este diario- que le ente se basó en las acusaciones que José Jaime Uscátegui Pastrana, hijo del General, hizo contra el general Rito Alejo del Río.

Periodismo sin Fronteras se contactó con Jaime Uscátegui para corroborar la versión de El Espectador, y nos dijo que “en el documental que hice sobre el caso ‘Por qué lloró el general’ recojo las declaraciones de Pedro Juan Moreno Villa, entre otras, donde se habla de la supuesta participación del General Del Río en los hechos. No he denunciado nada, no me corresponde hacerlo porque no tengo ninguna participación directa en los hechos. No sé de dónde sacó El Espectador esa afirmación. El documental se hizo en el 2007 pero la posición nuestra siempre ha sido la misma”.

Nos remitimos, de nuevo, al documental mencionado por Uscátegui, pero allí Pedro Juan Moreno (q.e.p.d) no acusa al General del Río sino que menciona una charla que sostuvo con Fanny Kertzman donde ella -en palabras de Pedro Juan- lo chantajea para que no siga escribiendo sobre el entonces coronel Leonardo Gallego, un oficial de la Policía muy cuestionado por sus nexos con la mafia, del círculo de Oscar Naranjo.

-¿Es que ud no sabe que el Coronel Gallego fue invitado a participar en la Operación de Mapiripán -narra Moreno que le dijo Kertzman- y que él sabe todo? Entonces la cosa es muy sencilla, Juan. O usted se queda callado, o él se caga en el Ejército. Y usted va a dejar entonces que amigos suyos, (como) el General Rito Alejo del Río vaya a quedar inmerso en estos procesos por las declaraciones de Gallego?

Lo que contestó Pedro Juan Moreno es lo que José Jaime Uscátegui considera que es una acusación directa de él contra el General del Río. Pero nosotros no lo vemos así:

-Yo tengo unos nexos de amistad de tiempo atrás con el General del Río, pero, Fanny, si él está metido en eso, tendrá que responder a la justicia.

Algo muy diferente.

Es incomprensible la razón por la cual Jaime Uscátegui, un joven que ha luchado por la verdad en este caso de Mapiripán, y que no descansó hasta lograr la libertad de su padre, víctima de este montaje, no haya salido a desmentir a El Espectador ni a su amigo (y amigo del General Uscátegui), el antiguo terrorista Gustavo Petro, quien -como todos los bandidos- ha perseguido con saña al General que libró de narcoterroristas a la región de Urabá.

Hoy, luego de todo este fraude cuyo resultado fue una multimillonaria estafa al Estado, Mapiripán agoniza.

Sus calles están destruidas, no hay empleo ni energía eléctrica. La planta del lugar se apaga a las 11 de la noche y vuelve a encenderse a las 8 y media de la mañana. Los verdaderos afectados son quienes permanecieron en el pueblo, no los avivatos que fingieron ser desplazados y víctimas. A pesar de estar a orillas del Guaviare, con un enorme potencial de pesca, la libra de pescado es casi tan costosa como en Bogotá. Hay restricciones de la guerrilla recientemente “desmovilizada” para poder pescar libremente.

No hay cultivos ni industria. Todos esperan que los palmicultores inviertan en la región, o que alguna petrolera encuentre el buscado oro negro en el municipio. Hay cierta agricultura, pero no hay vías para comercializar con Villavicencio u otras ciudades.

Las diversas comunidades indígenas de la región van a Mapiripán a vender los mercados que les da Acción Social, para luego embriagarse hasta desfallecer en las numerosas tabernas y billares que abundan. Los indígenas no quieren trabajar porque todo se los suple el Estado, es decir, el contribuyente colombiano.

Las autoridades no quieren investigar más y esperan que este descomunal fraude, y enorme vergüenza para el sistema de justicia colombiano, sea pronto olvidado de la memoria de este país que sigue durmiendo el sueño de la sinrazón.