UNIVERSIDAD NACIONAL Y FISCALÍA: CÓMPLICES DE SECUESTRO

UNIVERSIDAD NACIONAL Y FISCALÍA:

CÓMPLICES DE SECUESTRO

Otro caso es el de varios rectores de la Universidad Nacional, el ícono de la educación pública, que se han constituido, junto a grupos guerrilleros y a la misma Fiscalía General de la Nación, en eventuales cómplices de secuestro

Por Ricardo Puentes Melo

Junio 23 de 2010

Las universidades no deben ser escuelas del hampa sino santuarios de ética, conocimiento y diálogo de saberes.

Lamentablemente, nuestras queridas universidades, en especial las públicas, se han convertido en guaridas de pillos que las utilizan para reclutar adeptos, refugiarse y delinquir bajo el pretexto de la manoseada “autonomía universitaria”.

Allí funcionan a sus anchas todas las guerrillas, grupos paramilitares, bandas de narcotráfico que, unidos en el propósito común del negocio, se dividen la clientela, se reparten el territorio y se unen cuando la verdadera justicia los persigue, como hace toda la mafia en el mundo.

En este mundillo lúgubre y peligroso de las universidades públicas en el que tienen que convivir a diario nuestros jóvenes, impera una ley diferente: la del más fuerte y el más corrupto. En las “pedreas” donde asesinan policías y destruyen bienes públicos, todos saben quiénes son los criminales pero nadie se atreve a señalarlos por temor a morir ejecutado por la “ley del pueblo” que no es otra que la infringida por los bandidos.

Pero más triste que eso, es contemplar cómo las directivas de esas universidades parecieran más cómplices que administradores y representantes de la sociedad. Recordemos el caso de la Universidad Distrital, donde Carlos Ossa Escobar en evidente complacencia permite que encapuchados guerrilleros organicen sesiones de reclutamiento y “sensibilización” hacia la causa narcoterrorista.

Otro caso es el de varios rectores de la Universidad Nacional, el ícono de la educación pública, que se han constituido, junto a grupos guerrilleros y a la misma Fiscalía General de la Nación, en eventuales cómplices de secuestro.

Los pongo en antecedentes:

El país desconoce que en días posteriores a la sangrienta Toma del Palacio de Justicia, realizada por el grupo terrorista del M-19, en asocio con el narcotraficante Pablo Escobar, las autoridades realizaron el levantamiento de 94 cadáveres que remitieron a Medicina Legal. Allí se entregaron 58 cuerpos a sus familiares y quedaron sin entregar 36 que fueron enterrados en una fosa común donde fueron marcados como “NN. Palacio de Justicia”. Días después, usan la misma fosa para enterrar cuerpos provenientes de la tragedia de Armero. Y es ahí cuando las autoridades recomiendan sellar el lugar durante al menos 10 años para evitar la propagación de una temible enfermedad llamada “Gangrena Gaseosa”, encontrada en los cuerpos de la catástrofe de Armero.

En 1998 un juez especializado ordena reabrir la fosa. Extrañamente, el Fiscal General de entonces, Alfonso Gómez Méndez, ordena el traslado de los 36 cuerpos a los laboratorios de Antropología Física de la Universidad Nacional. Esto, de manera casi secreta y totalmente irregular.

En el 2005, Gustavo Petro firma un oficio solicitándole al director del laboratorio de Antropología, la entrega de un número indeterminado de restos a los supuestos familiares. Otro oficio llega también firmado por la asistente de Antonio Navarro Wolf.

Cabe recordar que tanto Gustavo Petro como Antonio Navarro eran en esa época cabecillas del M-19.

Esto significa, ni más ni menos, que durante más de 13 años la Fiscalía General de la Nación, los rectores de la Universidad Nacional, y al menos Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolf (ex M-19) han conocido la ubicación de los cadáveres del Palacio de Justicia, ocultando sospechosamente este conocimiento a las personas que hoy reclaman conocer el paradero de sus familiares asesinados por la guerrilla del M-19 en el Palacio de Justicia.

Al mismo tiempo, se culpa al coronel Plazas Vega por la desaparición, tortura y asesinado de al menos 11 personas de esta terrible masacre cometida por la insurgencia.

Es muy posible que entre estos 36 cadáveres se encuentren esas 11 personas que los familiares reclaman como “desaparecidos” y por las cuales se acusa injustamente, en hechos sin precedentes a personas cuya única culpa fue haber salvado a Colombia de la mano infame del terrorismo que pretendía derrocar al gobierno de la época, legítimamente constituido.

Por ello, en uso de mis derechos y deberes como ciudadano colombiano, el próximo jueves 24 de junio de 2010, a las 10 y media de la mañana, instauraré un denuncio, contra el rector de la Nacional, ante la Procuraduría General de la Nación, por el delito de DESAPARICIÓN Y OCULTAMIENTO DE CADÁVERES DE SERES HUMANOS EN ESTADO DE INDEFENSIÓN.

Varios amigos nos acompañarán con sus pancartas de apoyo al coronel Plazas y nuestras Fuerzas Militares.  Quienes quieran acompañarnos en esta gestión los esperamos.

Junio 23 de 2010