LA FLOR DE LA ESPERANZA

La Flor de la Esperanza

Hacia una nueva lectura del caso Gloria Lara

Por Eduardo Mackenzie (noviembre de 2006)

La Flor de la Esperanza  no es sólo el título de un libro que comienza a ser vendido en algunas librerías de Colombia en esta época de festividades de fin de año. Es, sobre todo, el  nombre de un combate particularmente digno y noble de una familia inconsolable que busca desde hace 24 años que se le escuche y que se le haga justicia.

Luz María Echeverri, la autora de esa importante obra de 600 páginas, es la hija menor de Gloria Lara de Echeverri, personalidad del Partido Liberal que fuera secuestrada y cobardemente asesinada en Bogotá por un grupo terrorista de extrema izquierda en 1982.

Ese crimen, uno de los más abyectos de la historia de Colombia, se transformó con el paso del tiempo en algo peor: en un símbolo olvidado por muchos del fracaso humillante de una investigación judicial que había comenzado bien y que terminó mal gracias a una sentencia inicua de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin sanción a los autores de ese crimen y que creó por ende un enorme daño social el cual tendrá que ser reparado algún día por esa misma institución, si ésta conserva todavía, claro está, un gramo de respeto por la democracia y por el orden jurisdiccional.

Fruto de una investigación minuciosa que le tomó cinco años, Luz María Echeverri reconstituye con gran exactitud los momentos más fuertes de ese triste episodio de nuestra vida nacional: el secuestro de su madre, la negociación que la familia trató de hacer con los secuestradores durante cinco meses, el hallazgo final del cuerpo ultrajado de la víctima, las detenciones de una parte de la banda criminal, las confesiones espontáneas de éstos, la estrategia de obstrucción ulterior de los raptores y de sus cómplices que habían pasado a la clandestinidad y el triunfo final de éstos y de las fuerzas que buscaban paralizar la justicia, echar la culpa al Estado y dejar en la total impunidad a los encausados en el terrible crimen “político”.

Decidida a no colaborar por omisión con esa empresa de desestabilización de la justicia colombiana, Luz María Echeverri decidió sacar a la luz pública, quizás por primera vez, las piezas claves de ese expediente, incluidas las jurídicas y jurisdiccionales. Su libro contiene, entre otras cosas, los autos y providencias emanados de los jueces de instrucción, la condena de la banda dictada por el Tribunal Nacional de Orden Público en agosto de 1992 y la absurda decisión del 4 de junio de 1997 del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego quien declaró “prescrita” la acción penal contra los inculpados y ordenó el cese de todo procedimiento relacionado con éstos.

Violando las condiciones de una liberación provisional que un juez irresponsable les había concedido, siendo por ello criticado por el Procurador General de la Nación, los detenidos y sus compinches en libertad, huyeron del país en 1983 y se refugiaron desde entonces, con ayuda de Amnistía Internacional y de la ACNUR, en cuatro países de la Unión Europea.

El carácter ejemplar (y explosivo) del caso Gloria Lara radica en la conjunción de esos elementos: un doble crimen cometido por una organización marxista-leninista, un fallo aberrante del máximo órgano de la justicia colombiana, la participación de diplomáticos de un país europeo en Bogotá y de unas Ongs que se dicen defensoras de los derechos humanos y que no vacilaron al ayudar a los criminales a escapar de Colombia y al instalarlos en varias capitales europeas.

El pedido de Luz Maria Echeverri de que se haga justicia en el caso de su madre no es vano ni extemporáneo. Es, por el contrario, de gran actualidad y debe ser escuchado y apoyado por todos los colombianos de bien y por el gobierno nacional. El pedido de justicia de la autora debe ser oído por la Corte Suprema de Justicia quien está en la obligación de reparar el daño hecho al orden público con su veredicto de 1997. Debe llegar hasta el legislador quien podría reglamentar y llenar las lagunas eventuales de la disposición sobre la prescripción de la acción penal que fueron utilizadas por el magistrado Gómez Gallego pues éstas, objetivamente, favorecen la impunidad y hacen que esa norma, en su estado actual, contradiga  los principios universales de Derecho.

Por su parte, la ACNUR, Amnistía Internacional y las otras Ongs implicadas en este asunto deben abrir sus archivos a la familia Echeverri, revelar los detalles de sus relaciones con los inculpados y, en fin, reparar el daño hecho a esa familia y al país con su actitud imprudente. En cuanto a la Fiscalía General de la Nación ella debe reabrir el expediente sobre el rapto y asesinato de Gloria Lara y reconocer que dicho crimen es imprescriptible por tratarse de un crimen de lesa humanidad. Es obvio que la jurisprudencia internacional aceptada sobre la desaparición de las personas como crimen imprescriptible (la Resolución N. 828 de 1984 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa) es aplicable a éste y a los demás casos de secuestro agravado.

Esa Resolución establece que la desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad y por lo tanto es imprescriptible, puede ser objeto de extradiciones y no puede ser objeto de amnistías.

Eso no es todo. La oficina de abogados comprometido en la defensa de los inculpados interpuso un recurso de casación tres años después de emitida la sentencia condenatoria. ¿Por qué tres años después? ¿Para que la condena jamás quedara en firme? ¿Para que el principio de la prescripción pudiera ser útilmente explotado? En mayo de 1997, un procurador delegado conceptuó, sin embargo, que los términos de prescripción de esa sentencia no se habían vencido. Empero, nueve meses después, el magistrado Gómez Gallego declaró vencido esos mismos términos, aunque el expediente estaba en trámite.  Con esa decisión infame Gloria Lara fue asesinada una segunda vez.

Decidida a sacar del olvido esa grave bofetada a la justicia, y deseosa de exponer su caso ante la opinión europea, donde se encuentran los asesinos de su madre, Luz María Echeverri, luego de publicar el libro con sus propios recursos, viajó al Viejo Continente sin ayuda de nadie. Con gran entereza y valor civil, ella realizó conferencias de prensa en varias capitales, se entrevisto con personalidades del mundo político y entregó su libro a un alto responsable de la cancillería francesa.

Por otra parte, un grupo de abogados de París aceptó estudiar benévolamente el caso. En un coloquio organizado en la Universidad Libre de Bruselas, Luz María presentó su combate. A su lado estaba el embajador de Colombia en Bélgica, Carlos Holmes Trujillo, la  militante de derechos humanos Liduine Zumpolle, un responsable de los comités Ingrid Betancourt en Europa, un funcionario de la ONU y el suscrito. Todos abordamos el tema de los secuestros en Colombia desde ángulos diferentes.

Los reos ausentes condenados en el caso Gloria Lara se abstuvieron de interferir personalmente en las actuaciones de Luz Maria Echeverri en Europa. No obstante, un puñado de activistas amigos de éstos intentó en dos ocasiones sabotear las reuniones donde ella hablaría, sin conseguirlo. En Bruselas uno de ellos estuvo apunto de agredir físicamente a Luz María ante la decisión valiente de ésta de encarar al energúmeno y de responder serenamente a las preguntas del público.

En volantes anónimos y en un texto firmado por un “comité Daniel Gillard”, los amigos de los ex miembros de la “organización revolucionaria

del pueblo, ORP”, criticaron violentamente a la Universidad Libre de Bruselas por haber permitido la realización del coloquio contra los secuestros en Colombia. Ellos estiman que los condenados eran “militantes de la izquierda legal” y “personas inocentes” y que sus “famosas confesiones” habían sido obtenidas “por los militares” mediante “torturas”, que los “verdaderos autores” del asesinato de Gloria Lara eran otros individuos, que éstos eran “delincuentes comunes” y que los inculpados fueron “obligados a exilarse para escapar a las amenazas del MAS”, un grupo paramilitar de extrema derecha.

Sin expresar la menor compasión por la familia de Gloria Lara ni el menor respeto por los esfuerzos de Luz María para que se haga justicia, ellos pretenden que “ventilar de nuevo ante la opinión pública” la tragedia de Gloria Lara equivale a impulsar una “campaña” para “desprestigiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, nacionales e internacionales, y para bloquear la acción de vigilancia de las Naciones Unidas en el conflicto colombiano”.

Tales alegaciones son grotescas. Las pretendidas “torturas” fueron objeto de una severa investigación dirigida personalmente por el Procurador General de la Nación de la época, Carlos Jiménez Gómez, quien estaba lejos de ser un amigo de los militares. Este alto funcionario,  basándose en el resultado de las mismas, concluyó en enero de 1983 que torturas no hubo (que él no había encontrado evidencia de torturas en los interrogatorios) y que las confesiones de los inculpados habían sido “libres y espontáneas”, luego dignas de toda fe. Ese punto, que fue siempre tenido en cuenta por la justicia ordinaria, es ocultado por los fugitivos.

La propaganda a favor de los condenados omite también el hecho de que quien “ventila” hoy ese grave episodio es la hija de la víctima, Luz Maria Echeverri Lara, y que ella lo hace de manera legítima, independiente y sin objetivos políticos. Otro punto que no aflora para nada en los textos citados es que uno de los actores, condenado como autor intelectual del secuestro y del asesinato de Gloria Lara,  nunca quiso someterse a la justicia y saboteó (y sabotea hasta hoy) la práctica de una prueba (un peritaje de voz) que podría ser decisiva. ¿Si él es inocente por qué nunca quiso aportar esa prueba?

Es más, ¿si el grupo exilado en Europa es inocente por que no ha iniciado un trámite de rehabilitación? Pues ninguno de esos supuestos “inocentes” ha sido rehabilitado. Sólo la figura jurídica de la rehabilitación puede borrar la condena. Una cosa es que la acción penal adelantada por el ministerio público colombiano haya sido (en condiciones obscuras) declarada “prescrita” y otra  es ser inocente. El poder judicial colombiano nunca los declaró inocentes. El único fallo de fondo en este asunto dice lo contrario: el Tribunal Nacional de Orden Público condenó a los implicados a 12 y 28 años de cárcel. Esa providencia fue objeto de un recurso de casación, es verdad, pero éste recurso nunca llegó a término pues se ordenó la cesación de procedimiento. Luego la pretendida “inocencia” de los inculpados es una valoración abusiva.

Si los inculpados eran inocentes ellos deberían haberse pronunciado contra la congelación jurídica del fallo del TNOP y deberían haber exigido que el recurso de casación por ellos interpuesto llegara a término. Al no hacer esto, los abogados de la defensa dejaron ver que su posición era de una fragilidad pasmosa.

En 1983, antes de huir del país, los inculpados declararon ante la prensa bogotana ser “inocentes” y “víctimas de los militares”. Dijeron que éstos los habían capturado para “torpedear el proceso de paz” de esa época. Mucha gente les creyó, a pesar de que los media bogotanos, intoxicados con rumores y verdades a medias, se abstuvieron de buscar en serio la verdad del secuestro y asesinato de Gloria Lara. En 2006, los fugitivos repiten esa misma soflama pero el resultado es distinto. Sus palabras no convencen sino a los convencidos. Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde entonces y las mayorías colombianas terminaron por comprender (no es sino ver los sondeos de opinión) que la técnica de acusar de todo a los militares perdió su fuerza y que quienes “torpedean el proceso de paz” no son éstos sino las organizaciones que trafican, extorsionan, masacran y secuestran colombianos cada día bajo el pretexto falaz de una “lucha social” y que éstas ven todo “proceso de paz” sólo como un medio de lucha hacia la conquista totalitaria del poder.

El libro de Luz María Echeverri llega, pues, en buena hora. Por primera vez, los colombianos podrán examinar los hechos completos de la cruel eliminación de Gloria Lara, de la dura batalla que siguió entre la familia de la víctima y los victimarios y del triunfo (efímero) de éstos últimos. Con ese acervo informativo podrán pronunciarse acerca de la fase que se abre ahora: la de la reparación del odioso crimen y de la reparación de los errores cometidos sobre todo a nivel mediático y judicial. La Flor de la Esperanza merece ser leída por todos.